Ocho policías de los destacamentos de San Jorge y Frontera de la Guardia Rural
Los Pumas fueron pasados a disponibilidad y permanecen a disposición de la Justicia por su
vinculación con dos bandas que se dedicaban a desguazar o comercializar autos robados. El caso
comenzó a investigarse a principios de octubre, luego del hallazgo de un vehículo sustraído en
manos de un policía de la departamental de Las Rosas, y le sucedieron numerosos operativos en los
departamentos Belgrano, San Martín y Castellanos.
En los procedimientos, comandados por el juez de
Instrucción Eladio García, fueron detenidos ocho policías y más de 30 civiles. Además se
secuestraron 17 autos y se clausuraron dos desarmaderos ubicados en la zona rural de Los Cardos y
Estación María Juana.
A raíz de este megaoperativo, la totalidad de los efectivos
de la Guardia Rural Los Pumas que prestaban servicios en los destacamentos Frontera y San Jorge
fueron pasados a disponibilidad.
De la pesquisa participaron el juzgado Correccional y Penal
Nº 11, a cargo de García, junto al juzgado de Instrucción Nº 6 de Cañada de Gómez y de
las unidades regionales XVIII (Sastre), V (Rafaela) y III (Las Rosas). También participaron la
Dirección de Asuntos Internos y Verificación de Automotores.
Según la investigación, la mayoría de los vehículos
secuestrados habían sido robados en la provincia de Buenos Aires, desde donde los trasladaban hacia
el centro-oeste de la provincia, donde no había un seguimiento regular de la documentación
vehicular y se vendían a precios viles o eran desguazados.
Hilo conductor. Con la apertura del juzgado de Eladio García en diciembre de
2006, el juez advirtió irregularidades en ese terreno e instó a los jefes comunales del distrito 11
y a la policía a investigar las anomalías. De esos operativos surgió el hilo conductor que
finalmente llevó a la detención de los ocho efectivos de la Guardia Rural y al procesamiento de las
otras personas involucradas.
Otra de las derivaciones de los operativos fue el hallazgo
de otra organización que se dedicaba al robo de vehículos y herramientas rurales. A raíz de esta
pesquisa fue detenido un sargento de apellido Peralta, que trabajaba en la comisaría de Las
Petacas. En este caso, la banda robaba y trasladaba el botín a Santiago del Estero, donde lo
comercializaba.
A su vez, más de 30 personas de San Francisco, María Juana,
Los Cardos, San Jorge y El Trébol habrían participado de la primera banda reduciendo o robando
vehículos. Durante las investigaciones aparecieron autos quemados en distintas localidades o en
parajes rurales, lo que hace presumir que el cerco se cerró sobre los reducidores.
Los ocho uniformados fueron imputados de encubrimiento
agravado y el juez García aseguró que la situación está controlada y la pesquisa atraviesa la etapa
final. "Sólo puedo decir que se colectó información que será relevante para que juzgados de otras
provincias continúen sus respectivas investigaciones". l
