Un juez instructor aplazó ayer la declaración de la infanta Cristina en un proceso de corrupción, debido a que considera que un recurso presentado por la fiscalía no estará resuelto antes del 27 de abril, fecha inicialmente prevista para que la hija del rey de España entregue su testimonio. Cristina de Borbón fue imputada el miércoles por el juez José Castro de Palma de Mallorca, que detectó indicios de un delito de complicidad con su esposo, Iñaki Urdangarin, acusado de enriquecerse mediante el desvío de fondos públicos a través de Nóos, la organización sin fines de lucro que presidía.
El juez anunció ayer que el testimonio de la infanta se realizaría cuando un tribunal decida sobre un recurso presentado por la fiscalía contra la imputación de la Duquesa de Palma. Una vez resuelto el recurso, si el tenor de su contenido lo permite, se señalaría nueva fecha y hora para que Cristina de 47 años y séptima en la línea sucesoria al trono, declare ante el juez.
El juez imputó a la duquesa de Palma, en contra del criterio de la fiscalía, a raíz de la aparición de unos correos electrónicos en los que Urdangarin pedía consejo a su esposa sobre una actividad del instituto Nóos. El recurso del fiscal Pedro Horrach, de 20 folios, recoge que no hay indicios incriminatorios para imputarla, puesto que únicamente está acreditado que formaba parte como vocal de Nóos, a través del cual se desviaron presuntamente casi seis millones euros de fondos públicos de los gobiernos balear y valenciano. "No hay distanciamiento, simplemente una discrepancia jurídica", dijo el fiscal Horrach en Palma.
"Meros indicios". El fiscal afirma en su recurso que el juez se basa en los mismos hechos que llevaron con anterioridad a no considerar la imputación de Cristina de Borbón, como solicitaba la acusación popular del sindicato Manos Limpias. "Los indicios son meras circunstancias inocuas, inconsistentes y equívocas", según el texto del recurso, reproducido por el diario El País.
La imputación de la Infanta, la única de los miembros de la Junta Directiva que aún no había sido llamada a declarar, ha supuesto un nuevo golpe para la Corona, una institución que ha visto como el amplio respaldo que tenía entre los españoles ha caído abruptamente a raíz de este escándalo.
De no prosperar el recurso de la fiscalía, la infanta Cristina estará representada legalmente por Miquel Roca, uno de los llamados "padres de la Constitución", al que el rey Juan Carlos habría pedido directamente que actúe como abogado de su hija. El propio Roca lo confirmó ayer en Barcelona. Allí reveló además que ya habló con la hija mediana del monarca.
Roca, de 72 años, es uno de los fundadores de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), uno de los dos partidos que integran la coalición Convergència i Unió (CiU), que gobierna en Cataluña. Como político gozó de un gran prestigio, ganado en parte por su carácter pactista. Participó en la redacción de la Constitución española de 1978 y entre 1977 y 1995 fue diputado nacional. Su relación con el rey se remonta al período de la Transición. Roca no quiso dar más información, más allá de confirmar que asumirá la defensa de la infanta. "Tengo unos ciertos años, una cierta experiencia profesional, un estilo y una trayectoria que quiero respetar y no voy a hablar de temas profesionales".
