Quiero contarles mi situación particular en relación con una empresa de comunicaciones, que refleja el abuso continuo de las mismas sobre los ciudadanos del territorio argentino avasallando derechos y acuerdos. En marzo de 2009 solicité una línea telefónica a la empresa Telecom para mi domicilio particular (Islas Malvinas 833, de la localidad de Timbúes, provincia de Santa Fe). Recibí una factura en la que consta el cargo de la instalación de línea (101,03 pesos), la cual aboné en tiempo y forma el 2/06/09. Desde esa fecha he realizado innumerables llamados a la empresa Telecom para saber por qué aún no podía hacer uso de un servicio que ya me habían cobrado. Siempre la respuesta fue que había que hacer una obra y que en poco tiempo tendría la instalación. El último reclamo ante la empresa es el: el 17AZ02X, realizado en mayo de 2010. Debido a no contar con una respuesta y al sentirme estafada solicité a la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) que interviniera para solucionar esta situación. La CNC inicia las gestiones de mediación con el Nº de expediente: 2199/10; posteriormente intima a Telecom a instalar la línea en mi domicilio particular en un plazo de quince a veinte días hábiles, orden que Telecom no cumplió. Me pregunto: ¿puede ser que un ciudadano de nuestro país no pueda tener una línea telefónica que abonó en tiempo y forma? ¿Las empresas de comunicaciones hacen lo que quieren en nuestro país? ¿Quién y cómo las controla el Estado? Quiero, deseo, necesito y exijo que Telecom SA me instale la línea que aboné. Si no puede que renuncie al mega-negocio que significa prestar este servicio, que le reporta ganancias millonarias sin ningún tipo de inversión.
