El juez Miguel Vagge sobreseyó al director periodístico del diario La Arena (de La Pampa), Saúl Santesteban, y a los periodistas Leonardo Santesteban y Juan Reyes en la querella que, por calumnias e injurias, les había entablado la ex funcionaria provincial pampeana y presidenta de la Fundación Nuestros Pibes, Stella Maris García.
El magistrado hizo lugar al pedido de Alberto Acosta, abogado defensor de los hombres de prensa, para decretar la inconstitucionalidad y anticonvencionalidad de los artículos 109 y 110 del Código Penal, conforme lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Kimel.
Stella Maris García, ex funcionaria provincial, presentó una querella penal por su disconformidad con el artículo escrito por Juan José Reyes, columnista de La Arena de La Pampa y publicado en enero de 2005. En el mismo se cuestionaba la sospechosa vinculación de la fundación presidida por García con el gobierno provincial. El caso es que Nuestros Pibes se hizo cargo del instituto provincial de menores de La Pampa (Ipesa) y construyó un edificio especial, en terrenos que esa entidad había donado al Estado provincial. El artículo señalaba que ese mismo inmueble estaba hipotecado a favor de la provincia con relación a un crédito que la Fundación había tomado para la instalación de otro emprendimiento económico. La entidad comenzó así a percibir decenas de miles de pesos por mes para gerenciar la institución estatal (830.000 pesos al cabo de un año), dato que el artículo conectaba con la anterior donación.
En Santa Fe. En el contexto del fallo del juez pampeano Miguel Vagge, cabe recordar que dos diputados provinciales hicieron en estos días una encendida defensa de la libertad de expresión en los Tribunales de Santa Fe.
Con muy pocos días de diferencia, la diputada por Solidaridad e Igualdad (SI) Alicia Gutiérrez y Marcelo Brignoni, legislador por Encuentro por la Democracia y la Equidad, declararon personalmente en los estrados judiciales capitalinos.
Ambos brindaron su testimonio en el marco de la querella penal por injurias entablada por Gustavo Víttori, dueño de Diario El Litoral, contra el periodista y jefe de Redacción de Diario UNO de Santa Fe, Pilo Monzón.
El matutino de Santa Fe había revelado la existencia de una serie de situaciones anómalas en el proceso de traslado de la estación fluvial, deteniéndose en la situación dominial de los terrenos adonde se erigirá el nuevo puerto.
Ante el juez Orlando Pascua, la diputada Gutiérrez confirmó que tras la publicación de las notas de Diario UNO “se generó mucho revuelo en la Cámara de Diputados, ya que varios integrantes de la misma, de la oposición y del oficialismo, manifestaron sus dudas, sobre todo con la posibilidad que haya un negociado con las tierras que luego el estado debería comprar”.
Por su parte, el diputado Brignoni dijo ante el magistrado que “había dudas sobre la situación dominial de las tierras donde se emplazará el nuevo puerto” y que es “una obligación de los representantes parlamentarios y del periodismo abordar estos temas”.
