La tragedia de los 33 mineros atrapados a casi 700 metros bajo tierra dejó al descubierto la precaria seguridad laboral del sector. Una investigación de la periodista Carola Fuentes, difundida por CNN, revela el peligro que representan las más de 200 faenas mineras abandonadas en Chile, por sus desechos tóxicos y la inseguridad de sus instalaciones.
No hay norma que regule su cierre. El pasado 27 de febrero el derrumbe de uno de esos relaves cobró cuatro vidas y ahora amenaza con contaminar importantes cauces de agua. Ministros, empresarios y autoridades sabían del riesgo involucrado.
En la investigación, auspiciada por la Universidad Diego Portales y el Centro de Investigación e Información Periodística, se indica que “una faena minera abandonada es un lugar donde alguna vez se trabajó en la extracción de un mineral preciado. Cuando éste se agotó, la faena se cerró”.
“Si ese proceso se realiza sin tomar medidas, representa un riesgo para la población. Quedan abandonadas piscinas con arsénico, sustancia cancerígena que se filtra por el suelo y contamina las napas de aguas subterráneas. O se construyen tranques de relaves con defensas precarias y cerca de poblaciones, puede haber sustancias tóxicas en estado líquido, que un terremoto puede levantar y lanzar con la fuerza de un alud”, se explica.
“En Chile, hasta mediados de los años 90, no existía ninguna norma que obligara a las empresas mineras a presentar un plan de cierre de sus faenas. Hoy el tema está regulado por la ley de bases del medioambiente, pero de manera indirecta, pues no se les exige a las compañías que dejen una garantía de que tendrán los recursos para financiar un cierre que no represente peligros para las personas”, señalan.
“Tras años de negociación entre el gobierno y la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y el Consejo Minero, en enero de 2010 el Congreso aceptó un proyecto de ley para regular el cierre de las faenas mineras. Pero, días antes del derrumbe de la mina San José, el ministro Lawrence Golborne presentó indicaciones que rebajaban las exigencias a las mineras”, remarca el informe.