Iniciativa Popular quiere saber si el hotel de Puerto Norte tiene habilitación

La concejala de Iniciativa Popular María Fernanda Gigliani pidió que la Municipalidad explique si el hotel de Puerto Norte está habilitado para funcionar y si la firma abonó la multa de 1.303.638 pesos por los dos pisos que construyó de más sobre los silos, requisito indispensable para que la construcción tenga el certificado de final de obra. El dinero estaba comprometido para la compra de equipamiento para los Bomberos Voluntarios.

La edila presentó la semana pasada el pedido de informes sobre la situación de Puerto Norte Design Hotel, el emprendimiento de seis pisos que se levanta arriba de los antiguos silos portuarios. Concretamente, el escrito exige saber si el hotel tiene habilitación municipal, si la construcción obtuvo su final de obra y si abonó la compensación económica correspondiente por construir dos pisos por encima de lo permitido para ese sector de la ciudad.

Gigliani advirtió que "si esto no fuera así, estaríamos asistiendo a un hecho verdaderamente escandaloso, ya que la misma Municipalidad estaría burlando la norma. Conforme a ordenanza, el hotel puede funcionar sólo si recibió el final de obra, y el final de obra lo puede recibir sólo si pagó el monto compensatorio".

El Puerto Norte Design Hotel pertenece a la firma THM, del grupo Transatlántica. Sus instalaciones quedaron inauguradas en junio de este año. Tiene 80 habitaciones, 1.600 metros cuadrados de áreas comunes y amenities, incluyendo dos restaurantes, business center y sala de conferencias.

En el Concejo. No es la primera vez que el emprendimiento despierta denuncias en el Concejo Municipal. Durante su construcción, a mediados de 2013, el ex edil Alberto Cortés advirtió que la firma Ingeconser superó la altura autorizada para construir sobre silos de valor patrimonial en el emprendimiento conocido como Ciudad Ribera. Por eso, reclamó al Ejecutivo que remitiera al cuerpo el expediente con el permiso de edificación del hotel.

Finalmente, el proyecto obtuvo el visto bueno del cuerpo legislativo, pero a Ingeconser se le impuso una compensación económica por excederse en altura. Luego de reiterados pedidos, la Municipalidad le respondió a Gigliani que esa suma alcanza a 1.303.638 pesos.

Ahora la referente de Iniciativa Popular quiere saber si la Municipalidad percibió ese importe, y si el emprendimiento, que está en pleno funcionamiento, recibió el final de obra, requisito indispensable para su habilitación.

Según explicó, "nos interesa saber si la Municipalidad le otorgó el final de obra a Puerto Norte Design Hotel. Suponemos que debe ser así, porque el emprendimiento está en pleno funcionamiento, de lo contrario no podría haber sido inaugurado. Si el hotel ya fue inaugurado y está trabajando, también suponemos que la firma Ingeconser SA pagó a la Municipalidad la compensación económica que le correspondía abonar. Si esto no fuera así, estaríamos asistiendo a un hecho escandaloso", subrayó.

"Un atentado al derecho de las mujeres"

La diputada provincial Silvia Augsburger cuestionó la presentación que la Mesa por la Vida Santa Fe realizó en la Justicia provincial solicitando que se declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. "Asistimos a una nueva acción para obstaculizar el derecho de las mujeres al aborto no punible", advirtió la legisladora.

En la acción de amparo se solicita la declaración de inconstitucionalidad y la inaplicabilidad del protocolo por entender que el mismo es violatorio del derecho a la vida de la persona por nacer y del derecho de libertad de conciencia. La denuncia recaló en el Juzgado Civil y Comercial Nº 5 de la capital provincial, a cargo del Diego Aldao. El magistrado notificó a las autoridades del Ministerio de Salud provincial para que se expidan sobre la petición de los ciudadanos provida.

Augsburger consideró que se trata de "una acción, nada novedosa, de un grupo que desconoce el derecho de las mujeres que está consagrado en el Código Penal desde 1921 y que fue ratificado por la Corte Suprema" y subrayó que se trata de "un atentando contra un derecho, que intenta generar confusión respecto a una situación que sigue llevándose la vida de mujeres y, sobre todo, de mujeres pobres".

El articulo 86 del Código Penal establece dos causales para acceder a una interrupción legal del embarazo: la causal salud, entendida en su concepto amplio e integral que contiene tres dimensiones (física, emocional y social) y la causal de violación. En ese marco, el Ministerio de Salud de la Nación elaboró en el año 2010 el protocolo, que actualizó en abril de este año, para garantizar el respeto a los derechos sexuales y reproductivos y el acceso a una atención integral.

Para Augsburger "el protocolo es una herramienta que los profesionales de la salud tienen para garantizar que la práctica se realice en un marco que asegure que no corra riesgos la salud de la mujer, pero no extiende ni implica que se aborden más casos, sino que mejora la forma de atención y busca evitar situaciones en que se obstaculiza el acceso a la interrupción legal del embarazo".

La legisladora recordó la suerte corrida por Ana María Acevedo, quien falleció porque los profesionales se negaron a respetar el marco normativo y proteger su salud. "Ana María falleció y también su bebé porque no le permitieron acceder a su derecho y hoy quienes intervinieron están procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona".