Capitanich y De la Sota apuntaron contra la policía y los saqueadores

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el gobernador José Manuel de la Sota, condenaron ayer las huelgas policiales, rechazaron que se haya registrado "una eclosión social" y apuntaron contra "bandas de delincuentes" por los saqueos, a los que definieron como "premeditados".

Luego de un encuentro que mantuvieron en la Casa Rosada, Capitanich y De la Sota expresaron una serie de coincidencias sobre las protestas policiales y los saqueos registrados en distintos puntos del país.

Capitanich manifestó "consternación" por las muertes en el marco de conflictos y advirtió que los reclamos que "superan cualquier límite de lo previsible merecen el repudio de todos".

"El pueblo argentino quiere paz, armonía, en consecuencia reclamos de esta naturaleza que superan cualquier límite de lo previsible merecen el repudio de todos", enfatizó Capitanich.

El funcionario señaló que los efectivos policiales en distintas provincias realizaron reclamos "portando armas con un claro intento extorsivo y de presión a gobiernos provinciales".

"Ningún reclamo debe promoverse por la vía de la violencia", enfatizó Capitanich, durante una conferencia de prensa que compartió con el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota en la Casa Rosada.

Modus operandi. Además, señaló que "los saqueos son premeditados" y apuntó contra "un modus operandi que ha sido provocar daños y saqueos en bienes durables".

A su vez, De la Sota, rechazó que en Córdoba se haya registrado "una eclosión social" y acusó a "bandas de delincuentes" por los saqueos registrados, al tiempo que cargó contra la Policía, al advertir que "es gravísimo e incalificable" que los uniformados hayan abandonado sus funciones.

"En mi provincia no hubo una eclosión social, esto no ocurrió por el hambre, actuaron bandas de delincuentes y después hubo pillaje. Si ocurre es porque alguien busca desestabilizar, no porque haya un elemento de necesidad social en estas fiestas", enfatizó De la Sota.

Luego de reunirse con Capitanich, De la Sota advirtió que la provincia "cerró todos los prostíbulos y todas las casas de alterne" donde había mujeres sometidas a "prostitución forzosa" y señaló: "Eso no es gratis, sabíamos que iba a venir algún sopapo".

Razones. "La Policía no puede hacer huelga por una razón muy sencilla: porque los ladrones no hacen huelga", enfatizó De la Sota, quien aseguró que la Justicia provincial actuará "con total severidad" para castigar a quienes protagonizaron saqueos.

En ese contexto, el gobernador hizo públicas una serie de propuestas al gobierno nacional y el resto de los mandatarios provinciales.

Pidió "regular el derecho de huelga" en cuanto a los servicios esenciales.

También planteó la necesidad de que se acuerde una pauta nacional de aumento salarial para las Policías provinciales, en un sistema similar al que rige con los docentes.

Por otra parte, De la Sota advirtió que si las Policías provinciales "extorsionan" a los gobernadores, "hay un vicio de nulidad" en los acuerdos salariales alcanzados.

"Ninguno de los gobernadores que está negociando lo está haciendo en condiciones de normalidad", advirtió.

Tras señalar que "nunca estuvo en riesgo la gobernabilidad" en Córdoba, el gobernador señaló: "de ninguna manera nadie nos alertó que un reclamo de tipo sindical o laboral podía llegar a tener esta virulencia y no hubo ningún hecho previo que llamara la atención".

Al describir lo ocurrido en Córdoba, De la Sota se quejó de que es "impensable que policías abandonen a la gente a su propia suerte, al pillaje, al bandidaje y a las organizaciones de delincuentes que operaron".

"Algunos sectores amotinados incentivaron el accionar de los delincuentes, cuando no participaron" de los saqueos, enfatizó el gobernador.

La Iglesia reclamó por seguridad y paz social

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Santa Fe, monseñor José María Arancedo, exhortó ayer a “deponer actitudes que comprometen la seguridad y la paz social”, en medio de los conflictos en varias provincias con las fuerzas policiales.

“Argentina necesita con urgencia en estos momentos deponer actitudes que comprometen la seguridad y la paz social. Esto nos atañe a todos”, manifestó Arancedo.

Y, en un mensaje a los gobernadores de todo el país, agregó que “no hay que negar los problemas sino asumirlos y encaminarlos a través de un diálogo sincero y constructivo, que es expresión de pertenencia y amistad social”.

El arzobispo destacó además que “el largo conflicto policial ha creado situaciones de orfandad ciudadana que no se compadecen con el espíritu y profesionalismo tradicional de la fuerza de seguridad”.

Desborde. Y, tras destacar como “necesaria y valorable” la presencia de las fuerzas policiales en las calles, el arzobispo puntualizó: “No podemos dejar de lamentar que, ante esta situación, se han ocasionado hechos de desborde social, incluidos delitos contra la vida y los bienes de muchos ciudadanos”.

Además, el presidente de la Conferencia Episcopal indicó que la Iglesia Católica pide “al Señor, que en el marco de la República y de sus instituciones sepamos dar una respuesta que hoy la Patria espera de sus hijos”.

Daia. También las autoridades de la Daia, representación política de la comunidad judía argentina, expresaron su “profunda preocupación” por los graves hechos ocurridos en varias ciudades del país, “con el doloroso saldo de perdida de vidas humanas, ruptura de los imprescindibles lazos sociales y que han puesto en vilo a la ciudadanía”.

“La Daia formula una exhortación a los actores sociales, en particular a quienes tienen responsabilidades públicas, a extremar los esfuerzos tendientes al diálogo, a la resolución pacífica de los conflictos, para restablecer un clima de paz, respeto a la ley y a las normas convivencia”, apuntó un comunicado que llevó la firma del presidente de la entidad, Julio Schlosser, y su secretario general, Jorge Knoblovits.