Bajo un manto de críticas de agrupaciones sociales y políticas a la medida judicial que frenó el protocolo para la atención de abortos no punibles en la provincia, la Casa Gris apelará entre hoy y mañana la resolución que dictó un juez santafesino frente a un planteo del Partido Demócrata Cristiano (PDC). Mientras la disputa legal avance, regirá una guía previa de 2007 "que no es muy diferente de la actual", según indicó el ministro de Salud provincial, Miguel Cappiello, al garantizar que habrá acceso a ese derecho en los centros asistenciales públicos.
La suspensión de la guía técnica dispuesta a través de una medida cautelar seguirá en pie hasta que un tribunal superior se pronuncie sobre el tema, un asunto que la misma Corte Suprema de la Nación abordó dos veces este año y que resolvió en favor de garantizar la práctica.
La traba judicial cosechó cuestionamientos de distintos sectores por afectar una práctica reconocida en el artículo 86 del Código Penal desde 1921, que autoriza el aborto frente a riesgos para la vida o casos de violación. En el aspecto técnico legal, las voces críticas señalaron que el dictamen no adhirió a los lineamientos del máximo tribunal. Y que no se limitó a atacar el protocolo de abril pasado sino que directamente puso en duda la constitucionalidad del aborto no penalizado en casos de violación.
En ese clima, la provincia resolvió apelar la medida para que la diferencia sea resuelta por la Cámara Civil. Los equipos jurídicos preparaban ayer los argumentos de la impugnación, a presentar entre hoy y mañana.
"Estamos trabajando en la apelación con varios fundamentos. Uno es que la vía para discutir esas cuestiones no es el amparo, y mucho menos una cautelar. Y otro es que existen precedentes de la Corte nacional, que se pronunció sobre el tema", dijo Juan Pablo Cifré, de la Fiscalía de Estado.
Entre los argumentos figura lo expresado en mayo por un magistrado Civil rosarino, que rechazó una presentación similar de la abogada Nereida Brumat Decker, miembro de la Red Federal de Familias y "militante pro vida". Por entonces, el juez de Circuito Daniel González no hizo lugar al reclamo por cuestiones técnicas, al no encontrar elementos que lo respalden.
"La medida se va a impugnar, pero eso no implica que se suspenda la práctica. Sólo se interrumpe el protocolo y se remite al de 2007. En aquel momento no estaba la objeción de conciencia ni el consentimiento informado. Son diferencias mínimas que se pueden resolver", aclaró Cappiello, quien animó a "respetar las diferencias" para no llegar a casos como el de Ana María Acevedo, "quien murió por no poder acceder al aborto no punible ni al tratamiento por cáncer".
Rechazo en bloque. La medida de la controversia fue dictada por el juez Civil y Comercial santafesino Claudio Bermúdez, quien suspendió en parte el protocolo.
No restringió la realización de abortos cuando impliquen riesgo para la vida, pero sí en hechos de violación. Cuestionó que la guía técnica sólo requiera una declaración jurada de la mujer para realizar el aborto en esos casos.
El juez dijo ayer a LT3 que "no bastará como hasta ahora la declaración jurada sino que se requerirá la autorización de un magistrado", un aspecto que era materia de opinión.
La diputada del Partido SI e integrante del Frente Progresista Alicia Gutiérrez, quien intentó sin éxito entrevistarse con el Bermúdez, dijo: "El juez desconoce a la Corte e impide que una mujer violada pueda acceder a un aborto no punible, lo cual es grave porque atenta contra la salud pública. La Democracia Cristiana está limitada a rescatar propuestas religiosas fundamentalistas".
"Menos mal que no hay ninguna mujer esperando que le realicen la práctica en Santa Fe. Los grupos fundamentalistas no reconocen las instituciones que amplían derechos. Esta es una cuestión más religiosa que judicial: pretenden imponer una concepción particular a toda la sociedad", opinó Mabel Gabarra, abogada e integrante de Mujeres Autoconvocadas de Rosario.
Las organizaciones de mujeres de toda la provincia repudiaron la medida y destacaron que, pese al freno, la práctica sigue vigente en Rosario, donde dos ordenanzas municipales la avalan con la simple firma de una declaración jurada.
Según Gabarra, la cautelar ataca la forma para objetar el fondo. "El juez se escuda en un reglamento pero lo que cuestiona es el aborto no punible, que según la misma Corte respeta tratados en materia de derechos humanos", advirtió.
