La ciencia y una reparación histórica

La última dictadura militar que impuso el terrorismo de Estado en la Argentina —y de cuyo inicio mañana se cumplen 38 años— no sólo dejó huellas a través de la represión y la desaparición de personas en la memoria política sino que además desmanteló el desarrollo de la ciencia y la investigación pensadas como herramientas de transformación de la Nación.

A casi cuatro décadas del inicio de esa etapa, dos organismos públicos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y el Conicet, firmaron un convenio que compromete a ambos a reparar la memoria institucional sobre lo ocurrido entre 1976 y 1983.

El ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela señaló que "los hacedores de la peor dictadura que vivió la Argentina entre 1976 y 1983 socavaron el pensamiento crítico, la investigación y los proyectos de la ciencia y la técnica, la agenda de transformación de la nación por la que trabajaban nuestros compañeros".

Si se consideran las cesantías previas al golpe y las que sucedieron después, el número total de personas afectadas en el Inta asciende a 794, casi una quinta parte de la planta de entonces. Además, se conocen ocho profesionales entre desaparecidos y asesinados, cerca de 800 cesanteados y una larga lista de investigaciones del instituto que fueron archivadas o destruidas como parte de la política de represión ejercida durante el último gobierno militar en la Argentina.

Luego de destacar que este convenio acompaña la política de derechos humanos que lleva a delante el gobierno nacional desde 2003, el ministro agregó que acompañará a los titulares del Inta, Francisco Anglesio, y el Conicet, Roberto Salvarezza, en este camino.

La firma del convenio se realizó en la sede del Inta en Buenos Aires, momento en el cual Anglesio sostuvo que esta investigación en la que se compromete la institución "es un trabajo que nos devuelve el conocimiento de muchas cosas que se han perdido".

Consideró que la dictadura no sólo afectó la desaparición de los trabajadores: "La realidad es que también atacaron fuertemente la política que se desarrollaba, el daño que nos hicieron como sociedad, nos sacaron las líneas de investigación y articulación, nos sacaron el eje de lo que teníamos".

Por su parte, Salvarezza dijo que "esta investigación va a ser un instrumento que nos va a permitir no sólo mirar hacia atrás sino mirar hacia delante".

El convenio formaliza un proyecto de investigación de Cecilia Gárgano, historiadora del Conicet y del Centro de Estudios de Historia de la Ciencia y la Técnica José Babini, de la Universidad Nacional de San Martín, quien reconstruyó tanto la historia del terrorismo de Estado dentro del Inta como los cambios en las agendas científicas que produjo la dictadura cívico-militar en el organismo. Además compromete a las instituciones a cooperar con el mantenimiento de los archivos y documentación del Inta.

En este sentido, Salvareza explicó que "el convenio pone en relieve la articulación entre los organismos de ciencia y técnica y las universidades, convoca a Inta, Conicet y la Universidad de San Martín a trabajar juntos en esta investigación, en un acto que para nuestra institución tiene un significado especial".

Gárgano dijo que "esta investigación no se acotó por casualidad al Inta, hay tres razones: por la presencia territorial que tiene el organismo, por la relevancia en términos económicos y político históricos del agro en el país y por la magnitud de la intervención militar que se inició en 1973".

Según la investigadora, "el Inta brindó nuevas herramientas para poder identificar cómo se construyó un mapa de datos sobre los trabajadores del organismo en los años previos a la dictadura y cómo fue instrumentado durante la intervención militar".

Pero además, "brindó datos para detectar un significativo incremento de la apropiación privada del conocimiento público orientado al agro en áreas estratégicas", destacó.

Por su parte, Guido Prividera, profesional del Instituto de la Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (Ipaf) del Inta e hijo de una profesional desaparecida del organismo, agradeció a las autoridades por la firma de este convenio que "repara una gran parte de la historia de la ciencia y técnica".

Prividera consideró que el convenio "más que tener que ver con el pasado tiene que ver con el futuro y con poder pensar cuál es la ciencia y técnica que queremos, cuáles son las líneas de investigación que hay que recuperar, cuáles son las líneas de extensión que hay que recuperar y que de alguna manera nos sirve de guía a nosotros los investigadores para definir cuál es el modelo de ciencia y técnica que queremos".

Una decisión planeada. El plan que tuvo el gobierno militar fue separar el mundo académico de la realidad. "Había organismos como el Inta que trabajaban en la transferencia de conocimiento y eso se acabó con el proyecto militar", señaló Salvarezza. "Hubo una lógica, una idea central, un patrón que se ejecutó y debe quedar claro que, así como hubo un patrón de desaparición de personas, también hubo uno de desaparición de la ciencia nacional", agregó.

La comisión busca completar la lista de detenidos y desaparecidos del Inta, con un trabajo de recopilación y análisis de datos, para conocer cómo funcionó la represión dentro del organismo y cómo se modificaron las líneas de investigación, de acuerdo con las políticas agropecuarias entonces vigentes.

Además, las autoridades del Inta acompañaron espontáneamente con un «amicus curiae» la causa que lleva el juez Daniel Rafecas, para ponerse a disposición de la investigación judicial, reforzando así su intención de trabajar en la lucha por la memoria y contra la impunidad.