"Que el gobernador nos ayude a aclarar el crimen de mi mamá"

Al cumplirse tres meses de que la militante cristiana Mercedes Delgado perdiera la vida al quedar atrapada en medio de un tiroteo entre bandas de barrio Ludueña Norte, Juan Ponce, uno de sus hijos, se constituyó como querellante en la causa y le pidió públicamente al gobernador Antonio Bonfatti que ayude a que el crimen “se esclarezca”. En ese marco ayer se conoció que el juez de Instrucción Nº 15, Alejandro Negroni, libró seis órdenes de captura a nivel nacional para los principales acusados del homicidio mientras una séptima persona, un joven de 18 años, está detenido e imputado de haber sido partícipe del cruce de disparos que terminó con la vida de la mujer.

Mercedes Mechi Delgado tenía 50 años, seis hijos y era una militante cristiana que trabajaba en el centro comunitario San Cayetano, en Gorriti 6068. El martes 8 de enero, poco después de las 19, llegó a su casa de pasillo de Garzón 416 bis y le pidió a su hijo de 14 años que le hiciera un mandado. El adolescente salió y en ese momento se escucharon varias detonaciones de armas de fuego. Entonces la mujer se asomó a la calle preocupada para ver dónde estaba su hijo y corrió unos 30 metros hasta el cruce de Bielsa y Garzón. Allí se topó con dos grupos de soldaditos narcos que dirimían sus diferencias a balazos.

Los disparos cruzaban desde calle Garzón a Magallanes y entonces Mercedes pensó que lo mejor era correr hacia el oeste, rumbo a calle Barra para buscar a su hijo. Pero fue entonces que un balazo calibre 11.25 le perforó la espalda y la derribó. El tiroteo fatal fue protagonizado por dos grupos de soldaditos de los búnker de venta de drogas que funcionan en el barrio. Uno de los quioscos está ubicado en Gorriti y Garzón, a escasos metros del centro comunitario San Cayetano que atendía Mechi Delgado. Sus contrincantes, en tanto, operaban en la zona de Magallanes y Vélez Sarsfield. Acerca del origen de la disputa, según los testimonios recogidos en la causa no fue una diferencia por la comercialización de drogas sino un viejo rencor que estalló con la salida de prisión de un muchacho apodado Guadaña.

El detenido. En el marco de la pesquisa, el 24 de enero pasado la policía llegó a una vivienda de pasaje Ghandi al 6100 y detuvo a Ramón Antonio P., un muchacho de 18 años que no tenía hasta ese día prontuario abierto. “En realidad es un perejil. No hay evidencias que lo vinculen con el crimen”, explicó una fuente judicial. A su vez, el juez Negroni requirió la detención de seis jóvenes identificados como H.D.R, M.M.R. (alias Guadaña), M.M.R. —es menor de edad—, D.A.F., A.F. y J. F. (conocido como Pachón).

Ponce sostuvo ayer que los autores materiales de la muerte de su madre están identificados. “Ya pasaron tres meses y los asesinos siguen sueltos. Existen pruebas (para acusarlos), pero no sé lo que pasa”, se lamentó el muchacho. Y esa no fue su única queja: “Tenemos versiones de gente del barrio que lo ha visto (al principal sospechoso) dando vueltas por la zona”, comentó.

Juan también sostuvo que el clima de violencia continúa castigando a la barriada.

“Ayuda”. “Mi mamá ayudaba en un comedor y yo siento que ella aportó su grano de arena para que este gobierno fuera elegido. Por eso le pido al gobernador Bonfatti que con lo que esté a su alcance ayude a que la causa de mi mamá se resuelva. Ahora lo necesitamos a él”, dijo Juan Ponce a La Capital. Mechi repartía su vida entre la costura, con la que sostenía su hogar, y su participación en la comunidad eclesial de base que participa en el centro comunitario San Cayetano.

Con otras cien mujeres trabajaba para que los chicos de una barriada pauperizada tengan acceso a un plato de comida y un acercamiento a la religión. “Este fin de semana la comunidad comenzó nuevamente su actividad y se reinició la catéquesis que
daba mi madre. Fue interesante por toda la gente que participó”, comentó Ponce quien tendrá el patrocinio del Centro de Asistencia Judicial en su rol de querellante en la causa. El CAJ es un órgano que depende del gobierno de la provincia.