El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el jefe máximo de la guerrilla de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, anunciaron ayer un histórico acuerdo sobre justicia transicional para intentar poner fin al conflicto de más de 50 años que incluirá amnistías amplias o indultos —pero no para delitos de lesa humanidad—, y señalaron que a más tardar en seis meses, es decir en marzo de 2016, deberá estar firmado el acuerdo final del proceso de paz. Al respecto, Santos afirmó que el acuerdo entre su gobierno y las Farc anunciado en La Habana, representa "un adiós definitivo a la última y más larga guerra de Colombia y no solo de Colombia, sino de toda América". "Hoy (por ayer) es un día crucial y muy positivo en el avance de nuestro país hacia la paz y hacia la terminación del conflicto armado", dijo el mandatario en el mensaje que pronunció luego de la lectura de la declaración conjunta que refleja el acuerdo entre el gobierno y la organización guerrillera.
Tras un día cargado de rumores, el máximo líder de la guerrilla y la cabeza del Ejecutivo de Colombia se reunieron por primera vez en La Habana —nunca se habían visto anteriormente— y tras un encuentro privado, encabezaron un acto en el que asistió también el presidente de Cuba, Raúl Castro, y delegados de los países garantes y acompañantes del proceso de paz, Noruega y Cuba, y Venezuela y Chile.
Al respecto, Timochenko afirmó que el acuerdo "generará ambiente propicio para avanzar en convenios sobre las restantes temáticas de la agenda" de las negociaciones que buscan sellar la paz definitiva. "Nos complace anunciar que esta jurisdicción para la paz ha sido diseñada para todos los involucrados en el conflicto, combatientes y no combatientes, y no solo para una de las partes", dijo el jefe guerrillero en el mensaje que pronunció luego de la lectura del comunicado conjunto y del discurso de Santos.
Jurisdicción especial. De acuerdo con el anuncio, se creará una jurisdicción especial para la paz, que contará con salas de justicia y con un Tribunal Especial que estarán integrados especialmente por magistrados colombianos y, en participación minoritaria, juristas extranjeros. La función de estos dos mecanismos será, según el acuerdo, "acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición".El acuerdo, leído por los delegados garantes de Cuba, Rodolfo Benítez, y de Noruega, Dag Nylander, expresa que a la terminación de las hostilidades, el Estado otorgará "la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos".
En ese sentido, aclara que "en todo caso no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que correspondan con delitos de lesa humanidad, el genocidio y crímenes de guerra, como la toma de rehenes, secuestro, tortura desplazamiento forzado, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual".
La jurisdicción especial para la paz tendrá competencia para juzgar no sólo a los miembros de la guerrilla sino a todos los agentes del Estado por los delitos cometidos en el contexto de la guerra y contempla dos tipos de procedimientos, uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad y otro para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente, señala el texto. Para quienes reconozcan delitos de lesa humanidad se establecen penas que van desde los 5 a los 8 años, de restricción efectiva de libertad en condiciones ordinarias.
El modelo base será de justicia restaurativa, lo que permitirá imponer penas restrictivas de la libertad, pero que no implican cárcel. Esto quiere decir que la víctima y el victimario podrían acordar la forma en que se cumplirá la sentencia, por ejemplo a través del desarrollo de obras. Todo esto se mantendrá siempre y cuando se garantice la reparación de las víctimas, porque, de lo contrario, se podría aplicar una pena efectiva de cárcel.
Resocialización. Un punto clave que tendrá el acuerdo es que en determinados casos, muy específicos, habría elegibilidad política en las zonas en las que tengan la restricción de la libertad. Esto, por supuesto, requiere reglas claras que se están construyendo. De querer acceder a una pena alternativa, el beneficiario deberá comprometerse con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad. Quienes no reconozcan la responsabilidad en delitos graves y resulten culpables tras las investigaciones debidas incurrirán en una pena de prisión de hasta 20 años en condiciones ordinarias. Los negociadores, en tanto, seguirán analizando los puntos que tienen que ver con militares procesados y guerrilleros presos.
Santos, que como ministro de Defensa propinó los más duros golpes a las Farc, viajó a La Habana por primera vez desde que se inició el proceso el 19 de noviembre del 2012, para reunirse con los negociadores de paz, y lo adelantó ayer cuando en su cuenta de Twitter anunció que de camino a Nueva York, donde asistirá a la Asamblea General de la ONU, haría escala en La Habana para una "reunión clave con negociadores con el fin de acelerar el fin del conflicto".
Aún quedan algunos obstáculos por superar
El acuerdo anunciado ayer por el gobierno colombiano y las Farc, que prevé la creación de un tribunal especial y una ley de amnistía, es quizá uno de los puntos más importantes de la agenda pactada, pero no el último en el camino para el fin del conflicto más longevo de América latina. Desde mayo del año pasado, las conversaciones de paz parecían haberse congelado luego del acuerdo parcial en el punto referente a la solución del problema del narcotráfico y los cultivos ilegales, en el que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) se comprometieron a "poner fin" a su relación con las drogas. Sin embargo, paralelo a la discusión sobre el reconocimiento y reparación de las víctimas del conflicto, que incluyó en la mesa a varios grupos de afectados por la guerra, los equipos trabajaron en el punto referente al "fin del conflicto", el tercero de los seis ítems acordados al inicio de los diálogos en noviembre de 2012.
Aunque el inicio del fin del conflicto se selló con lo anunciado ayer por las partes, queda todavía pendiente por resolver el tema de las víctimas y la implementación, verificación y refrendación de los acuerdos.
Alto el fuego bilateral. Sobre la mesa se mantiene la discusión de subpuntos determinantes como el alto el fuego bilateral y definitivo, la revisión de la situación por parte del gobierno de los presos de las Farc y la intensificación de las acciones gubernamentales para combatir a las organizaciones criminales del país. Además, se debe definir el método democrático con el que los colombianos aprobarán o no lo acordado por las partes en Cuba, cuyo primer paso se dio la semana pasada con la presentación ante el Congreso de un proyecto de reforma para crear mecanismos ante una eventual aplicación del texto final.
Dentro de lo planteado por el gobierno, están la implementación de una comisión legislativa especial y el otorgamiento de facultades extraordinarias al presidente por un periodo de 90 días que le permitirían convocar a un referendo para la paz.
La aplicación de una justicia transicional para el conflicto en Colombia se suma a los acuerdos parciales referentes al desarrollo agrario integral (mayo de 2013), la participación en política de los guerrilleros que se desmovilicen (noviembre de 2013) y la lucha contra el narcotráfico (mayo de 2014), además del compromisos de desminado (marzo de 2015).
