"El delito de lesa humanidad no prescribe"

En la calle Roca, esquina 25 de Mayo, a dos cuadras de la plaza central de Chos Malal, una excavadora que trabajaba en un baldío del Instituto de Seguridad Social neuquino, destapó los huesos en marzo.

Carlos Lator, intendente de la ciudad y profesor de historia, señaló anoche: "No tenemos evidencias materiales del genocidio, pero de comprobarse que los restos hallados fueron productos de la campaña militar contra los pueblos originarios, sería el primer rastro hallado sobre el tema".

Sobre la posibilidad de impulsar un juicio por la verdad histórica en el tema, Lator señaló que "el delito de lesa humanidad no prescribe y podría dar lugar a una reparación".

Explicó que en 1881, el coronel Napoleón Uriburu recorrió la región como parte de una de las avanzadas emprendidas por Roca, en 1879. "En esa época las tribus se habían desplazado al huir de las tropas. Pero no tenemos registrado matanzas en el lugar, que habían habitado los pehuenches y mapuches".

El hallazgo movió a Chos Malal, que en mapuche significa corral amarillo, ya que la zona está rodeada de cerros amarillos. Se ubica a 340 kilómetros al norte de la capital neuquina. Los ríos Neuquén y Curí Leuvú llegan a Chos Malal, lugar había sido establecido como límite de la avanzada contra los pueblos originarios.

Napoleón Uriburu (tío del general José Félix Uriburu, quien derrocó a Hipólito Yrigoyen, en 1930) avanzó en la zona.

En 1879, el Departamento de Guerra y Marina registró que la campaña logró "cinco caciques principales prisioneros, un cacique principal muerto (Baigorrita), 1.271 indios de lanza prisioneros, 1.313 indios de lanza muertos, 10.513 indios prisioneros y 1.049 reducidos".

Autocrítica. El periodista e investigador Osvaldo Bayer, al presentar en mayo un documental en el auditorio de la Fundación La Capital, remarcó: "Los gobiernos deben realizar una autocrítica y pedir perdón por las matanzas cometidas contra los pueblos originarios, así como lo hicieron Canadá y Australia con las comunidades masacradas en esos países".

Una ley del Congreso (octubre de 1867), autorizaba la inversión de 1,6 millón de pesos para la conquista. Sobre ello, Bayer señala: "La Sociedad Rural Argentina, creada en 1868 y presidida por José María Martínez de Hoz, financió la campaña comprando bonos de 4 pesos por una hectárea de tierra. Se entregaron 41 millones de hectáreas a 1.843 estancieros, el titular de la SRA recibió 2,5 millones y 541 oficiales recibieron 4,5 millones de hectáreas".