Las Malvinas y el pasaporte de Cobos
Reflexiones, por Marcelo Kohen / Profesor de Derecho internacional. ¿Debe cuestionarse o aprobarse el viaje del ex vicepresidente de la Nación a las islas del sur? El autor del presente artículo, desde Ginebra, donde es docente, da su mirada profesional y argumentos jurídicos y políticos sobre el tema.
10 de julio 2014 · 01:00hs
El viaje a las Malvinas del diputado nacional y precandidato presidencial Julio Cleto Cobos despertó una gran polémica. No es mi intención analizar el objetivo político de dicho viaje. Tampoco la compañía que el personaje político eligió para hacerlo. Me preocupa cómo el debate generado por dicho viaje puede ser utilizado por la potencia ocupante.
El precandidato Cobos declaró que durante su campaña electoral iba a recorrer todo el territorio nacional y que para ello comenzaba por las Malvinas. Nada más irreprochable que ello. Para hacerlo fue con su pasaporte argentino en el que se le estampó un sello que dice "Immigration Falkland Islands". En virtud de la Declaración argentino-británica del 14 de julio de 1999, los ciudadanos argentinos pueden viajar a las islas Malvinas presentando su pasaporte, el que es sellado de la misma manera que el de cualquier otra persona que llega a las islas ¿Significa ello reconocer la pretendida soberanía británica o perjudicar la soberanía argentina? De ninguna manera. Aunque el trámite sea desagradable, lo único que se reconoce es lo evidente: que es el Reino Unido quien ejerce el control de facto del territorio litigioso. Lo mismo ocurre en cualquier otro lugar del mundo en el que existe una controversia territorial y una de las partes se encuentra en posesión del territorio y la otra no. A ningún palestino se le ocurrirá pensar, por ejemplo, que está reconociendo la legalidad de la presencia de Israel en Cisjordania porque usa cotidianamente el shekel israelí para sus transacciones, o porque utiliza para trasladarse un permiso emitido por la autoridad militar israelí de ocupación. Lo mismo vale para con los diplomáticos de terceros países acreditados ante el gobierno palestino, quienes deben contar también con una autorización israelí. El caso Malvinas es el de un territorio cuya soberanía es argentina pero quien ejerce las competencias estatales es la otra parte de la controversia: el gobierno británico. El acuerdo anglo-argentino del 14 de julio de 1999 se celebró bajo la fórmula de reserva de posición sobre soberanía (el famoso "paraguas"). En este ámbito, como en todos los demás en los que se celebren acuerdos bajo esta fórmula, nada de lo que se realice implica aceptar la posición de una u otra parte. Sin este tipo de cláusulas, nada podría hacerse materialmente para acercar las islas al continente mientras dure la controversia. Las posiciones extremistas, bajo un aparente principismo, favorecen a la otra parte: quien controla el territorio es quien desea el statu quo. Y que la otra parte tenga la menor presencia posible. Tales posiciones falsamente de principio equivalen a dejarle las manos libres al gobierno británico en el territorio litigioso hasta la solución de la controversia.
El gobierno de Néstor Kirchner, con toda razón, denunció la declaración Di Tella-Rifkind sobre "la cooperación" (sic) en materia de actividades hidrocarburíferas del 27 de septiembre de 1995. Era una manera de levantar las dificultades jurídicas para que los británicos exploten el petróleo. Con toda razón también, el gobierno de Néstor Kirchner no hizo lo mismo con la Declaración Di Tella-Cook del 14 de julio de 1999. Esta última rompió con 17 años de prohibición para el ingreso de los ciudadanos argentinos a las islas y estableció el sistema de ingreso con pasaporte. ¿Qué el sistema imperante entre 1971 y 1982 para el tránsito entre el continente y las islas era mejor, pues no se requería pasaporte? Sin duda alguna y puede lamentarse que haya dejado de aplicarse desde 1982. También es evidente que hoy es irrealista volverlo a implementar. Lo que es fundamental es que la presentación y el sellado de pasaporte para ingresar a las islas no constituye reconocimiento alguno de soberanía, ni de la existencia de una tercera parte en la controversia. Tampoco es una medida discriminatoria: toda persona que entra y sale de las islas, incluso los ciudadanos británicos, deben presentar pasaporte.
La realidad es que quienes no desean que haya contactos entre los argentinos del continente y los isleños son los sectores más recalcitrantes de la élite que controla la economía y la vida de las islas. Por eso no extraña que los mismos que denuncian que la Argentina ha instaurado un "bloqueo" en las islas hayan rechazado la propuesta de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner de instaurar vuelos de Aerolíneas Argentinas entre Buenos Aires y las islas.
Ahora bien, en materia de viajes a las islas, ¿es diferente la situación de Cobos, porque es diputado nacional? No. Los legisladores nacionales no deben privarse de su derecho de recorrer el territorio nacional, aun el ocupado por una potencia extranjera. Aunque deban someterse para ello al desagradable trámite migratorio de la potencia colonial. No incurren en reconocimiento alguno de la posición británica ¿Qué pasaría, por ejemplo, si los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores decidieran tener una reunión en las Malvinas en una sala alquilada en un hotel de las islas? El problema -el serio problema- sería británico, no argentino.
¿Puede un legislador argentino encontrarse con miembros del "Gobierno de las Islas Falkland"? Una cosa es pedirle una entrevista al gobernador designado en Londres por el gobierno de Su Majestad Británica, y otra es encontrar representantes de la población de las islas. Existe aquí otra pista que debe ser utilizada. Ni política de seducción "ditellista" ni negación de la existencia de los isleños. Una cosa es un ciudadano británico llegado desde Londres que luego pretende ser "legislador isleño", y otra es una persona nacida en las islas, que podría ejercer su nacionalidad argentina como cualquiera que haya nacido en el continente. Si el mandato constitucional y las resoluciones de la ONU imponen "el respeto del modo de vida de sus habitantes", no es temerario encontrar a sus representantes para discutir de dicho respeto en el marco de la solución de la controversia. Aunque no sean una tercera parte en la disputa de soberanía, la cual tiene solo dos: la República Argentina y el Reino Unido. Aunque no se los reconozca como miembros de una "Asamblea Legislativa" elegida sobre la base de un sistema que impone la ciudadanía británica para elegir y ser elegido.
La élite de las islas y los intereses económicos que la sostienen en Londres no quieren contactos humanos, comerciales y de transporte con el continente argentino. Porque saben que dichos contactos rompen la imagen de la Argentina que difunden y llevan a lo que inexorablemente temen: la solución de la controversia. La política de auto-aislarnos de las islas sólo favorece a la otra parte en el conflicto, que desea fervientemente unas islas comunicadas con todo el mundo exterior, salvo la Argentina. Para ello trabajan inteligentemente a nuestros vecinos, a quienes les proponen hacer negocios, aunque mantengan su posición de apoyo a la Argentina en la cuestión de soberanía.
Exigir en todos los foros internacionales el cumplimiento por el Reino Unido de las obligaciones de poner fin a la situación colonial y de resolver las disputas internacionales por medios pacíficos es indispensable. Utilizar todos los medios disponibles para alcanzarlo es una exigencia. Tener una política inteligente hacia los verdaderos isleños es otra. Ambas no son excluyentes. En controversias internacionales, y no sólo en ellas, el uso de la inteligencia es tanto o más importante que la pasión que se pone en defender sus derechos. Que Cobos no tape el bosque.