El juicio que desde hace un mes y medio se seguía contra nueve personas acusadas de integrar una banda de producción y venta de drogas desbaratada en 2009 cerró ayer en medio de un fuerte cuestionamiento del Tribunal Federal Nº 2 al accionar de policías provinciales y federales. Los jueces no sólo anularon algunos procedimientos sino que enviaron copias de las actuaciones a la fiscalía en turno para que investigue si efectivos de ambas fuerzas incurrieron en delitos. En ese marco, aplicaron penas más bajas que las pedidas por la fiscalía: siete acusados recibieron condenas de hasta 6 años de prisión y otros dos fueron absueltos.
La sentencia emitida por el Tribunal Federal Oral Nº 2 dedicó varios puntos a requerir que se investiguen posibles delitos relacionados con el narcotráfico por parte de la policía, resaltaron falencias técnicas en los procedimientos y remitirán oficios a autoridades de la provincia y de la Nación (ver aparte). El señalamiento de esas anomalías fue el aspecto más destacado por las defensas: "Creo que lo mejor del fallo es que ha puesto en duda la actuación policial en esta causa", resaltó la defensora oficial Matilde Bruera, que representa a seis de los acusados.
Pasado el mediodía, el juez Jorge Venegas Echagüe, junto a sus colegas Beatriz Caballero de Barabani y Santiago Harte, leyó los 32 puntos de la sentencia ante las partes y una sala sólo ocupada por los acusados y familiares, vigilados por policías que los doblaban en número.
Reacciones. "Estoy contenta, feliz", dijo al salir de la audiencia Norma Acosta pese a haber recibido una condena a 6 años de prisión por la tenencia de drogas. La mujer, que a o largo del juicio objetó la tarea policial y mantuvo careos con cuatro uniformados, felicitó a los defensores uno por uno al finalizar la lectura del fallo. Ella había denunciado que al ser detenida, en junio de 2009, le "plantaron" una mochila con drogas cuando iba en un Peugeot 206 con otros dos acusados. Ese procedimiento fue declarado parcialmente nulo por el tribunal.
"Para mí esto es una alegría. Me queda una condena por una sola causa que voy a discutir en la Cámara de Casación", remarcó antes de dejar el edificio de Oroño al 900 en libertad, al que igual que los otros condenados. Con la excepción del sentenciado Oscar Gregorio Caminos, que cumple condena por un homicidio. El resto seguirá libre hasta que el fallo quede firme. Todos los defensores anticiparon que apelarán las condenas, aunque mostraron satisfacción con las objeciones al accionar policial.
Anulados. La causa se inició en junio de 2009 con 22 allanamientos realizados por la ex Drogas Peligrosas de la provincia. Nueve personas fueron acusadas de integrar una organización narco comandada por Arturo Carau Quevedo, quien fue asesinado en octubre pasado cuando estaba ligado a este proceso en libertad. Dos de esos operativos fueron puestos en tela de juicio ayer por la sentencia, que los declaró nulos.
El primero fue el del secuestro del Peugeot 206 en el acceso Sur, cuando fueron detenidos Norma Acosta, su ex suegra Elba Liliana Cuello y Ariel Maidana. Los abogados de Acosta, Nazareno Bravo y Gabriel Navas, habían planteado que los testigos del operativo dijeron haber visto la droga secuestrada en el auto en diferentes lugares. Por eso pidieron la nulidad de la medida, que fue otorgada "parcialmente".
"Es una buena sentencia. Muy criteriosa y completa respecto a las dudas planteadas sobre el personal policial", evaluó ayer Navas, quien insistirá en demostrar la "absoluta inocencia" de Acosta.
El segundo operativo anulado fue realizado en Rivadavia 1551, de Villa Diego, donde según las actas policiales se almacenaba y elaborabane pequeñas cantidades de estupefacientes. Los jueces lo invalidaron y pidieron que se investiguen "posibles delitos de acción pública" del personal que intervino.
La mayoría de los imputados estaban acusados de tenencia de drogas y de su fabricación, aunque esta acusación fue desestimada por el tribunal, que absolvió a los procesados por esa figura y sólo aplicó condenas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por la intervención organizada de tres o más personas.
Bajo este encuadre, Acosta, Cuello y Analía Natalia Albornoz fueron sentenciadas a 6 años de prisión como coautoras, mientras que Maidana recibió la misma pena como partícipe necesario. Se trata de montos más bajos que los requeridos por la fiscal Adriana Saccone, que había solicitado entre 8 y 9 años de cárcel. Las abogadas de Cuello, Nora Gazpire y Patricia Guzmán, resaltaron los planteos de nulidad aunque apelarán la condena.
El hasta ahora único detenido, Caminos, recibió 5 años de prisión por tenencia de droga (sin agravantes) y la falsificación de un DNI. A Juan Carlos Borini le impusieron 4 años también por la tenencia de drogas para comercio. Y, por último, Vilma Quiroga fue sentenciada con un año y medio de prisión por la tenencia ilegítima de un DNI ajeno.
Por el beneficio de la duda fue absuelto Juan Alberto Giménez, quien afrontaba cargos como integrante de la banda. El otro absuelto fue José Rodríguez, respecto de quien la misma fiscal pidió que fuera desvinculado por falta de pruebas. Además de los dos operativos anulados, hubo seis allanamientos en domicilios de Rosario en los que la evidencia fue insuficiente para incriminar a los acusados, que en esos casos resultaron absueltos.
Ordenan investigar a la policía
El tribunal que condenó a siete acusados por narcotráfico ordenó que se investigue el accionar de policías provinciales y federales y remitió a la fiscalía federal en turno copia de las declaraciones de testigos y de tres acusados para que se investigue “la posible comisión de un delito” por parte de la policía santafesina que allanó una casa de Villa Diego.
Asimismo dispuso informar al ministro de Gobierno, Rubén Galassi, de la denuncia efectuada por dos oficiales que señalaron que desde la fuerza “se habría informado a los sospechados sobre la decisión de allanar diversos domicilios”, lo que habría frustrado esas medidas. Esa información irá acompañada de las escuchas telefónicas en las que se mencionan acuerdos para “modificar la situación” de personas investigadas o detenidas.
Al mismo ministerio se enviará una nota para informar que el juez de Instrucción de la causa ordenó filmar todos los procedimientos pero “ello no se concretó invocándose en las actas la carencia de medios técnicos”. Al ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, le pedirán que disponga medidas para que en las actas de procedimientos se consignen “los nombres de todas y cada una de las personas que intervengan”. Y le solicitarán que recomiende la captura de tres prófugos: Jesús Omar Saboldi, María Isabel Albornoz y Jesús Daniel Acosta .
La fiscalía federal en turno también recibirá copia de escuchas para que “se investiguen delitos de acción pública relacionados con el narcotráfico por parte de posibles miembros de la Policía Federal”. Lo que será comunicado al Ministerio del Interior de la Nación.
Alegría
La de Norma Acosta a pesar de haber sido condenada a 6 años de prisión, una sentencia que supone será revocada en la Cámara de Casación.
