La ejecución del presupuesto 2026 de la Administración Pública Nacional (APN) fue del 67,4% al 31 de agosto. Es decir, 12,3 puntos porcentuales por encima de lo que se había gastado durante el mismo período del año pasado. Se trata del mayor nivel de ejecución del gasto desde 2016. Según el análisis de la Asociación Argentina del Presupuesto y la Administración Financiera Pública (Asap), esta evolución anticipa la necesidad de incrementar los créditos presupuestarios, “mediante una nueva ley o mediante un DNU”.
“Dado que la necesidad de incrementar el monto total del presupuesto en algún momento del año se viene manifestando desde hace varios meses, la ampliación de créditos mediante un decreto podría resultar cuestionable desde el punto de vista institucional, ya que no parece responder a una situación repentina o imprevisible, sino a una insuficiencia de créditos que había sido advertida con anterioridad”, observó la entidad.
La Asap había advertido en febrero que los créditos presupuestarios se iban a “quedar cortos” para financiar el gasto presupuestado. El problema se originó en el optimismo de las proyecciones en las que se basó el equipo económico para confeccionar la ley de leyes de 2026. Por ejemplo, previó una inflación de 10% y terminará cercana al 30%. También pronosticó un crecimiento del 5,4% del PBI pero ahora los analistas estiman un 2,1%.
Estimar un tercio de la inflación que va a haber en realidad y una expansión económica de más del doble indujo a presupuestar menores gastos y mayores ingresos fiscales.
Quedarse corto
En definitiva, el gobierno está gastando más plata que el año pasado, por efecto del mayor peso que tienen las partidas del presupuesto que se indexan por inflación. Como resulta muy difícil compensar con recortes en las partidas que no tienen ajuste automático, economistas evalúan que en breve las autoridades económicas van a tener que “recargar” la columna de los créditos presupuestarios para que no se agoten antes del 31 de diciembre.
Como se quedó corto, algunos analistas prevén que el gobierno no va a poder cumplir con la meta de superávit fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Si bien la meta indicativa es del 1,4% del PBI, en términos concretos tiene que reunir $16,2 billones. Ese número concreto es el que tiene que alcanzar y hasta julio sumó $10 billones.
Si se tiene en cuenta que en diciembre el resultado es deficitario debido al pago de aguinaldos, entre agosto y noviembre deberían sumarse casi $ 1,5 billones de superávit mensual en promedio. Pero como la recaudación fiscal viene en caída, en realidad se deberían juntar $ 1,75 billones por mes para cumplir.
Intereses bajo la alfombra
El gobierno de Javier Milei estableció un cambio importante en los instrumentos financieros que usa para renovar vencimientos en pesos luego de que el Tesoro asumiera el total de la deuda que antes tenía el Banco Central. Emplea desde abril de 2024 letras y bonos capitalizables. Los intereses que generan contablemente no figuran como gasto financiero y, por lo tanto, no afectan al resultado. No obstante, los intereses pasan a ser nueva deuda al vencimiento y se rollean.
En ese sentido, Asap aclaró que “si esos instrumentos tuvieran el esquema más convencional, con intereses que se pagan y registran durante el plazo en que está vigente la deuda, el resultado financiero dejaría de ser de equilibrio para ser un resultado de carácter deficitario”.
El próximo martes 15 de septiembre, el gobierno mandará al Congreso el proyecto de presupuesto 2027 y serán clave algunos números importantes sobre lo que está viendo para el año electoral. En principio, la estimación de la inflación.
