La nueva ley de semillas que prepara el gobierno nacional fue uno de los temas centrales del III Congreso nacional e internacional de agrobiotecnología, propiedad intelectual y políticas públicas organizado en Rosario. En ese marco, no fueron pocas las voces que alertaron sobre el "peligro" que significa armar una legislación a medida para los grandes jugadores del sector, que en este caso se resumen en el nombre de Monsanto.
Como pasa con Voldemort, el señor tenebroso de la saga de Harry Potter, casi nadie quiere nombrar de manera directa a la gran multinacional, aunque todos apuntan los dardos hacia ese lado.
Una de las voces más claras en contra del actual proyecto que se maneja desde el Ejecutivo fue la de Miguel Campos, quien fue secretario de Agricultura de la Nación entre 2003 y 2007 y uno de los encargados de armar la defensa del Estado argentino en los juicios que lo enfrentaron con la firma estadounidense, que impedía la llegada de buques con harina de soja argentina a Europa al reclamar el pago de regalías. "Tenemos que estar atentos no tanto a la letra de la nueva ley, sino a su espíritu, que tiende hacia la patentabilidad horizontal en beneficio de algunas empresas", señaló el ex funcionario, para quien en realidad el tema se corregiría "con una adecuación y correcto control tanto del concepto de uso propio, como del de las regalías extendidas".
"El obtentor debe obtener un beneficio, y el productor debe poder utilizar su propia semilla siempre que sea para la misma área que cuando la compró. Se trata de una cuestión cultural y de capacitar tanto a los propios productores como a las empresas para que se respete eso", sintetizó.
Críticas al modelo.Campos, hoy consultor privado, criticó el modelo agropecuario actual que sólo trabaja con "soja sobre soja", lo que le quita sustentabilidad y perspectiva de desarrollo.
"Seguimos un camino equivocado porque todos miramos sólo el corto plazo, y esa búsqueda de plata inmediata por parte de todos los actores nos hace andar un camino no sustentable", alertó quien formara parte de la primera gestión kirchnerista.
En un registro de análisis más estructural, también señaló que existe un nuevo paradigma mundial muy favorable para el perfil productivo del país aunque todavía queda mucho por hacer, ya que Argentina "sólo produce en tierras de altísimo valor".
Campos aseguró que la ley de semillas necesita una modernización, y defendió el derecho de los obtentores de recibir una remuneración por su trabajo "sea cual fuere el método que se utiliza para el mejoramiento genético".
"El mejor método para lograr una remuneración justa y un beneficio para todos es comprando la bolsa con las semillas certificadas porque el obtentor, como todos, debe cobrar por su trabajo, no pasa por la patentabilidad sino que se trata de algo cultural", afirmó.
"Todo agregado de valor mediante la incorporación de genes debe ser reconocido mediante algún tipo de remuneración o regalía, tan sólo con el registro de la nueva variedad, híbrido o evento, más allá de su patentabilidad".
El uso propio. El consultor subrayó que en la actualidad el concepto de uso propio "se aplica mal", por lo que "hay que volver a pensar cómo se define porque está malinterpretado y eso lleva a la multiplicación y a la venta ilegal de las semillas".
Ese abuso es el que genera, según explicó, el mal uso del concepto de regalía extendida. "Precisamos un mayor poder de policía en el Inase para culturizar los dos conceptos". Es que según su visión, con esos dos cambios —adecuar y limitar los alcances tanto del uso propio como de las regalías extendidas— alcanzaría para poner a punto la legislación sobre el sector y entrar en una nueva ley de semillas moderna en la que se evitaría el debate sobre el patentamiento, algo sobre lo cual dijo estar "en contra".
Opinó que intentar legislar para obtener beneficios diferenciales en los transgénicos "desmerece" la propia historia local en desarrollos científicos y genéticos. "Hay que recordar que cuando se liberó la soja RR en 1996, en Argentina ya existían más de 200 variedades de soja testeadas en las diferentes regiones, y que sirvieron de base genética para incorporar esta nueva tecnología", agregó.
De respetarse de manera adecuada el alcance y la aplicación de estos dos conceptos, podría ampliarse y mejorarse la "democratización" del acceso a las nuevas tecnologías por parte de una mayoría de los productores.
"Lo grave es que con lo que tenemos ahora no gana nadie, sólo ganan las empresas que tienen cartelizada la venta de semillas transgénicas", denunció, algo que —explicó— se podría corregir si se aumenta el número de actores en el mercado y se recupera la memoria genética de lo que se desarrolló en el país. •