Los abogados Adrián Ruiz y José Ferrara, querellantes en la causa por la desaparición de Paula Perassi, presentaron ayer en la oficina de Gestión Judicial de Segunda Instancia de los tribunales rosarinos un recurso de inconstitucionalidad contra el fallo emitido días atrás por el camarista Adolfo Prunotto Laborde, por el cual revocó la prisión preventiva de los ocho procesados por el "aborto seguido de muerte" de la mujer sanlorencina que fue vista por última vez el 18 de septiembre de 2011, y el encubrimiento de este delito, atribuido a cinco policías de la UR XVII. El pedido se basa en la falta de fundamentos del magistrado a la hora de beneficiar a los acusados.
Para la querella, el dictamen del juez se fundó "solamente en su arbitrio, antojo y voluntarismo, desconociendo e ignorando los argumentos del instructor, planteos de la querella y la probanza evidente", por lo que "se habrá violado el principio de la sana crítica racional, violándose un principio básico de la Constitución nacional que no es otro que la garantía constitucional nacional de defensa en juicio".
En rigor, los abogados plantean que Prunotto Laborde en su resolutivo sólo tuvo en cuenta la primera de las dos jornadas de audiencia, celebrada el 11 de agosto, en la que sólo expusieron sus argumentos los defensores de los acusados, para explicar por qué no existiría riesgo procesal ni de fuga. Tras un cuarto intermedio, al día siguiente, le tocó el turno de exposición al fiscal de cámara, Guillermo Camporini, a los abogados de la familia Perassi y también se le dio la palabra a los procesados.
"Convidados de piedra". "Cada una de las expresiones de la contraparte fueron totalmente desoídas. Nada expresa en la resolución de las expresiones de Fiscalía y querella, los cuales fueron convidados de piedra", reza el recurso presentado ayer. Ruiz y Ferrara observaron también que hay una procesada por plantar pruebas falsas de quien curiosamente no se hizo valoración alguna en el fallo, y sin embargo se le revocó la prisión preventiva.
Se trata de Roxana Michl, la esposa de Gabriel Strumia, el amante de Paula y quien se presume era el padre del bebé que ésta esperaba. A este empresario puertense se le atribuye la autoría del hecho, mientras que a Mirtha Ruzñisky, una misionera domiciliada en Timbúes, se la acusa de haber sido quien practicó el aborto con un desenlace fatal.
En tanto, a los policías Gabriel Godoy, Aldo Gómez, María José Galtelli y a su superior de la fuerza sanlorencina Jorge Enrique Krenz se los acusa por "encubrimiento por favorecimiento personal y real y por no denunciar la perpetuación de un delito cuando estaba obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole, agravado por su condición de funcionario público e incumplimiento de los deberes en concurso ideal en calidad de coautores". Y a Adolfo Daniel Puyol, ex jefe de la Agrupación Cuerpos de la UR XVII se le imputa el mismo delito, pero con el encuadre de autor.
Las ocho personas mencionadas fueron procesadas y detenidas el 20 de abril de este año por disposición del juez de Instrucción sanlorencino Juan José Tutau, a instancias de la investigación de los fiscales Eduardo Filocco y Román Moscetta y liberados tras el fallo de Prunotto, hace dos semanas, con cauciones de entre 30 mil y 100 mil pesos. Su resolución "carece de merituación objetiva, tomando la balanza una intolerable inclinación en la posición de los procesados", señalaron Ruiz y Ferrara en su exposición.
Para los abogados, el dictamen de cámara "deja a esta investigación al borde de la impunidad, ya que ocho personas que son peligrosas procesalmente, porque han alterado y pertubado la investigación, amenazando a la familia de la víctima, entorno, magistrado investigador (por Tutau), fiscal (por Moscetta), y mantienen desaparecidas a dos personas, son liberadas con una fianza irrisoria, por una resolución donde el fundamento es inexistente. Estamos ante un caso, donde la logística que han tenido los que ejecutaron el plan criminal hoy les permite poder seguir ocultando el cuerpo de la joven madre".
