Un proyecto de la Legislatura provincial apunta a prohibir el hostigamiento en cobros extrajudiciales y proteger a personas "hipervulnerables"
Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.
El diputado Germán Scavuzzo impulsa medidas para limitar los reclamos.
La Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe empezó a analizar un proyecto para paliar los problemas por el crecimiento de las deudas y la morosidad en Rosario. Fuentes oficiales confirmaron este miércoles que la iniciativa contempla multas de hasta 2.615 millones de pesos por hostigamiento y abusos en las gestiones de cobro extrajudiciales.
El diputado provincial Germán Scavuzzo explicó a través de LT8 que la propuesta se refiere a la prevención de "situaciones de intimidación o violencia económica" derivadas del pedido de préstamos y créditos. Así planteó que el objetivo principal es "garantizar un trato justo, equitativo y evitar las denuncias" que empezaron a crecer en el último semestre a nivel local, en sintonía con lo que ocurre en el resto de Argentina.
Uno de los principales registros que tomó como argumento el legislador de la Unión Cívica Radical (UCR) son los datos de la Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios de Rosario. "En la actualidad es muy frecuente que se acerquen familiares y terceros que nada tienen que ver porque les llegan notificaciones, diciendo que van a tener que ser ellos los que respondan por esa deuda".
La propuesta de dirigentes de Unidos consiste en regular las gestiones de cobranza extrajudicial de obligaciones de consumo en Santa Fe. El plan consiste en establecer límites más precisos con respecto lo que define la ley nacional 24.240 de defensa del consumidor, así como el Código Civil y Comercial de la Nación.
Entre otros aspectos, el proyecto enviado a la comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General define una lista de prácticas prohibidas con el fin de preservar la intimidad y privacidad de las personas. Por ejemplo, no se podrán hacer reclamos telefónicos desde las 20 hasta las 9 de la mañana siguiente. También se define un máximo de dos llamadas por semana y un e-mail por día.
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Por otro lado, la iniciativa aspira a impedir el contacto con familiares, vecinos, amigos, empleadores, compañeros de trabajo, o clientes para que se hagan cargo de pagar. La excepción a esta regla es que figuren como garantes o fiadores a la hora de la gestión de un préstamo, crédito u otro contrato.
Otro punto sensible es la cuestión de las formas. La propuesta establece explícitamente que las agencias o cobradores no pueden hacer notificaciones que parezcan enviadas por el Poder Judicial si no hay un proceso correspondiente en trámite. Lo mismo corre para otros organismos públicos.
Finalmente, los legisladores quieren prohibir el uso de expresiones referidas al embargo inmediato, la inhibición general o el secuestro de bienes si no hay medidas legales dictadas en este sentido, al igual que el bloqueo o el congelamiento de cuentas. Los gestores también deberán abstenerse de utilizar "lenguaje ofensivo, intimidatorio o humillante" en las llamadas y tampoco tendrán permitido insistir en la refinanciación de las deudas.
Además de evitar situaciones violentas, Scavuzzo quiere despejar las dudas en cuanto a quiénes están habilitados para exigir los pagos pendientes. Al respecto, recordó que "no son sólo agencias o empresas, también pueden ser estudios jurídicos, gestores o mandatarios".
"Es necesaria la identificación clara de quien realiza la gestión de cobranza", manifestó. En la normativa propuesta, se indica que la primera comunicación debe dejar una constancia clara sobre el acreedor, así como a la persona o empresa a cargo del reclamo. Además, tiene que ponerse a disposición el domicilio físico y electrónico, entre otros datos de contacto.
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El diputado provincial consideró que esta cuestión no es menor en torno a los conflictos que atraviesan los morosos. Al respecto, advirtió: "Aunque no lo crean, muchas veces, el usuario ni siquiera tiene acceso al capital original que se le reclama o los montos de interés que se le aplican".
A la hora de redactar la regulación, los legisladores de Unidos propusieron que se reconozca la responsabilidad solidaria de las billeteras virtuales y entidades financieras cuando se registren infracciones en la gestión del cobro. Esta definición se extiende a los acreedores y las empresas prestadoras de servicios públicos o privados, entre otras categorías.
El noveno artículo del proyecto de ley define un régimen de sanciones que va desde el apercibimiento hasta la pérdida de concesiones, privilegios, beneficios fiscales o crediticios. En esa lista se definen multas desde un mínimo de media canasta básica total para un hogar de tres integrantes. El monto máximo se fijó en 2.100 veces el indicador del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), con una cifra equivalente a $ 2.615.961.600, de acuerdo a los valores de julio pasado.
Además, la propuesta contempla la posibilidad de clausurar establecimientos o inhabilitar servicios con un tope de 30 días de plazo. También se prevén suspensiones de hasta 5 años en el registro de proveedores del Estado provincial.
Finalmente, los legisladores decidieron impulsar una reglamentación específica con mayor protección para "consumidores hipervulnerables" en Santa Fe. En esa categoría se incluyen: personas mayores de 70 años, jubilados, pensionados, personas con discapacidad, beneficiarios de prestaciones previsionales o programas sociales y personas que estén sobreendeudadas.
Para estos casos, el proyecto define la obligación de extremar el trato digno en la gestión de cobro. En concreto, no puede realizarse más de una comunicación por semana ni prácticas que generen intimidación o presión psicológica.
Por Javier Felcaro
Por Mariano D'Arrigo
