Rechazan torturas en un crimen policial

La Justicia ordenó mantener abierta una investigación contra un grupo de policías por la muerte de un detenido ocurrida hace 17 años, pero rechazó tramitar la causa por el delito de "torturas".

La decisión fue tomada por los jueces Daniel Carral y Benjamín Ramón Sal Llargués, del Tribunal de Casación bonaerense, en una causa que forma parte de la lista de la Correpi, donde se denuncia la "violencia institucional" con "tortura, muertes y desapariciones a manos de las fuerzas de seguridad de la Argentina".

Se trata del caso de Gabriel Alejandro Gutiérrez, conocido como "El Chino", que fue detenido en la tarde del 5 de enero de 1997 por personal del Comando de Patrullas Bonaerenses en Florencio Varela, luego del llamado de vecinos que denunciaban altercados y la presencia de ese joven, alcoholizado, con un arma en su poder, según relata el expediente.

El hombre fue llevado esposado, con apenas una herida en el rostro, hacia la comisaría 4ª de Hudson, pero un rato después fue trasladado de urgencia al Hospital Mi Pueblo, donde murió.

Oficialmente se sostuvo que el hombre falleció como consecuencia de un "cóctel" de drogas y alcohol, pero la Correpi sostuvo que tenía poco alcohol en sangre, no se descubrió droga y lo habían molido a golpes, tal como lo determinó más tarde una segunda autopsia.

En 1997 la Justicia sobreseyó provisoriamente a los imputados por entender que no se avistaba ningún delito, pero los denunciantes apelaron la resolución y el caso hizo un largo derrotero en donde los policías terminaron procesados por torturas.

Ahora los imputados reclamaron el sobreseimiento por prescripción y el pasado 13 de agosto el Tribunal de Casación bonaerense rechazó ese pedido, aunque marcó una clara diferencia con los criterios mantenidos en los últimos fallos, donde se sostuvo que el caso constituía un delito de tortura.

No obstante, los jueces rechazaron la posibilidad de que la causa pudiera estar prescripta porque existe "la obligación del Estado de investigar seriamente hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos cometidas presuntamente por agentes estatales", y también "la identificación y sanción de los responsables de tales ilícitos".

Crimen en Moreno. Por su parte, la madre de un adolescente asesinado a balazos el jueves pasado en la localidad bonaerense de Moreno denunció ayer que al menos uno de los autores del homicidio estuvo detenido, y luego fue excarcelado, por el crimen de un amigo de su hijo cometido en mayo pasado en ese partido bonaerense.

María Cristina Rosas dijo a Télam que su hijo Marcelo Fabián, de 17 años, había sido testigo en la causa por el asesinato de su amigo Carlos García, de 15, por lo que cree que lo mataron para vengarse porque había señalado a los sospechosos de ese hecho.

Por su parte, Jorge Bellido, abogado de la familia García, informó a Télam que por el crimen de Carlitos, en un primer momento fueron detenidos cinco jóvenes, los cuales luego fueron excarcelados por un pedido de eximición de prisión.

Según Rosas, desde que su hijo declaró en esa causa y luego excarcelaron a los acusados, Marcelo "fue amenazado por Facebook y también comenzaron a seguirlo por la calle en auto o moto".

La madre del chico recordó que la noche del jueves pasado, ella y sus cuatro hijos se encontraban en su casa de Villa Trujuy, en Moreno, cuando Marcelo salió a la calle a hablar por celular porque no tenía señal y en esa oportunidad lo atacaron a balazos. "Se escuchó una balacera tremenda y cuando salimos lo encontramos tirado en el piso junto a nuestra camioneta", recordó la mujer y agregó que su hijo murió poco después cuando era intervenido quirúrgicamente en el Hospital De la Vega de Moreno. Rosas precisó que antes de morir, su hijo alcanzó a decirle los nombres y apodos de tres de los agresores, aunque los vecinos le dijeron luego que en total "eran cinco e iban caminando".

"Después me dijo `mami, te amo` y se lo llevaron en ambulancia", relató la mujer.