Firmat.—
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Un empleado municipal identificado como Miguel C., que estaba a cargo de la administración de la planta de reciclado de residuos de esta ciudad, está sumariado por desobedecer una orden y a su vez es investigado por la presunta venta encubierta de material recuperable por alrededor de un millón de pesos.
Por ello, el Ejecutivo dispuso que la tarea que desempeñaba Miguel C., pase a manos de Firmat Gas SA a fin de "mejorar y ordenar su funcionamiento".
La decisión fue tomada por el intendente Leonel Maximino a partir de "inquietudes y sugerencias" planteadas por la ONG Patrullambiental, que si bien está relacionada con el reciclaje de la basura, no tiene injerencia en la comercialización de los productos reutilizables. Precisamente esa función dependía de Miguel C., designado en 1992, y de quien se sospecha que habría hecho onerosas operaciones comerciales sin rendirlas correctamente a la organización no gubernamental.
Investigación. Maximino, quien está al frente de la Intendencia desde hace 6 meses en representación del Frente Progresista tras haberse desempeñado como secretario de Gobierno de su antecesor, Carlos Torres, aseguró que "se investigará hasta el fondo" para determinar responsabilidades. Con prudencia, dijo que "estar sospechado de alguna irregularidad no significa ser culpable hasta tanto se compruebe".
El mandatario firmatense recordó que apenas asumió se reunió con los integrantes de Patrullambiental, quienes le plantearon "la necesidad de buscar profesionales asesores contables y jurídicas con el fin de acceder a datos pormenorizados sobre el manejo de la planta de reciclado, ya que la que recibían (por parte de Miguel C.) no contaba con los respaldos documentales legales".
El intendente consideró "lógico" tal pedido y resolvió que la tarea sea realizada por Firmat Gas al considerar que "ya tiene una estructura administrativa armada y, además, venía trabajando en la recolección de residuos domiciliarios y de botellas plásticas".
Anomalías. Al ponerse en práctica la refuncionalización del manejo administrativo de la planta de reciclaje, Miguel C. no acató la decisión de limitarse sólo al control operativo de los empleados municipales que trabajan en ese lugar, lo que motivó un sumario administrativo en su contra. Y a partir de allí surgió una andanada de cuestionamientos sobre presuntas anomalías que, por estos días, forman parte de los principales temas instalados en la agenda pública.
El titular del Concejo, Sergio Stampone (PJ), valoró la medida y recordó que él denunció el tema en varias ocasiones. Ello fue desmentido por Maximino, quien aseguró que durante la la anterior gestión de gobierno no hubo denuncia alguna ante el Ejecutivo ni mucho menos ante la Justicia. Reconoció sin embargo que en el Concejo hubo pedidos de informe al respecto.
Situación grave.Al margen de la controversia, el titular del cuerpo deliberativo calificó a la situación como "grave" porque "no se sabe dónde fue a parar la plata de las ventas del material reciclado que se vinieron haciendo en 10 años y si bien esta función le competía a un empleado municipal, evidentemente hay responsabilidades políticas por no haber controlado y que deben ser investigadas". El edil estimó que la presunta maniobra superaría el millón de pesos y cargó duro contra quienes "miraron para otro lado".
"No tenemos nada que esconder", dijo Maximino para insistir que "esta investigación se inició en mi gestión y no nos va a temblar el pulso para llegar hasta las últimas consecuencias".
Por Matías Petisce
Por Claudio Berón