Un recambio de autoridades, o funcionarios en las administraciones comunales, municipales, provinciales o institucionales, ve facilitada la gestión de las mismas cuando se dispone del digesto administrativo y éste se pone en conocimiento de todos. Ese digesto, que es la guía de los procedimientos administrativos e implica respetar cada una de las normas que se fijan para cada tramitación, circulación de expedientes, mecanismos licitatorios, concursos y promociones para el personal, debe constituir la base de las acciones que apuntan a transparentar la administración en su conjunto. Desde las simples indicaciones de los formularios que constituyen la papelería de la administración, hasta la determinación de cada paso de los expedientes, desde los reclamos a las propuestas de la planta de personal de la misma ciudadanía, conforman este digesto que debe servir para la organización, continuidad y armado del orden interno que debe regir para todo el personal y garantizar una administración ordenada. Cuando mi padre era responsable de las construcciones de escuelas que el Ministerio de Obras y Servicios Públicos ordenaba para un ambicioso plan en las provincias de La Pampa y San Luis, en el año 1950, disponía de un digesto administrativo que contemplaba incluso recomendaciones técnicas, estudios de los tipos de materiales a emplear, cantidad de materiales (ladrillos, arena, cemento, piedra, hierros) por metro cúbico de pared y estructuras de hormigón armado, y esto acompañado por los juegos de planos correspondientes a cada proyecto. En dicho digesto estaban previstas todas las cuestiones administrativas de cada obra, los sistemas y modelos de contrataciones, selección de personal, elección de proveedores y registro, ordenamiento de compras, programas de pagos de certificados, facturas, cajas chicas. Este digesto administrativo debía ser respetado por cada funcionario y sin que implique diferencias de obligaciones por jerarquías, constituía un prolijo ordenamiento de las funciones del personal y un severo control sobre cada uno, control que comienza con el cumplimiento del horario de entrada y salida de las obligaciones diarias. Estos digestos fueron alterados por las negativas influencias, muchas dirigencias sindicales que en una sucesión de personajes dieron vuelta ese ordenamiento, desnaturalizando la carrera de la administración pública, eludiendo los controles y abriendo el camino a la corrupción que instalada e irradiada a las empresas del Estado, organismos, instituciones educativas, le ha costado al país millones de pesos, destruyendo la naturaleza de la "función pública". No solamente había que ser honesto y ordenado, sino que había que parecerlo y esto era un principio sustentado por miles de empleados del Estado, que dedicaban su esfuerzo y su capacidad a mejorar los controles y evitar los abusos. En definitiva, construir con la acción cotidiana un país mejor. Y a eso se debería convocar, porque estamos frente a un desafío. La nueva ley de medios de comunicación debería ser un instrumento puesto al servicio de este objetivo e irradiar con mensajes claros y contundentes los mejores ejemplos de conductas administrativas de la cosa pública para que la ciudadanía toda tome conciencia de la defensa de lo público, como algo que siendo de todos, tenemos obligación de cuidarlo y no mirar para el costado. Es decir, hacernos responsables de ese patrimonio colectivo que, al ser de todos, es nuestro.
