Este martes se espera que una multitud se movilice por las calles de Buenos Aires y de Rosario contra las políticas del gobierno nacional.
Por Matías Loja
Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital
La comunidad universitaria de Rosario viene movilizándose para exigir más presupuesto para la educación pública.
En la previa todo hace prever que la marcha de este martes 23 de abril será masiva. Que una marea compuesta en su mayoría por estudiantes, docentes, académicos y científicos se movilizarán por las calles de la ciudad de Buenos Aires con la consigna de la defensa por la educación pública.
Pero la de este martes será una movida federal, ya que además de la concentración de las 15.30 frente al Congreso Nacional —de allí irán hacia Plaza de Mayo donde, a las 17 horas, se leerá un documento— habrá actividades en las principales ciudades universitarias del país. En Rosario habrá una concentración por la mañana en la Plaza San Martín y una radio abierta por la tarde en el mismo lugar.
A continuación, cinco claves para entender el conflicto universitario.
El pasado 9 de abril, en el marco del 91º plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los rectores de las universidades públicas del país convocaron por unanimidad a una marcha nacional "en defensa de la educación y del sistema universitario público argentino". Una marcha coordinada en conjunto con las representaciones docentes, no docentes y estudiantiles. "Toda la comunidad universitaria, toda la sociedad porque el futuro está en juego. Todos los problemas que tenemos se resuelven con más educación", señalaron desde el CIN. El comunicado se dio a conocer luego de un encuentro con el secretario de Educación, Carlos Torrendell, donde los rectores expresaron la urgente necesidad de una actualización presupuestaria.
"La FUA, el CIN y el Frente Sindical de Universidades Nacionales convocamos a una Marcha Federal Universitaria el día 23 de abril. (...) Lo hacemos en unidad. Unidad para defender la universidad pública, gratuita, laica y de calidad", señalaron ese día desde la Federación Universitaria Argentina (FUA), el espacio que nuclea a los estudiantes universitarios de las 57 casas de altos estudios de todo el país.
Ya desde fines del año pasado, cuando la inflación comenzó a acelerarse hasta llegar a un 25% en diciembre y un 20% en enero, las universidades comenzaron a advertir de la necesidad de una actualización presupuestaria para hacer frente a los gastos de funcionamiento. En febrero alertaron que la situación era crítica. Algunas voces comenzaba a decir que, de no mediar cambios, el segundo semestre se vería afectado fuertemente para el dictado de clases. Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) aseguró que el presupuesto universitario se encuentra en su piso más bajo desde 1997.
Cada mes, el Estado nacional financia a las universidades públicas con una partida para gastos de funcionamiento, que abarca a todo lo que está por fuera del pago de salarios: servicio de gas y luz, infraestructura, mantenimiento, proyectos de extensión e investigación, etcétera.
"Esa cuota se mantiene a valores de enero del 2023 y claramente cuando hay un proceso tan profundo de inflación el desfasaje que se produce es fenomenal", dijo a principios de marzo a La Capital el rector de la UNR, Franco Bartolacci. La semana pasada, la Universidad de Buenos Aires tomó la decisión de apagar las luces de los espacios comunes (pasillos, halls y ascensores).
A ello se le suma el congelamiento presupuestario en el ámbito de la ciencia argentina y la cuestión salarial de docentes y no docentes de las universidades. En el caso de la UNR, el 90 por ciento de su presupuesto está destinado a salarios, que se incrementa según los acuerdos paritarios entre el gobierno nacional y los sindicatos. El Frente Sindical de Universidades (FSU), que también convoca a la marcha, rechazó la oferta de 8% de aumento para abril.
Apenas lanzada la convocatoria universitaria, desde el gobierno lo que abundaron fueron chicanas. "Un berrinche de las universidades" porque "les tocan la caja". La universidad pública también pasaba a ser catalogada de casta.
El propio vocero Manuel Adorni fue quien dijo en marzo, en una de sus conferencias de la mañana, que no entendía el reclamo de las universidades ya que el gobierno había actualizado las partidas en un 70 por ciento. A las pocas horas desde las casas de altos estudios aclararon que esa cifra solo era "una promesa" que aun no se había ejecutado.
Pero ya desde la semana pasada, y en vista que la movilización sobre todo en Buenos Aires iba a ser masiva, comenzaron los llamados a rectores y medidas de último momento para intentar desactivar la marcha. El jueves el gobierno anunció un acuerdo con los rectores, que implicaba un aumento para mayo de otro 70% en las partidas para gastos de funcionamiento, junto con una partida extraordinaria de 14.400 millones de pesos para los hospitales universitarios. Desde las universidades desmintieron el acuerdo, hablaron de anuncio unilateral de la Casa Rosada y afirmaron que el monto solo cubre la mitad de la inflación acumulada. Y que además la movilización se iba a realizar de todas formas. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que la marcha del martes está motorizada por "una universidad pública de una burocracia extrema, donde muchos hacen de la universidad un ‘quiosco’ para ellos".
El caso de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) no es muy diferente al de otras casas de altos estudios. Con más de 85 mil estudiantes en sus doce facultades, el rector Franco Bartolacci no se cansa de aclarar es que lo que se pide es una actualización "razonable". Que sin desconocer la crisis económica, ayude a las universidades a funcionar con cierta normalidad.
Un ejemplo: en los tres primeros meses de 2023 la UNR pagó cerca de 80 millones de pesos de luz, mientras que en igual período de 2024 fueron 250 millones. Todo con el mismo presupuesto.
Amén de cómo se desarrolle la marcha de este martes, las autoridades del CIN y de la Secretaría de Educación se volverán a reunir el próximo martes 30 de abril. El gobierno pretende que, además del financiamiento, se discuta también un esquema de "auditoría y fiscalización de las universidades".
"Un aviso importante: pase lo que pase, hagan lo que hagan, por lo menos mientras Javier Milei sea presidente, el dinero de la gente que va a las universidades se va a AUDITAR", dijo el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien en las últimas semanas se mostró activo en redes sociales tuiteando y retuiteando memes con su mirada sobre la actualidad universitaria argentina. En uno de ellos se ven dos fotogramas de Los Simpsons: uno que dice la UBA (y una foto que simboliza necesidades) y otro que dice "Los rectores" y muestra a un hombre rico.
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