Según los especialistas, la actual norma es discriminatoria, por lo que su modificación implica responder a un problema de derechos humanos.
Daniel Mato, docente e investigador.
La actual ley de educación superior es discriminatoria, ya que si bien atiende problemas de inequidades de género y discapacidad, nada dice sobre pueblos indígenas y afrodescendientes. Así lo entienden especialistas en la materia, que reclaman la modificación de una serie de artículos de la norma. En su mensaje de apertura de sesiones del Congreso, el propio presidente Alberto Fernández dijo que este año se retomará la convocatoria “a debatir una nueva ley de educación superior”.
La Cátedra Unesco Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref) fue la encargada de organizar la II Reunión para la modificación de la ley de educación superior, con el objetivo de asegurar los derechos educativos de personas y comunidades afrodescendientes y de pueblos indígenas. El encuentro contó con más de 130 participantes, entre quienes se encontraba el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Por la Universidad Nacional de Rosario (UNR) participaron representantes del Área de Derechos Humanos.
La iniciativa fue encabezada por el director de la cátedra, Daniel Mato, quien tras un estudio sobre el tema solicitó la colaboración de integrantes de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena para formular un primer borrador de la posible modificatoria, que fue presentado en una reunión realizada en diciembre del 2020 y que sirvió de preámbulo para este encuentro.
“Esta lucha —dijo Pérez Esquivel— abarca a todo el continente americano y a los pueblos que son marginados por la colonización cultural. La discriminación es uno de los grandes problemas que sufre Latinoamérica”. El reconocido activista por los derechos humanos se puso a disposición de la cátedra para “acompañar y colaborar en todo lo que sea necesario en el camino del reconocimiento de las lenguas, las culturas y los derechos territoriales de los pueblos indígenas y afrodescendientes”.
En la apertura del encuentro, Mato leyó una carta del rector de la Untref, Aníbal Jozami, quien afirmó que acompaña la necesidad de un debate hacia las medidas necesarias en lo que atañe a garantizar los derechos de acceso a la educación superior de las y los jóvenes indígenas y afrodescendientes. Jozami destacó que “esto se integraría en las políticas de cuidado y recuperación de derechos en la que está avanzando nuestro país y en la tradición de la universidad argentina”. Asimismo, el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk, indicó que la Argentina debería tener instituciones y normas que puedan garantizar los derechos para todos sus habitantes. “Hay deudas que son evidentes, y nos parece que resolverlas es una tarea justa y noble”, sostuvo el funcionario nacional.
En una reciente entrevista con La Capital, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, dijo que desde el año pasado está en agenda la discusión de una nueva ley de educación superior. “Lo que pretendemos es que sea una herramienta que se construya en nuestro sistema universitario, a partir del debate en cada uno de los claustros de las 57 universidades nacionales”, señaló Trotta a este diario.
Por los derechos humanos
Durante el encuentro, Daniel Mato explicó que la modificación de la ley contribuiría a reparar un daño “que lleva más de 210 años”, y enfatizó que esta propuesta “no se reduce a intentar responder a problemas únicamente educativos, sino especialmente de derechos humanos”. Mato, quien es además director adjunto del Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados (Ciea), consideró que la legislación actual vulnera los derechos y discrimina a las personas afrodescendientes y de pueblos indígenas, por lo que resulta urgente implementar estas modificaciones a la normativa. “La modificación de la ley enviaría un mensaje positivo a potenciales estudiantes de estas comunidades que actualmente no se sienten motivados a ingresar a la educación superior porque son discriminados y no se sienten parte de ella”, dijo. También valoró la presencia en el encuentro de diputados y senadores: “Si bien esto nos concierne a todos, las leyes las hacen ustedes”.
En este sentido, el diputado radical José Luis Riccardo abogó por la construcción de una sociedad plural y elogió la propuesta, a la que consideró “fundamental para respetar los conocimientos y paradigmas de estas comunidades”. Por su parte, la senadora nacional por Salta, Nora del Valle Giménez (Frente de Todos) expresó su apoyo para lograr la modificación de la ley con el objeto de asegurar los derechos constitucionales “de todos los ciudadanos y ciudadanas que habitan en nuestro amplio y plurilingüe territorio argentino”.
El primer borrador del proyecto de ley modificatoria fue redactado por los abogados María José Bournissent (Universidad Nacional del Litoral), Sonia Ivanoff (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco) y Julio García (Universidad Nacional del Nordeste). La segunda versión, a cargo de estos mismos autores, incorpora las sugerencias de Sandra Ceballos, presidenta de la Asociación de Mujeres Abogadas Indígenas (Amai), Cátedra Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (UBA), del rector Juan Carlos del Bello (Universidad Nacional de Río Negro) y del secretario Legal y Técnico de la Universidad de Jujuy, Guillermo Farfán.
La propuesta busca modificar parcialmente los artículos 2, 3, 9, 13, 28 y 29, para garantizar los derechos de acceso a la educación superior así como los derechos de participación y consulta de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes; impulsar la generación y desarrollo de conocimiento valorando la diversidad y pluralidad de significados y sentidos; asegurar la conectividad de modo equitativo; formar y capacitar profesionales que sepan atender las demandas de estas comunidades; y formar sobre los derechos humanos de las mismas.
“Existe una situación de subordinación a la mayoría occidental que tiende a una homogeneización de la cultura. Es necesario reconocer la diversidad cultural, y esta propuesta apunta al reconocimiento de una política intercultural con la que se revitalizarán nuestros conocimientos”, expresó María Rosa Vidal Ñancucheo, referente del Pueblo Mapuche.
La afroargentina Lucía Molina dijo que la actual ley genera muchos perjuicios a personas y comunidades que encuentran obstáculos en el acceso y la permanencia en la educación superior: “Es necesario que se apoye sinceramente a los afrodescendientes para que se logre no sólo el acceso en todos los niveles educativos. Somos parte fundacional y fundamental de esta sociedad”.
La presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), Magdalena Odarda, apoyó la modificación de la ley y la consideró “una lucha totalmente justa”, al tiempo que se mostró confiada en que mediante las acciones concretas se asegure el acceso y la continuidad de los pueblos indígenas y las personas y comunidades afrodescendientes en la educación superior.
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