Los transportistas de discapacidad destacaron el movimiento legislativo y prevén nuevas acciones para visibilizar, otra vez, la realidad del sector
Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital
Los transportistas celebraron el avance para prorrogar la emergencia nacional en discapacidad
La discusión por la continuidad de la emergencia nacional en discapacidad volvió a ocupar el centro de la escena en la Cámara de Diputados. Este miércoles, la oposición reunió 133 votos para intentar incorporar al debate un proyecto que propone prorrogar la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027.
El número no alcanzó para habilitar el tratamiento inmediato, ya que el apartamiento del reglamento requería una mayoría especial. Sin embargo, el resultado dejó planteado un escenario que la oposición considera favorable para avanzar en las próximas semanas: con 129 diputados se puede alcanzar el quórum necesario para abrir una sesión y llevar el proyecto al recinto.
La Federación Argentina de Transportistas para Personas con Discapacidad (FATRADIS) destacó la votación y anticipó que continuará con las gestiones y movilizaciones para conseguir la extensión de la emergencia. Su presidente, Pablo Bolego, señaló que la organización viene trabajando junto a entidades del sector para que la prórroga sea incorporada a la agenda parlamentaria.
“Venimos manteniendo reuniones y haciendo gestiones para que este tema llegue al recinto. En nuestro caso, nos reunimos oportunamente con el diputado Juan Marino y le planteamos concretamente la necesidad de prorrogar la ley de Emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027”, explicó.
El proyecto de prórroga fue impulsado por el diputado Juan Marino, vicepresidente de la Comisión de Discapacidad. Durante la sesión del miércoles pidió un apartamiento del reglamento para que la iniciativa pudiera ser tratada directamente.
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La moción no alcanzó los votos necesarios, pero obtuvo 133 votos a favor, 107 en contra y 11 abstenciones. El resultado fue el mismo que obtuvo otro pedido de la oposición vinculado con un proyecto sobre morosidad familiar.
El apartamiento del reglamento requiere una mayoría de tres cuartos, por lo que la iniciativa no pudo ser discutida en el recinto en esa jornada.
Para la oposición, sin embargo, la votación mostró que existe una cantidad suficiente de diputados para avanzar posteriormente mediante un emplazamiento a las comisiones o una sesión especial.
“Lo ocurrido demuestra que existe una base parlamentaria importante para seguir avanzando. El próximo objetivo es lograr un emplazamiento a las comisiones correspondientes para que el proyecto sea tratado y pueda finalmente llegar al recinto”, sostuvo Bolego.
La ley 27.793 declaró la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con la posibilidad de extenderla por un año más. La norma establece medidas vinculadas con prestaciones, pensiones, actualización de aranceles y protección de derechos de las personas con discapacidad.
El gobierno nacional reglamentó la ley en febrero de este año mediante el Decreto 84/2026. La reglamentación incluyó, entre otras cuestiones, disposiciones vinculadas con la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social y mecanismos destinados a los prestadores.
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La discusión actual apunta a extender la emergencia durante 2027. Para FATRADIS, de todos modos, el problema no se resuelve únicamente con la prórroga.
Bolego sostuvo que la ley no se está cumpliendo de manera integral y que todavía existen puntos centrales pendientes.
Entre las cuestiones que mencionó está la situación de más de 200.000 personas que, según FATRADIS, continúan esperando acceder a una pensión por discapacidad, pese a haber avanzado con la documentación y los trámites correspondientes.
El dirigente también puso el foco en la situación económica de los prestadores. “Venimos de años de un deterioro muy profundo. La recomposición necesaria para corregir el desfasaje acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 no reconoció adecuadamente la evolución real de los costos”, sostuvo.
Según explicó, posteriormente comenzaron las actualizaciones vinculadas al IPC, pero sobre una base que ya había quedado retrasada.
“Si se actualiza por inflación un arancel que ya está retrasado, lo que se hace es mantener el atraso. Por eso sostenemos que todavía existe una deuda importante con todo el sistema de prestaciones”, afirmó.
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La organización también cuestiona el mecanismo establecido para acceder a compensaciones, que, según Bolego, implica una carga administrativa importante para los prestadores. “Se generó un procedimiento cargado de burocracia: presentación de facturas, expedientes, subsanaciones y distintas instancias administrativas sin pautas suficientemente claras”, señaló.
Otro de los puntos planteados por FATRADIS es la necesidad de actualizar los aranceles a partir de estudios de costos específicos para cada prestación.
“La ley es clara: los aranceles deben analizarse a partir de estudios de costos reales. Eso no ocurrió. No fuimos convocados a participar de ningún estudio integral ni conocemos que se haya realizado un análisis serio que determine cuánto cuesta efectivamente brindar cada prestación”, afirmó Bolego.
Y agregó: “No estamos pidiendo aumentos arbitrarios. Estamos reclamando que se cumpla el mecanismo que la propia ley establece”.
La ley de emergencia contempla precisamente medidas de protección y fortalecimiento para los prestadores del sistema de prestaciones básicas, entre ellas mecanismos de actualización de aranceles y regularización de determinadas deudas.
Desde FATRADIS adelantaron que continuarán articulando con otras organizaciones del sector y que volverán a movilizarse cuando el proyecto llegue al recinto. “Cuando este proyecto llegue al recinto vamos a convocar y a movilizarnos nuevamente. No solamente por la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2027, sino también por el cumplimiento integral de la ley”, sostuvo Bolego.
La organización considera que el debate excede la continuidad formal de una norma y alcanza directamente al funcionamiento del sistema de prestaciones, a los trabajadores y prestadores y al acceso de las personas con discapacidad a los servicios que necesitan.
“Lo que está en juego es la continuidad de las prestaciones, el trabajo de miles de personas y, fundamentalmente, los derechos de las personas con discapacidad”, concluyó.
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