A propósito de la memoria, que se va convirtiendo en el único patrimonio de los jubilados para seguir reclamando lo que legalmente les corresponde, es pertinente sumarse al mismo y agregar lo concerniente también a los jubilados de la ingeniería. Desde 1950 hasta 1990, en que se pagó lo que establece la ley provincial 6729 en la relación de ocho veces los aportes realizados. Luego, ante supuestas dificultades financieras, más la inflación, se dejó de cumplir la ley y a liquidar haberes según ajustes caprichosos o basados en resoluciones no legales suspendiendo lo dispuesto por la ley y así aumentando reservas jubilatorias a costa de negar a los pasivos lo que les correspondía. Se apeló desde entonces a cálculos actuariales amañados para sostener aviesamente que debían alcanzar los 100 años. Por fin hemos llegado a cumplir esa ilusión fantástica de asegurar para los profesionales no nacidos aún, pero que dentro de 100 años podrían jubilarse si llegan y lo desean. El último balance jubilatorio que aún debe aprobarse en próximas asambleas, luce la bonita suma de 18 millones en excedentes en pesos para el régimen jubilatorio. ¿Es apropiado, justo y solidario entonces, que más de la mitad de los jubilados de la ingeniería estén por debajo de la línea de pobreza, cuando existen reservas inútiles que podrían distribuirse mejorando a los pasivos que aportaron para un retiro digno? Ello podría implementarse ahora, disponiendo el 50 por ciento de excedentes o utilidades actuales para mejorar las jubilaciones más atrasadas y convenir a tres años de plazo para ir saldando el resto adeudado para cumplir con los montos que la ley 6729 establece, sin tocar reservas y compensando la demora con un mínimo interés como el pagado por los bancos en los plazos fijos. ¿No es fácil? Un respetuoso saludo a los colegas damnificados.
