Uno de los cinco policías de la Unidad Regional II investigados por su presunta protección a quioscos de drogas, causa iniciada a fin de enero y a partir de la denuncia realizada por una mujer ante la Secretaría de Control de las Fuerzas de Seguridad, fue pasado a disponibilidad por disposición de las autoridades del área. En tanto, otros tres de los involucrados se presentaron ayer espontáneamente en la Dirección de Asuntos Internos para ponerse a disposición de la pesquisa. En ese marco, ayer trascendió que más allá de los sumarios administrativos iniciados a todos los policías denunciados “se convocará a los mismos para que actualicen sus declaraciones juradas de bienes ya que las investigaciones realizadas a sus patrimonios arrojan algunas dudas que se deberán aclarar”, dijo una fuente cercana a la investigación.
Todo se inició el pasado lunes 26 de enero a partir de la recepción en la Secretaría de Control de la Fuerzas de Seguridad, a cargo de Ignacio Del Vecchio, de un correo electrónico en el cual una mujer que se presentó como miembro de la policía santafesina (luego se estableció que no lo es) apuntó contra cinco efectivos por “manejar quioscos de venta de drogas en jurisdicción de la comisaría 11ª y enriquecerse con eso”. Además del mail, Asuntos Internos recepcionó un disco compacto que contiene un video de baja resolución, al parecer tomado con un teléfono, en el que se observa a un hombre vestido con una musculosa blanca que está recortando “una especie de nailon sentado frente a una mesa con elementos que se presume sería material estupefaciente” (ver foto).
La denunciante, que según las fuentes consultadas no pudo volver a ser contactada por los investigadores luego de la recepción de la primera información que remitió, identifica a la persona que aparece en el video junto a otros hombres, como el suboficial L.G., quien ayer fue pasado a disponibilidad ya que los investigadores comprobaron que era él tras cotejar sus archivos fotográficos con el rostro filmado.
Bajo la lupa. Además, en la denuncia fueron involucrados el comisario superior A.B., el subcomisario F.F., el subinspector E.R. y el suboficial C.A., tres de los cuales se presentaron ayer en Asuntos Internos para ponerse a disposición de los pesquisas.
Del Vecchio dijo ayer que las actuaciones fueron elevadas al juzgado Federal 4 a cargo de Marcelo Bailaque y que parte de la denuncia fue cursada a la División de Investigaciones Patrimoniales de la provincia para que se perite el origen de los bienes que tienen los implicados y sus familiares cercanos y si los mismos son compatibles con los ingresos que reciben por sus funciones.
En ese marco, el funcionario provincial admitió que la creación de un número telefónico para denunciar posibles irregularidades en la policía incrementó las denuncias y el aporte de información sobre los efectivos. “En los últimos siete meses se iniciaron más de mil sumarios administrativos contra policías en actividad”, calculó Del Vecchio. Y detalló que entre el 12 de febrero y el 10 de diciembre de 2014 se elevaron a las fiscalías provinciales 358 denuncias, mientras que 84 están en proceso de investigación del área a su cargo.
