Un airbag y una butaca de una Toyota Hilux serán claves para determinar un hecho ocurrido en Rufino, cuando fueron trasladados vehículos varados en una comisaría por cuenta de un concejal de esa ciudad y que habrían sido desguazados en el área industrial. El dueño del carretón del traslado, Federico A., es el mismo que posee el galpón adonde fueron trasladados los vehículos, en un caso que ya fue caratulado como robo, aunque hasta el momento no hay imputación. Allí, se presume hasta el momento, se cometió el delito de sustracción de autopartes.
El caso tiene su origen en el reclamo de vecinos que viven en cercanías de la comisaría 3ª de Rufino por unos diez automóviles y unas 20 motos secuestrados que se acumularon y permanecían desde hacía tiempo sobre las calles adyacentes a la dependencia. La jueza Lorena Garini había dado la orden de trasladarlos a un depósito judicial en Santa Emilia, pero la ejecución se demoraba al parecer por falta de presupuesto.
Haciéndose eco de la queja, el concejal rufinense del PRO Abel Lattanzi decidió disponer de sus propios recursos para desalojar la chatarra. Contrató un camión y una autoelevadora y el 10 de octubre retiró la carga, que antes de llegar a destino final hizo un parate en un galpón privado. Ocurre que, según explicó el edil, ese día había una veda para el tránsito pesado por el fin de semana largo, por lo que depositó los decomisos provisoriamente en el galpón de Federico A., su conocido y vecino del parque industrial, en Rufino.
Después se encontraron en el vehículo del empleado del galpón donde fue trasladada la chatarra cubiertas que pertenecían a un Peugeot 207, que sería uno de los que iban a Santa Emilia. Además, se allanó una tapicería de Rufino y se halló una butaca de una Toyota, similar a la que fue también desguazada en ese mismo lugar. Y se investiga un air bag que apareció en ese galpón.
El material rodante fue finalmente trasladado y hasta el propio Lattanzi contribuyó a su carga, pero cuando llegó a su destino final, el depósito judicial, el personal de destacamento de Santa Emilia detectó que de la carga faltaban autopartes, especialmente de una Toyota Hilux perteneciente a la familia de un joven puntano que perdió la vida en un accidente vial.
Si bien la Justicia investiga todo tipo de hipótesis, se desvanece la teoría de la complicidad de la comisaría, ya que presumen que el comisario Gustavo Nieto actuó de buena fe y en función de quién pidió el traslado, un concejal de la ciudad. "A Nieto le dijeron que venía un concejal que aportó para trasladar esos vehículos y viendo que la persona era un edil electo por el pueblo, no pensó que iba a suceder lo que pasó", dijo una fuente judicial.
Lattanzi, por su parte, aseguró que también actuó de buena fe y que no tiene nada que ver con esas irregularidades que, reconoció, "sucedieron en el galpón" de Rufino.
Sospechado. Federico A., dueño galpón, del camión y el carretón con que se trasladó la chatarra, es ahora investigado por el presunto delito de robo, aunque hasta el momento no se lo puede imputar ya que hay que peritar las piezas halladas en su depósito. Para ello, la Justicia requirió información de numeración a la propia empresa Toyota y los repuestos van a ser analizados en la Unidad Regional II de Rosario.
Más allá de la intención de Lattanzi de hacerse cargo de su propio bolsillo del costo por sacar la chatarra de la vía pública, lo concreto es que desde que el camión salió cargado de la comisaría 3ª nunca tuvo custodia policial y tampoco la tuvo en su estadía en el galpón privado de Rufino. "Allí es donde la habrían desmantelado casi íntegramente a la Toyota", confió una fuente a La Capital.
Para la investigación "no se descarta la línea investigativa que indica la supuesta relación entre el edil y propietario del galpón, lo que podría desembocar en un escándalo mayor".