Parece que ha comenzado a funcionar la aplicación de la nueva ley antiterrorista promulgada en 2011. Tuve la oportunidad de concurrir al Rectorado de la Universidad donde un grupo de funcionarios, asesores y no sé cuántos calificativos más detentaban, que trataron de convencer al auditorio que la ley antiterrorista no sería jamás aplicada a las protestas de pobladores por el respeto a los derechos humanos, sino que sólo se aplicaría a los estafadores y financistas que aterrorizan a la población con sus maniobras financieras y lavado de divisas. Días pasados, en Catamarca le aplicaron estas leyes antiterroristas a un grupo de detenidos porque cortaban el acceso de camiones a las minas extractoras de oro a cielo abierto. Dichos detenidos no hacían más que defender el derecho a la vida y la salud del medio ambiente y por tal motivo los enmarcan como violadores del Código Penal y sus modificatorias antiterroristas. Ahora bien, ¿acaso no es terrorismo entregar enormes extensiones de montañas, glaciares, tierras y caudalosas fuentes de agua en la frontera con Chile a una empresa multinacional para que haga su negocio y con pleno ejercicio de soberanía sobre las mismas, y exentas de impuestos en perjuicio del medio ambiente y los derechos y la nacionalidad de sus habitantes? ¿No es terrorismo delegar poderes extraordinarios al Poder Ejecutivo por parte del Legislativo en violación de la Constitución Nacional? ¿No es terrorismo pagar a la enorme masa de jubilados un mínimo que no alcanza ni para remedios? En función de una gobernabilidad que hace pagar al pueblo las consecutivas crisis económicas que produce un sistema caduco, mientras funcionarios, y la superestructura que los sostiene sigue su carnavalesco enriquecimiento, en tanto por abajo la miseria del pueblo aumenta. ¿Parará algún día este injusto mecanismo? Si no para, habrá que pararlo sí o sí y a pesar de las leyes antiterroristas.
