Los 29 acusados por la tragedia de Once comenzaron a ser juzgados

Los ex secretarios de Transporte de la Nación Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, los empresarios del grupo Cirigliano y el maquinista Marcos Córdoba comenzaron a ser juzgados ayer por la tragedia del tren de la estación porteña de Once, en una audiencia monopolizada por la presencia de familiares de las víctimas y su reclamo de justicia.

Al banquillo de los acusados llegaron 29 procesados, entre los funcionarios de Transporte; Sergio, Mario y Roque Cirigliano, ex directores de lo que fue la concesionaria del servicio del Ferrocarril Sarmiento, y el maquinista que conducía el tren chapa 16 a las 8.30 del 22 febrero de 2012, cuando chocó en la estación de trenes de Once y causó 51 muertos.

Minutos antes de las 11.30 el presidente del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Tassara, dio por abierto el debate y comenzó la lectura del requerimiento de elevación a juicio del fiscal de Instrucción Federico Delgado.

La sala ubicada en el subsuelo de los tribunales de Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro, estaba colmada de familiares y sobrevivientes ubicados detrás de un blíndex que los separaba de los acusados.

"Los funcionarios, privilegiando los intereses del concesionario, se limitan a llenar papeles para que formalmente los pasos parecieran cumplidos y así permitir los desembolsos", acusó Delgado en su dictamen del 23 de enero de 2013 al pedir el envío del caso a juicio oral en relación al manejo de los subsidios por parte de la concesionaria Trenes de Buenos Aires, a manos de los Cirigliano.

Los procesados escucharon la lectura sentados juntos, detrás de sus abogados defensores, con excepción del maquinista Córdoba, quien se ubicó más adelante junto a su abogada Valeria Corbacho. El primero en arribar a los tribunales fue Schiavi, quien entró por la puerta principal del edificio y aseguró que estaba "tranquilo". Los demás fueron accediendo al lugar por ingresos laterales, mientras que Córdoba pasó desaparcibido cuando arribó con su familia y su abogada a la sala de audiencias.

En su dictamen Delgado aludió a la falta de inversiones de la empresa TBA, una situación que creó "una bomba que podía explotar en cualquier momento" con "evidente complicidad de los funcionarios" que según el fiscal actuaron "privilegiando los intereses del concesionario".

"El tren siguió siempre abrazado a los vientos de la fortuna que el 22 de febrero cambiaron de dirección", sentenció.

Entre 2003 y 2010 TBA recibió 1.924.625.755,67 pesos en subsidios, según la acusación.

Los empresarios Cirigliano "dejaron a un lado el contrato. Al dejar de lado el contrato se olvidaron del servicio. Al olvidarse del servicio no invirtieron. Como no invirtieron la situación se asemejaba a una bomba que podía explotar en cualquier momento. Ello ocurrió el 22 de febrero de 2012".

Sobre Córdoba, Delgado consideró que "admitió la materialidad del hecho que trajo aparejada la violación del deber de cuidado que lo envolvía como conductor" y afirmó que conducía a una "velocidad excesiva".

Desde primera hora de la mañana, los familiares comenzaron a pegar fotos de algunas de las 51 víctimas en las rejas de acceso al edificio, mientras otros aguardaban en el pasillo del Tribunal Oral Federal 2, en el sexto piso.

Apenas abierta la audiencia, el Tribunal informó que quedaron tres grupos de querellas de familiares de víctimas y sobrevivientes, luego de que anteayer otras dos notificaron su decisión de retirarse del juicio por un arreglo económico al que arribaron con TBA.

Al juicio llegaron unos 47 damnificados representados por el abogado Javier Moral, otro grupo a cargo del letrado Gregorio Dalbón y una veintena representada por la querella de la familia del fallecido Lucas Menghini Rey.

La acusación estará a cargo además del fiscal de juicio Fernando Arrigo, a quien la Procuración General de la Nación asignó un equipo de apoyo.

El Tribunal está integrado por Tassara y los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu.

Todos los acusados podrían recibir condenas de hasta seis años de prisión de cumplimiento efectivo, procesados por "defraudación a la administración pública" y "estrago culposo".