Hace mucho tiempo que en nuestro país nos hemos acostumbrados a soportar atropellos "legalizados". Quiero referirme hoy al caso de algunas mal llamadas "mutuales", que prestan su nombre para que entidades financieras fantasmas lucren con la desesperación de trabajadores activos y jubilados sin acceso a créditos bancarios oficiales o llevados a situaciones límites por imponderables de la vida. Lo viví en carne propia, soportando doce meses, un haber neto de "cero peso". Y hasta se dio el caso de un crédito personal de una repartición descontado en otra. Miles de estatales de la provincia sufren estos abusos, viéndose agravado ésto en el Poder Judicial, al cual pertenezco, ya que no hay tope máximo a descontar por sueldo, cosa que sí tienen otros gremios provinciales. Cuando recurrí a la Dirección de Administración del poder mencionado, la respuesta fue "que no hay filtro, ya que las planillas vienen así de gobierno por los convenios que tienen con las mutuales". Además del daño económico, estas ingratas sorpresas llevan a situaciones que minan la psiquis humana y originan convulsiones que rozan el infarto. Hace muchos años también se habla de una ley que pueda terminar o poner límites a estas prácticas, pero evidentemente deben ser grandes los intereses que se mueven en torno a este tema que deja gruesas ganancias y no menos interrogantes sobre una manera indigna e inescrupulosa de enriquecerse a costa de trabajadores y jubilados. Autoridades provinciales, legisladores, funcionarios y gremios, todos y cada uno desde el lugar que corresponda, deberían asumir el compromiso de proteger más a los débiles y limitar a los poderosos como una forma de tratar de equiparar un poco más los desequilibrios que todavía nos ofrece esta bendita democracia.
