A nuestra provincia no le cierran los números para el 2010, según expresa el ministro de Hacienda con bastante detalle en La Capital del pasado 31 de octubre. Y la reforma impositiva que pide no es otra cosa que aumentos de impuestos (inmobiliario, patentes, ingresos brutos, etcétera) y tarifas (eléctricas, agua). Ahora bien, ¿por qué tanta voracidad fiscal? ¿Es que otra vez se castiga al contribuyente en forma directa a través del aumento del impuesto inmobiliario urbano? A nivel municipal, en Rosario hemos tenido que soportar un excesivo aumento de la tasa general de inmuebles, con una inédita progresividad en los montos que hasta es discriminatoria, y sin contrapartida alguna. Todos sabemos en qué estado de abandono generalizado se encuentra Rosario: plazas abandonadas, calles destruidas, zanjas con aguas contaminadas, miles de lomos de burro que dificultan el tránsito y sin presencia de inspectores. Sumado a ello su delicada situación económico-financiera. ¿No alcanza con el aumento del impuesto inmobiliario rural, que seguramente tendrá un efecto recaudatorio mayor que el urbano? Y si no alcanza, sigan presionando en los sectores que más tienen. No veo razón por la cual los industriales no pagan ingresos brutos. ¿Hasta cuándo hay que seguir subsidiando a estos señores a costa de los humildes contribuyentes santafesinos? La reforma impositiva que sostiene el gobierno provincial es regresiva y atenta directamente contra el bolsillo del contribuyente común y en especial sobre la ya castigada clase media. Las tarifas eléctricas de la EPE triplican a las de Edenor y Edesur; sin embargo van por un aumento del 9 por ciento; otra prueba de la voracidad fiscal. El déficit provincial según los cálculos del ministro llega a 1.200 millones de pesos, habiendo recibido las arcas provinciales con una reserva similar y sin déficit dos años atrás. Los contribuyentes no soportamos más presión tributaria. Señor ministro, nos están llevando a situaciones extremas. ¿Dónde están las obras, en qué se gasta el dinero público? Basta de presión sobre los pocos ciudadanos que aún quedamos con alguna capacidad contributiva.
