"La muerte de Camino es un coletazo del crimen organizado"

El ministro de Justicia de la provincia, Héctor Superti, adhiere a la hipótesis de que el asesinato de Roberto Pimpi Camino no es un delito coyuntural sino que deriva del crimen organizado. Planteó que desactivar este tipo de criminalidad compleja supone el compromiso de todos los poderes del Estado. Y ante las sospechas de las vinculaciones de la policía con el hecho que investiga la propia fuerza, sostuvo que a la pesquisa se puede sumar la cooperación de otros organismos de seguridad que tiendan, a la vez que contribuir con aportes, a controlarse mutuamente.

En este sentido, Superti sostuvo que a su criterio la investigación debe encararse "no viendo el árbol sino viendo el bosque". Es decir que "se debe tender a una pesquisa centralizada que evite que si aparecen imputados con delitos previos el hecho nuevo —la causa del homicidio de Pimpi— pase al juzgado anterior provocando demoras". También le preguntaron al ministro si en la historia de Camino el árbol que tapó al bosque había sido la actuación policial y de la Justicia.

"Yo quiero decir que en esta gestión, cuando Camino fue imputado de un delito y estuvo prófugo, se lo ubicó, se lo detuvo, se lo sometió a juicio. Terminó condenado y cumplía el último tramo de la pena en libertad. Esto significa que el sistema reaccionó. Y eso lo hizo el Poder Judicial con la policía", señaló Superti.

No obstante esa admisión, el ministro reservó una fuerte crítica a la actuación judicial respecto a la causa por homicidio en la cual está involucrado Chamí, uno de los hijos de Camino. "Estuvo mucho tiempo parada en Tribunales sin explicaciones", dijo. Se refería al asesinato de Sebastián Galimany, ocurrido en Grandoli y Olegario Víctor Andrade en enero del año pasado, donde un testigo que resultó herido señaló como autor a Jonathan Camino, de 18 años. Pese a que el testigo aportó muchos detalles la causa no avanzó hasta 14 meses después, cuando hubo un reconocimiento contundente que lo dejó preso.

"La causa se activó a partir de una intervención de nuestro ministerio donde se asistió a la víctima. Ahora la persona está detenida, se protegió al testigo, se hizo el reconocimiento y dio positivo. Es decir que se están tomando medidas que avanzan en cuanto a investigar estos hechos. Pero hay que seguir profundizando la investigación como se debe hacer ante hechos de crimen organizado", explicó el ministro de Justicia.

La idea de que el accionar de Camino fue posible durante años merced a la tolerancia policial fue recurrente en la rueda de prensa. "En todas las policías del mundo puede haber empleados que delinquen. El problema es cuando la corrupción se instala y es estructural. Para reaccionar ante esto se convocó a los tres poderes y creamos una Secretaría de Control de las Fuerzas de Seguridad y pedimos que una comisión legislativa bicameral la controle. Y le pedimos al procurador de la Corte (Agustín Bassó) que declare que estas cuestiones sean de prioridad en la persecución penal", dijo Superti.

El ministro adujo que desde su cartera ya se le requirió a Bassó ante hechos delictivos de gran conmoción —por ejemplo el asesinato de Walter Cáceres en febrero pasado en el atentado a un micro de hinchas de Newell’s— que genere un equipo de fiscales que investigue. "Hasta ahora no hemos recibido respuestas positivas. Pensamos que los tres poderes tienen que trabajar juntos en ese sentido", subrayó.

—¿No es preocupante que el crimen de Camino sea investigado por una policía sospechada de tolerar sus acciones?

—Es bueno preguntar quién investiga al que investiga. En este caso creo que la estrategia debe pasar por la selección de grupos de trabajo investigativo que estén lo más alejado posible a los hechos. Incluso recibir la cooperación de otro tipo de fuerzas como por ejemplo la Gendarmería que tiene un gabinete criminológico interesante. Lo importante es encarar esto como un desafío complejo que reclama el accionar de los tres poderes del Estado.