Todo cambio institucional de importancia, como el que se avecina a partir del 10 de diciembre, genera expectativas. La sociedad aspira a que, con sus nuevos dirigentes al frente, se cobre impulso para generar nuevas ideas y profundizar reformas en áreas clave. La Justicia no puede estar ajena a este clima de nuevo ciclo y así lo admite el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Roberto Falistocco, quien, en diálogo con LaCapital, puntualizó cuáles son sus aspiraciones ante la nueva etapa que se inicia el mes que viene. "Seguridad y libertad no son valores incompatibles, deben convivir", dice en referencia a la habitual polémica que se genera a la hora de analizar cómo está funcionando el nuevo sistema penal y su eficacia para combatir el delito.
¿Espera cambios en la política judicial a partir de diciembre?
—Estamos hablando de una política de Estado y, como tal, de largo plazo. Por ello se deben consolidar los logros y enfrentar nuevos desafíos. Se hizo una apuesta fuerte y necesaria para poner en marcha el nuevo proceso penal. Hoy se vislumbra el debate sobre un nuevo Código Procesal Civil y una manera distinta de gestionar este fuero para hacerlo más dinámico y eficiente, superando tiempos muertos que atentan contra estos objetivos. Incluso, corresponde analizar la posibilidad de pasar aquí también al juicio oral. La entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, con las atribuciones que le otorga al juez permitiendo un diálogo de fuentes del Derecho y ponderar que su aplicación gravita sobre las estructuras actuales en ese fuero.
Con respecto al nuevo proceso penal se ha cuestionado la labor judicial sugiriendo la existencia de una puerta giratoria que favorecería la impunidad. ¿Cuál es su opinión?
—Los jueces, que actúan una vez vulnerado el orden jurídico, dan respuestas con las posibilidades que la ley otorga. Cambiarlos obedece a criterios de oportunidad y conveniencia que como tales corresponden a los poderes políticos, mientras que al Poder Judicial se le otorga el control de constitucionalidad de las leyes. Así funciona todo sistema republicano. Seguridad y libertad no son valores incompatibles, sino que deben convivir.
¿Dónde debería concentrarse la atención en lo inmediato?
—Nos preocupa la situación que atraviesan los juzgados y defensorías civiles y el fuero laboral. La litigiosidad excede la capacidad humana de respuesta. Un promedio de una sentencia cada dos días habla por sí sola de la laboriosidad de nuestros jueces. La fijación de las fechas de audiencias clave para esos juicios supera los tiempos razonables. Existen proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo para reforzar esos fueros y aguardamos su tratamiento. La jubilación en poco tiempo de camaristas con prestigio y trayectoria va a resentir el trabajo en segunda instancia. Volviendo a la materia penal, la entrada en acción de la policía judicial, recién creada, es vital para el trabajo que hoy recae sobre los fiscales en la investigación de los delitos.
Con referencia a la cobertura de vacantes, que depende del Consejo de la Magistratura, ¿cómo evalúa su trabajo?
—En mi opinión, debemos llevar a debate dos temas, entre otros, que hacen a su eficiencia. La primera es contar con jurados no tan volátiles, que tengan algún grado de permanencia, ya que la experiencia demuestra que la conformación de ellos para cada examen atenta contra su accionar. Otro tanto ocurre con el régimen de impugnaciones, que alarga en demasía los tiempos de resolución de los concursos.
¿Le preocupa la proliferación de casos de violencia de género?
—Sin dudas. Estoy convencido de que, con recursos suficientes, en el Poder Judicial deberíamos contar con una oficina que atienda esta problemática, como se hizo con la violencia familiar, y que sería interesante replicar la experiencia que ya acumula la Corte nacional. También tomamos nota de la polémica que se ha generado respecto de los arrestos domiciliarios. Al respecto, la Corte está estudiando la puesta en marcha de una dependencia como fue la Omas (Oficina de Medidas Alternativas y Sustitutivas de la prisión preventiva), con recursos y personal propio, porque demostró su eficacia, según opinión de los operadores del sistema, para controlar las prisiones preventivas. Además, seguimos atentamente los posicionamientos que existen para limitar o controlar los juicios abreviados.
