La discusión por la problemática de la violencia de género instalada esta semana en una opinión pública sensibilizada a partir del homicidio de la adolescente rufinense Chiara Paez, reflotó el debate en torno a las cifras en ascenso de femicidios en el país, y puso en el tapete una ley nacional sancionada hace seis años que no se aplica, la falta de presupuesto, sin contar la injusticia.
La muerte de la adolescente de 14 años sirvió para la movilización de organizaciones como Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), que bajo el lema “Ni una menos” organiza para el 3 de junio una marcha a nivel nacional.
En la provincia de Santa Fe los epicentros del reclamo serán Rosario, San Lorenzo, Sastre, Cañada Rosquín, Reconquista y lógicamente Rufino, donde se exigirá al Estado la declaración de emergencia por violencia de género, de manera que se aplique efectivamente la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Para ello será necesario que funcione el Consejo Nacional de la Mujer, órgano de aplicación de esta norma, un presupuesto acorde —nunca llegó a representar un dígito del cálculo de gastos total nacional, que el año pasado y que se implementen observatorios que arrojen datos necesarios para la creación de políticas públicas específicas, entre otras medidas.
En ese sentido, Sofía Botto, miembro de Mumalá Rosario, aclaró a La Capital que “los únicos datos que se manejan son los que elabora la ONG La Casa del Encuentro, en base a femicidios publicados por diarios y agencias de noticias, por los que sabemos que cada 30 horas muere una mujer por violencia de género y la mayoría de los crímenes son cometidos por hombres de su círculo íntimo”.
Sobre el caso de Chiara, la activista destacó que “es grave, muy especial y complejo, y está generando una conciencia muy interesante. Fue el disparador para el grito que la ciudadanía dará en la marcha del 3 de junio”.
Un estudio realizado por el Observatorio de Femicidios en la Argentina de la Sociedad Civil “Adriana Marisel Zambrano” de la mencionada ONG, reveló que en lo que en 2010 se cometieron 260 femicidios, un 12,5 por ciento más que en 2009, año en que se sancionó la ley específica.
El dato es una muestra del fenómeno. En los últimos cinco años, la cifra no ha parado de crecer. La institución señaló que hubo 277 muertes de esas características en 2014, 36 de éstas tuvieron como víctimas a chicas de entre 12 y 21 años.
La industria, sobre todo en su rama metalúrgica, es la que concentra la mayor cantidad de casos. El secretario de Trabajo de la provincia, Julio Genesini, repasó los conflictos más emblemáticos
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