Se reunieron con diputados y senadores en un nuevo intento por visibilizar la situación que atraviesan. Los trabajadores pidieron la intervención del ejecutivo provincial
Trabajadores de la planta de Lehmann estuvieron en la Legislatura.
Los trabajadores de Lácteos Verónica intensifican las gestiones para lograr la reactivación de las plantas de Lehmann, Clason y Suardi, con el objetivo de recuperar sus puestos de trabajo. En ese marco, este jueves mantuvieron reuniones con diputados y senadores de Santa Fe en la Legislatura provincial, en un nuevo intento por abrir una instancia de mediación con las autoridades de la empresa.
El conflicto, que ya transita carriles administrativos y judiciales sin resultados concretos, fue abordado en la comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados, y también por los senadores Felipe Michlig y Alcides Calvo. Durante los encuentros se analizaron alternativas para destrabar una situación que afecta a unos 700 trabajadores, en su mayoría radicados en la provincia.
Carlos Bersano, operario de la planta de Lehmann, explicó que solicitaron la intervención del gobierno santafesino para evitar que la empresa traslade el conflicto a juzgados de Buenos Aires. “Las plantas están en Santa Fe y el impacto es mayoritariamente provincial. Eso podría complicar aún más el escenario”, advirtió. Además, anticipó que en los próximos días presentarán una demanda por salarios adeudados y falta de aportes.
La incertidumbre domina entre los trabajadores, que denuncian la ausencia de los dueños de la firma. “No sabemos qué quieren hacer: no aparecen, no venden la empresa ni liberan la situación. Nos tienen como rehenes, sin cobrar”, señaló Bersano.
Bersano también contó que se acordó un nuevo encuentro en la Legislatura la semana que viene. Se invitará a participar a trabajadores de las tres plantas de Lácteos Verónica.
El diputado Joaquín Blanco, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, contó que los trabajadores entregaron un petitorio firmado por los vecinos de Lehmann en donde solicitan la intervención del gobierno santafesino. Como la empresa tiene su Cuit y razón social con domicilio en Buenos Aires el caso se trata en la cartera nacional de trabajo y eso hace muy complejo tener datos de cómo evoluciona todo, pero los trabajadores advierten que el 90% de los trabajadores son de Santa Fe.
“Expresamos la solidaridad desde la comisión con todos los trabajadores y vamos a insistir al ministerio de la Producción y Trabajo de Santa Fe en presionar al ministerio de trabajo nacional para buscar respuestas. Claramente hay unas situación de abandono patronal, no hay un problema con la industria. ”, resaltó Blanco.
El conflicto se inició en marzo del año pasado con pagos fragmentados, pero se agravó en enero de 2026, cuando la empresa dejó de abonar los salarios en su totalidad. Actualmente, los trabajadores reclaman el pago de medio sueldo de noviembre, los haberes completos de diciembre, el aguinaldo y los meses posteriores. La crisis trasciende a la firma y golpea de lleno a la cuenca lechera santafesina. La deuda con productores tamberos asciende a unos 60 millones de dólares, con impacto directo en una cadena productiva que incluye transportistas, proveedores y economías regionales.
En paralelo, continúan las gestiones políticas. El miércoles pasado, en Totoras, los trabajadores se reunieron con el senador por el departamento Iriondo, Hugo Rasetto. Tras el encuentro el legislador resaltó que se están articulan acciones con los ministerios de Trabajo, Desarrollo Productivo y Desarrollo Social para brindar asistencia pero advirtió que el diálogo con la empresa está completamente interrumpido: “No hay interlocución”, afirmó Rosetto en FM Nueva de Totoras. Según indicó, uno de los pocos contactos recientes estuvo vinculado a una posible venta de la firma, aunque con pretensiones económicas “dos o tres veces superiores” a su valor.
El martes, en tanto, un grupo de trabajadores participó de una reunión de la comisión de Producción del Concejo Municipal de Rosario, donde expusieron el deterioro de sus condiciones laborales en la sucursal local. Allí, el conflicto impacta sobre unos 15 trabajadores, dentro de un escenario provincial que alcanza a cerca de 700 personas.
Por otra parte, en los últimos días, la diputada nacional Julia Strada denunció posibles maniobras de vaciamiento en la empresa. La legisladora apuntó a la estructura societaria vinculada a la familia Espiñeira, propietaria de la firma, y puso el foco en decisiones que habrían profundizado la crisis productiva y financiera de la compañía.
Uno de los puntos centrales de la denuncia involucra a Las Becerras S.A., un tambo perteneciente al mismo grupo empresario. Según expuso Strada, esa firma habría dejado de proveer materia prima a Lácteos Verónica para vender su producción a otras empresas del sector, en base a información aportada por trabajadores.
Los hermanos, que están ligados al tráfico de drogas desde hace doce años, fueron imputados por contrabando de estupefacientes con varios agravantes
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