La Cámara Nacional Electoral (CNE) difundió ayer el cronograma para las elecciones de medio término, pero en la Casa Gris advirtieron que esas fechas podrían no ser las definitivas en función de la situación sanitaria y los acuerdos políticos que puedan construirse para postergar los comicios.
En el largo listado de fechas que subió a la web la Justicia electoral aparecen algunos puntos clave del trayecto que terminará con el recambio de la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, como el plazo máximo para inscribir alianzas (9 de junio) y listas de precandidatos (19 de junio). Las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) están previstas para el 8 de agosto y las generales para el 24 de octubre.
Sin embargo, el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad de la provincia, Roberto Sukerman, remarcó que el calendario que difundió la CNE es tentativo.
“Es algo provisorio, para organizar cuestiones administrativas, pero el gobierno podría hacer una convocatoria con plazos pospuestos hacia adelante”, dijo a La Capital el titular de la cartera política.
El problema es que los tiempos nacionales difieren de los provinciales: el límite para modificar la fecha de las Paso nacionales es el 10 de mayo; en Santa Fe —donde el que fija el calendario es el Poder Ejecutivo— el plazo vence el 10 de abril.
A pesar de la incertidumbre, en la administración de Omar Perotti aseguran que se mantendrá la tradición de los años de elecciones intermedias de pegar los comicios provinciales a los nacionales.
La Casa Gris esperará hasta el último momento, indicó Sukerman, y si para el 10 de abril no hay una definición a nivel nacional el gobierno provincial dictará un decreto que establezca que la elección de autoridades locales se realizará el mismo día que la de legisladores nacionales. Unos con la boleta única en papel, y otros —de no haber cambios— con la boleta partidaria (la llamada “sábana”).
Tensiones
Desde el año pasado, distintos actores políticos empezaron a plantear que este año se debía suspender, o directamente eliminar, las Paso. Se pusieron sobre la mesa distintos argumentos: el traslado a la sociedad de una función de los partidos, como es la definición de las candidaturas, el costo económico y la amenaza sanitaria.
Por caso, en noviembre Perotti se mostró a favor de suspender las Paso por la situación excepcional de la pandemia.
Lo cierto es que cualquier modificación de las normas electorales debe hacerse en el Congreso. El artículo 99 de la Constitución Nacional es claro: el presidente no puede modificar el régimen electoral con un decreto de necesidad y urgencia.
Incluso, el artículo 77 sube la vara: cualquier cambio debe ser por mayoría absoluta del total de los miembros de las Cámaras.
A fines de enero, el gobierno nacional incluyó en el temario de las sesiones extraordinarias un punto llamado “Emergencia Sanitaria y Calendario Electoral 2021” pero por ahora el consenso no está: rechazan el proyecto no sólo las principales expresiones opositoras sino también algunos sectores del oficialismo.
El presidente provincial del Partido Socialista, el diputado nacional Enrique Estévez, indicó que el planteo del PS siempre fue “respetar las reglas del juego, sobre todo en un año electoral”.
En este sentido, no ve muchas posibilidades a un cambio de normas. Al no tener el Frente de Todos quórum propio en Diputados, el voto de los once integrantes del interbloque Federal —al que pertenece Estévez— es clave.
Aún con sus matices, en general los miembros del interbloque acompañaron la agenda económica del gobierno pero se muestran distantes de las iniciativas institucionales. No obstante, el ex concejal rosarino dejó abierta la puerta a discutir la fecha de las elecciones si la situación sanitaria se desborda. “Estamos dispuestos a analizarlo si el escenario se vuelve más complejo”, reconoció.
Por su lado, la cuestión electoral también estuvo presente en la ronda de diálogo político que lanzó el gobierno provincial. Hasta ahora, Sukerman y el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, se reunieron con las autoridades provinciales de la UCR y el PS.
Allí ambos sondearon las opiniones y anotaron en su agenda el rechazo de la cúpula del radicalismo y el socialismo a modificar las normas electorales.
Dada la escasa cantidad de representantes que tiene el peronismo en la Legislatura —cuenta con siete bancas sobre 50 en Diputados y cuatro sobre 19 del Senado— el rechazo de ambos partidos entierra cualquier iniciativa.
Puesto clave
Pero además, en la charla con los dirigentes del PS apareció otra objeción: los dirigentes socialistas cuestionaron el nombramiento del abogado rafaelino Pablo Ayala como secretario electoral de la provincia.
No es un puesto menor: la secretaría está en la órbita del ministerio de Gobierno, el responsable del escrutinio provisorio, que se realiza el mismo día de la elección. El conteo definitivo, el que verdaderamente vale para distribuir los cargos ejecutivos y legislativos, lo lleva adelante la Justicia.
“No tenemos objeciones en términos personales sobre él —dijo en su momento a El Litoral el presidente del bloque del Frente Progresista en Diputados, Pablo Farías—, pero fue uno de los apoderados del PJ y espero que haya declinado esa función porque de lo contrario, sería incompatible. Aun así, aun cuando haya dejado de ser apoderado, objetamos esa designación porque es difícil que no se vaya a producir una confusión de intereses. No es bueno que en un año electoral la figura que tiene que garantizar la transparencia del proceso, haya sido apoderado del partido gobernante”.
“Legalmente puede que no haya impedimento, pero éticamente no corresponde”, afirmó el ex ministro de Gobierno.
Sukerman resaltó que casi un mes después de la reunión con el PS todavía no hubo ninguna presentación formal contra Ayala. “Fue solamente una cuestión mediática, discursiva —disparó—. No hay ningún planteo para hacer; además, ni siquiera ha sido apoderado del PJ, sino de listas internas del partido”.