La presidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió ayer a la polémica generada en torno del designado jefe del Ejército, general César Milani, sospechado de participar en delitos de lesa humanidad. La mandataria aseveró que "todos tendrán que responder a la Justicia", pero aclaró que "yo vivo en un Estado de derecho, no voy a aceptar ningún linchamiento mediático de ningún interés empresarial".
El lunes, el oficialismo retiró el pliego de ascenso del general Milani de la comisión de Acuerdos del Senado por orden de la presidenta, posponiendo su tratamiento para fin de año, argumentando que el tema estaba siendo utilizado electoralmente por la oposición. Milani aparece mencionado en la investigación de la desaparición del soldado conscripto Alberto Ledo en Tucumán y la detención ilegal de Ramón Olivera y su padre en La Rioja.
Cristina recordó que "durante más de 10 años" se acusó al kirchnerismo "de luchar por los derechos humanos por motivos de venganza y revanchismo, de atacar a las instituciones y no querer a las Fuerzas Armadas", cuando en realidad "lo que se está juzgando es a las personas concretas que cometieron delitos y no a la institución".
"Hoy, curiosamente, los que nos decían que éramos vengativos y nos habían criticado por nuestra defensa de los derechos humanos se han convertido en el principal ariete sobre el tema. Lo más tragicómico es que quienes se sentaron en una banca y sancionaron las leyes de obediencia debida y punto final, que permitieron que caminaran libremente por la calle los genocidas, nos acusan a nosotros", cuestionó.
Sobre el informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) que pidió rechazar el pliego de Milani, Cristina afirmó que "no hay ningún informe nuevo", ya que lo elevado al Senado "son partes del expediente que ya obra en el Juzgado federal de Tucumán".
"Acá no es la cuestión del gobierno con un militar en particular. Todos los hombres tienen que responder ante la Justicia", remarcó.
Cristina consideró que entre 1930 y 1983 "se consolidó una matriz que fue la de separar a las Fuerzas Armadas de su pueblo para utilizarlas para derrocar a los gobiernos populares", impulsada por "pequeños grupos de interés".
La presidenta dijo sentirse "responsable como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de incorporarlas a este proyecto nacional y latinoamericano".
"Por eso, y no por otra cosa, tomé la decisión de que los senadores posterguen hasta fin de año el tratamiento de todos los jefes de las fuerzas, y no de uno", subrayó. Y resaltó: "Todos tendrán que responder a la Justicia. Pero yo vivo en un estado de derecho, no voy a aceptar ningún linchamiento mediático de ningún interés empresarial al que no le importan ni las víctimas ni los derechos humanos, porque sólo le interesa hacerle daño a un gobierno que ellos creen contrario".
La oposición pidió que lo echen. Desde la oposición pidieron que la presidenta eche a César Milani del Ejército. El radical Ricardo Alfonsín aseguró que "celebrar 30 años de democracia con un general al frente del Ejército sospechado de realizar represión ilegal, hacer inteligencia interior y ser carapintada constituye una afrenta al sistema democrático". El senador del Frente Cívico de Córdoba Luis Juez quiere a Milani "sentado ante un juez dando explicaciones como cualquier ciudadano", y que el gobierno debe "pedirle a Milani el retiro efectivo y dar por terminada esta cuestión".
Federico Pinedo, del PRO, afirmó que "la postulación de Milani es insostenible", mientras que el titular de Proyecto Sur, Pino Solanas, sostuvo que "Milani debe ser removido como jefe del Ejército".