El juez en lo Contencioso y Administrativo de La Plata Luis Federico Arias aseguró ayer que en la inundación del pasado 2 de abril de 2013 ocurrida en La Plata murieron un total de 89 personas, 22 más que la nómina del gobierno provincial.En el fallo, el magistrado condenó al Poder Ejecutivo a que una vez que la decisión quede firme "divulgue públicamente el resultado de este proceso a través de los medios de comunicación por los que dio a conocer la información inexacta", en referencia a los 67 muertos informados por el gobierno provincial.
En la resolución, Arias cita además que se investigaron 17 muertes ocurridas entre el 2 y 3 de abril, pero no se pudo comprobar fehacientemente que fueran a causa del trágico temporal.
También ordenó al Registro de las Personas a que consigne mediante una anotación marginal que deberá constar en cada una de las actas de defunción correspondientes a las personas que se mencionan en este fallo que fueron víctimas de la inundación.
Y exhortó a la Legislatura de la provincia y al Poder Ejecutivo para que, en el marco de sus respectivas competencias, "regulen, adapten y/o modifiquen los procedimientos y prácticas que permitieron la consagración de irregularidades verificadas en la causa".
El juez constató irregularidades en las acciones llevadas a cabo por funcionarios del Registro de las Personas para la inscripción de las defunciones traumáticas.
Sostuvo que existieron irregularidades en los certificados de defunción firmados por profesionales médicos, "lo que generó las condiciones para que la documentación pública no refleje la realidad de lo acontecido o la muestre de una manera distorsionada".
"El valor de la prueba testimonial en la reconstrucción de los hechos adquiere una dimensión preponderante puesto que la naturaleza de los hechos investigados así lo determina en un contexto de falsedad, ocultamiento, desconfianza, confusión y catástrofe", graficó. Arias inició una investigación para determinar las víctimas de la inundación a partir de una presentación realizada por el Defensor Oficial del fuero de responsabilidad juvenil, Julián Axat.
El fallo de Arias tiene 191 fojas referidas a las responsabilidades de funcionarios durante los días 2 y 3 de abril 2013. De acuerdo con el dictamen, el gobierno provincial está obligado a difundir los datos referidos a las 89 muertes "a través de los mismos medios de comunicación por los que dio a conocer la información inexacta".
El magistrado se refiere a la comunicación inicial del entonces ministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Casal, mencionando 51 decesos. Unas semanas después, la fiscalía interviniente elevó la cifra a 67. Y en todo este tiempo, las especulaciones tornaron incierta la magnitud de esta catástrofe, de la que aún se reponen sus habitantes.
La prevención del juzgado es por presuntas adulteraciones de certificados de fallecimiento y dispositivos, en los que incluye a la morgue local, para fraguar los datos de fallecidos durante el temporal.
En el dictamen, Arias avisa del traslado de las actuaciones a la Unidad Fiscal de Investigaciones en turno, para que investigue la posible comisión de delitos de acción pública, en virtud de que se trató de divulgación de "información inexacta".
Severa condena a la provincia
El juez Luis Arias expresó en el fallo que “no se puede ignorar la inusitada gravedad de la actuación del Estado provincial en los procedimientos dirigidos a dificultar la investigación y, en consecuencia, a ocultar la verdad de las causas en las que fallecieron las víctimas”. Para Arias “la inundación desnudó el déficit de la planificación en el territorio; las urbanizaciones fueron ejecutadas de manera irresponsable, sin previsión de los impactos ambientales”.
