En forma inesperada, los medios de comunicación informaron el lunes pasado que el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, habría de renunciar por “cansancio moral”. Más tarde se precisó que la renuncia no sería al cargo de ministro de la Corte, sino al de presidente, pero no ahora, sino a partir de enero del año próximo, cuando deba iniciar un nuevo período. Finalmente, la Corte se reunió en forma inmediata y “ratificó” a las autoridades electas, “ante versiones” difundidas por la prensa. Es comprensible que ante los ataques aviesos al Poder Judicial y a la Corte, en especial, los jueces puedan caer en actitudes que en circunstancias normales serían impensadas. Así, por ejemplo, la elección anticipada pudo tener como finalidad curarse en salud ante posibles injerencias indebidas del poder político. Y el episodio de la ratificación ante una renuncia no presentada, pudo tener el significado de reforzar el aval político al doctor Lorenzetti en tiempos turbulentos. En circunstancias normales, la Corte debería extremar sus esfuerzos para no dejarse llevar por las urgencias políticas. Su fuerza radica en la mesura, el equilibrio, la sabiduría con que cumple sus funciones. El asedio del que es víctima el alto tribunal justifica, no obstante, que obre con mesura, pero sin ingenuidad. Sobre él reposa en última instancia todo el edificio de la República. Se aproxima el fin de su mandato, pero el gobierno nacional no ceja en su política de presionar y manipular a los jueces, para tener un Poder Judicial absolutamente adicto. Por estas horas se redoblaron los ataques contra el juez de la Corte Carlos Fayt. Hace tiempo que el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, lo cuestiona de la forma escasamente elegante que cabe esperar en él. A esos mandobles se sumó la cadena oficial y paraoficial de medios. Se alega que Fayt, con 97 años, no está en condiciones de cumplir sus funciones. Se aduce, también, que la resolución de la Corte por la que Lorenzetti fue elegido presidente para el nuevo período que comenzará en enero próximo sería nula, porque Fayt la habría firmado en su casa y no en el acuerdo en la sede del tribunal. Son excusas. Lo que se pretende es sacar del medio a un juez probo e independiente. Puede discutirse en el plano teórico si los jueces deben ejercer o no su cargo en forma vitalicia, como lo establece la Constitución. La reforma constitucional de 1994 había fijado un límite a los 75 años, luego del cual se requeriría un nuevo acuerdo del Senado. Fayt cuestionó esa modificación y la Corte hizo lugar a su planteo declarando la nulidad de la cláusula respectiva. Por lo tanto, sólo mediante su renuncia o mediante un juicio político podría Fayt, mientras viva, dejar el alto tribunal. Más allá de los debates teóricos, es una suerte que Fayt permanezca en la Corte. Se trata de una figura consular del derecho argentino, a la que la edad no menguó, hasta ahora, sus capacidades intelectuales. Merece el reconocimiento de todos los argentinos. Es una muestra del lamentable estado al que hemos llegado que, en lugar de ello, sea objeto de vituperios y de burlas por parte de altos funcionarios.
