En los últimos tiempos, la crisis económica del país ha empujado a numerosos ciudadanos a movilizarse en la vía pública para reclamar mejores condiciones de vida. Dispares organizaciones o agrupaciones de desocupados y trabajadores que claman por salarios adeudados o la restitución inmediata del personal despedido interrumpen la circulación del tránsito vehicular en las calles y rutas argentinas, ocasionando múltiples inconvenientes al resto de la comunidad. Las protestas sociales, al compás de poderosos elementos de pirotecnia, quema de neumáticos y apropiación por tiempo indefinido de espacios públicos son lideradas generalmente por grupos piqueteros, quienes comenzaron a organizarse a principios de 1995 en la provincia de Neuquén y luego surgieron otros en la zona sur del Gran Buenos Aires, como también en diversas localidades del interior del país. Lo cierto es que el fenómeno piquetero está vinculado al desempleo estructural, a necesidades básicas insatisfechas de sus integrantes. Los pedidos de cambios son justos, empero habría que buscar mecanismos que no perjudiquen a las mayorías. Con la modalidad implementada aparece el caos generalizado en el tránsito, arriesgando que sucedan accidentes lamentables. Las quejas, las protestas deben realizarse en un marco de respeto hacia las libertades ajenas. Lo ideal sería poner en evidencia la corrupción, la negligencia o inoperancia de los gobernantes, la omnipotencia e insensibilidad de ciertos empresarios que se enriquecen y pagan magros salarios. Denunciar esto y mucho más a través de los medios de comunicación, por ejemplo. Si estas prácticas propias de un régimen democrático fuesen moneda corriente en Argentina, tal vez los cortes de calles y rutas llegarían a su fin.
