Le tocaron la puerta la tarde del lunes 2 de noviembre, salió a abrir y escuchó la voz recia de un hombre con la cara tapada con una prenda. “Rajate de acá, te damos hasta mañana. Si no te vas empiezan los tiros y los matamos a todos”. El destinatario de la amenaza es vendedor ambulante de huevos y por eso lo conocen como Huevero. Vive en una casa precaria en Medina al 6700, en el extremo sudoeste de Rosario, y decidió aguantarse el miedo, por lo que no se fue a ningún lado. Al día siguiente su casa fue rociada de varios balazos.
Entre el 2 y el 4 de noviembre, hace dos semanas, en esa cuadra del barrio Tío Rolo fueron usurpadas cinco casas con idéntico mecanismo brutal. Algunos vecinos se habían animado a llamar al 911 para contar lo que les había pasado, pero aunque sabían muy bien quiénes eran los usurpadores no los identificaron, dados los riesgos de hacerlo. Cuando a partir del día 3 se produjeron los desalojos por la fuerza las víctimas, que ya no tenían nada más que perder, irrumpieron enardecidas en la comisaría 33ª. Eran 20 personas adentro de la seccional echando en cara a la policía que no habían hecho nada por ellos.
Estas historias de pesadilla se repiten hace años en barrios vulnerables. Lo más terrible es que las historias de muchos que fueron forzados al éxodo quedan sin reparación y sin ser contadas. En el caso de Tío Rolo pudo iniciarse un proceso que derivó en la detención de cuatro personas, pertenecientes a dos familias originarias de Villa Gobernador Gálvez, los Ferreyra y los Capiaqui, muy conectadas al mundo del delito. Estas personas fueron llevadas a audiencia imputativa el 5 de noviembre por el fiscal César Cabrera que las acusó por cinco hechos de amenazas coactivas por el uso de arma, que significaron la toma de cinco viviendas. El juez Manuel López Quintana les dictó prisión preventiva con un plazo que vence el miércoles próximo.
Antes, el 21 de septiembre, a una de las familias de la zona le había pasado lo mismo. Sus nombres se preservan. La que habla es la dueña de casa y lo que dijo consta en el Centro Territorial de Denuncias del Distrito Sudoeste. “Alrededor de las 21 estaba en mi casa con mi marido y mis hijos de 12 y 14 años. Llamó alguien que se encontraba encapuchado, por lo que le advertí que no saliera, pero mi esposo salió. El encapuchado tenía un arma de fuego, le apuntó y le pidió las llaves de la casa y la casa misma. Dijo que de lo contrario volverían hoy (por el 22) y matarían a toda la familia. Alrededor de las 23, escuchamos tiros que perforaron la parte trasera de mi casa. Al sujeto que me amenazó no lo conozco”.
Es de pensar que sí lo conocía, pero que por razones elementales no dijo el nombre. Es que las víctimas de estos casos caminan en el filo de un dilema agobiante: si no denuncian los usurpadores concretan sus propósitos sin trabas, si los delatan se exponen a la represalia segura.
“Al frente”. De hecho, cuenta el fiscal Cabrera, después de que pasó la audiencia en Tribunales contra los usurpadores de la casa de “Huevero” y sus vecinos, que fue el pasado viernes 5, la policía detuvo a un hermano de uno de los que habían ido presos, que llegó a amenazar con un arma de fuego a los desalojados por “mandar al frente” a aquellos. Este hombre fue acusado por el fiscal José Luis Caterina y también quedó preso.
El sustrato de estos graves incidentes que en Rosario tienen ejemplos muy desperdigados es una situación de indefensión en entornos degradados y degradantes, con personas confrontadas a muy difíciles condiciones de vida, en zonas donde se mezclan pobreza y delito tan precario como violento.
El problema no es ausencia del Estado: esta situación pudo conocerse justamente por la presencia y la labor de los operadores territoriales de la Secretaría de Seguridad Comunitaria, que les dejan sus teléfonos particulares a los vecinos para que los llamen incluso de madrugada. O los trabajadores de los centros de salud o de los Centros de Convivencia (ex Crecer) que advierten hacia arriba sobre el tenor de los conflictos. El punto de quiebre es, en realidad, que el Estado está presente de un modo ineficaz, en tanto rige la dificultad para articular entre sus distintas instituciones una estrategia que permita desnudar los actos violentos sin exponer a las víctimas. Los fiscales para que los jueces les autoricen medidas, como órdenes de allanamiento, necesitan comprensiblemente tener nombres señalados por alguien. ¿Pero qué víctima lo haría cuando es al precio del riesgo de vida?
“Estamos frente a un delito dinámico, mutante y ágil. Con la policía adecuando las situaciones a su conveniencia, que suelen ser las de los pactos que tienen con emergentes delictivos del territorio. Entonces no se puede trabajar sentado en un escritorio esperando el informe policial porque la comisaría muchas veces regula los ilícitos de su zona, como se acaba de ver en la sub 26ª, donde cayó la cúpula por todo tipo de cosas, hasta el robo a un banco de General Lagos. No se puede suplantar a la policía pero hay que trabajar de otra manera para que el fiscal pueda avanzar”, dijo un operador barrial de Seguridad Comunitaria. Un concepto que refrendaron ante este cronista esta semana los agentes territoriales del Centro de Asistencia Judicial (CAJ) que trabajan con las víctimas.
El escenario donde ocurrió esto es una cuadra sin alumbrado público a la altura de Avellaneda al 6700. Al día siguiente de los desalojos de sus dueños dos de las casitas tenían el cartel de “se vende”. Tres de las casas son contiguas y las dos restantes están enfrente. El momento del apoderamiento de la casa es para quienes son corridos de una violencia material y subjetiva pavorosa. En uno de los incidentes dos mujeres usurpadoras, según los denunciantes, echaron combustible y prendieron fuego a la puerta de una casa.
La detención de las cuatro personas permitió que se recuperen, hasta ayer, cuatro de los cinco lugares usurpados. El propósito de apropiar casas que están pegadas tiene una lógica económica, coinciden tanto en la Fiscalía Regional Rosario como en Seguridad Comunitaria. “Se ocupa más terreno para el que esté dispuesto a pagar por un predio más grande”.
“Son casos difíciles de probar, salvo porque a las personas acusadas fueron sacadas de casas que no eran de ellos, y en definitiva señaladas en denuncias cuando las víctimas ya habían perdido sus viviendas. Pero la amenaza es un delito complicado de probar, es una palabra contra otra, por lo que los plazos de prisión preventiva son cortos. Y para cuando las personas acusadas obtengan la libertad se demanda un gran trabajo a fin de que el conflicto no rebrote. Lo principal es que los detenidos no puedan volver al barrio”, dijo el fiscal Cabrera a La Capital.
“Este es un momento bisagra para llamar la atención sobre la propagación de este triste fenómeno”, advierte un asistente técnico del Ministerio de Seguridad que está asignado al Distrito Sudoeste. “Los hechos son constantes. Y las víctimas se quedan muy solas y no denuncian por miedo. En el Caso de Tío Rolo ya está preparado que los acusados vayan a asentarse a otro lugar de la zona sur. Pero los casos se multiplican, como ocurrió hace días también en Nuevo Alberdi.
