Eso lo lleva a que, apenas tres días después de que una comisión del ministerio de Agricultura descubriera petróleo en Comodoro Rivadavia, dictara un decreto para crear una reserva destinada a uso exclusivo del Estado federal, vía la aplicación de la ley de tierras, en un país donde regía el código de minería sancionado por Roca y Avellaneda.
“Allí empieza esta historia y se define que el petróleo y el gas son una cuestión de Estado, lo que continuó vigente hasta Alfonsín”, sintetizó el especialista.
Con la presidencia de Hipólito Yrigoyen, se blanquean situaciones problemáticas de recorte de la soberanía estatal: por un lado, se encuentra con un país parado que al finalizar la primera guerra mundial está vacío de bienes industriales en una “crisis del modelo de la dependencia competitiva con Inglaterra”.
Pero también con un severo problema de ocupación del territorio, porque según relató Calleja “la Forestal hacía lo que quería en Santa Fe, y los estancieros ingleses hacían lo que querían en el Sur”.
No había combustible para la industria e Yrigoyen sabía del petróleo, pero precisaba conquistar el territorio. Como el Senado rechazaba de forma sistemática la nacionalización, decide hacerlo por decreto y nombra a un capitán de la Marina llamado Frías como primer presidente de YPF para hacer una empresa cívico-militar.
Ya bajo la gestión de Marcelo de Alvear, aparece un hombre que sería clave para el desarrollo del petróleo argentino: Enrique Mosconi, quien durante su gestión “cambió el país” partiendo de una pobre base ya que el Estado tenía sólo 14 provincias y el resto era territorio nacional.
Mosconi le pide a Alvear que anule 73 mil concesiones petroleras porque el país estaba copado por los representantes de la Esso, la Shell, Texaco y la Anglo Persian: “en un año los echó a todos, pensar que los kirchneristas anularon 20 y se armó un escándalo, y Alvear anulo 73 mil concesiones”, subrayó. Tras las anulaciones, Mosconi le pidió al Ejecuto la construcción de una refinería, que tras el rechazo del Congreso —dominado por los conservadores— fue financiada a través de un empréstito.
En un año y medio la construyeron en La Plata, donde se inauguró en el año 1925: “Era la más grande de América, y cuando los de la Anglo Persian se quejaron los echaron en un día, y les avisaron a los ingleses que si la Shell molestaba, los iban a echar a todos”.
GOLPES. A partir de allí YPF profundiza su desarrollo y empieza a trabajar de cerca con la industria nacional, que de la mano de algunos referentes como Torcuato Di Tella empieza a fabricar cosas para la petrolera como surtidores.
En 1930 Yrigoyen decidió tomar el control del mercado de los combustibles líquidos después de un discurso muy virulento de Mosconi, que dice que la producción deberá quedar dentro del país.
Allí fermenta, según Calleja, la idea del golpe militar: “Uriburu tenía ocho ministros que eran a su vez directores de multinacionales del petróleo”, graficó. A partir de ese momento se suceden los directores, y si bien YPF es mantenida como empresa estatal las multinacionales logran acomodarse mejor y ya no reciben interferencias desde el gobierno.
Con la llegada de Agustín Justo a la presidencia en 1932 se crea un impuesto sobre las naftas que serviría para financiar a la naciente Dirección Nacional de Vialidad, que arma el esqueleto de lo que hoy es el sistema vial del país. Impuestos que, explicó, fueron anulados por Carlos Menem.
Tras la revolución de 1943, y con Domingo Perón como candidato presidencial, empieza a germinar la idea de crear una empresa de gas estatal, un insumo que estaba controlado por capitales ingleses y del cual sólo hacían uso el 6% de los habitantes de la nación.
Después de la victoria de Perón, y a instancias de Julio Canessa (“mosconiano e ypefeniano”), se crea Gas del Estado y se decide la construcción de un gasoducto para llevar gas natural desde la Patagonia hasta Buenos Aires.
“Perón le pidió a Canessa que lo empezara a construir desde el Sur para que no se viera, porque sino se lo iban a parar ya que les rompía los negocios a los ingleses y a los franceses”.
Tras la creación de la firma estatal el gobierno confisca la primitiva de gas y una firma francesa, y en un año hacen el gasoducto que fue inaugurado por Perón y Evita: “En dos años se vuelve una de las empresas de gas más grandes del mundo, hasta que Menem la destrozó”.
Para financiarla se pusieron en marcha los fondos energéticos, unos impuestos especiales sobre las naftas que fueron a parar a obras civiles e hidráulicas para generación de electricidad, otro tributo posteriormente derogado por Menem.
La llegada al poder de Arturo Frondizi se tradujo en el mantenimiento del esquema político para YPF, pero acompañado de contratos “muy malos, incluso corruptos”, lo que no permitió llegar al autoabastecimiento.
Arturo Illia anula esos contratos y crea otro impuesto más, el de los crudos procesados. “Ya teníamos los fondos viales, los energéticos, las transferencias de los combustibles y este, y todo eso permitía hacer obras, caminos, exploraciones y desarrollos atómicos: eso era la renta petrolera”. Toda esa política siguió en pie hasta Alfonsín, bajo cuya gestión —consignó— se logró el autoabastecimiento petrolero.
LA PRIVATIZACIoN. La victoria del peronista Carlos Menem en las elecciones de 1989 marcó un quiebre irreversible en la historia de YPF. “De una cuestión de Estado, la política petrolera pasó a ser una cuestión de mercados”, ilustró Calleja, quien afirmó que esa gestión “regaló los activos y les pasó a las petroleras los impuestos”.
Bajo la batuta de Estenssoro, comenzó una sangría de empleados y desmantelamiento de estaciones de servicios que terminó con el despido de alrededor de 50 mil trabajadores. “Estenssoro presentó un plan llamado Tupac Amaru que destrozó YPF y les regaló áreas a las petroleras, la privatizó con una ley que informó Parrilli y que se votó sin quórum, así la vendieron, cantando la marcha peronista igual que ahora”. YPF fue vendida a 19 dólares la acción, en su mayoría a fondos de pensión de Estados Unidos sin tasación oficial previa: “según dijo Menem, el precio lo puso él”. En realidad —explicó— fue tasada por David Mulford (ex subsecretario del Tesoro estadounidense), quien luego fue condecorado por Estensoro y Cavallo en la Casa de gobierno con la orden del libertador San Martín.
A partir de allí la petrolera empezó a dar ganancias por el sólo hecho de empezar a cobrar los impuestos que antes iban al Estado.
Pero además, el vaciamiento humano fue enorme: “tras echar a 50 mil técnicos de primer nivel a la calle, cerraron el laboratorio de Florencio Varela, uno de los más importantes de América, donde trabajan otros 1500 técnicos”. Allí arrancó la contratación de asesores, cuyo costo resultó mayor a la masa salarial de los 50 mil despedidos: “esa fue una primera etapa con el Estado todavía controlando el 20% y la acción de oro”.
Eso duró hasta que la Convertibilidad empezó a hacer agua y Menem decidió poner a la venta ese 20%, tras lo cual el Estado se quedó con 1000 acciones.
Fue el momento de la entrada de Repsol, quien ganó la pulseada “con el apoyo del rey de España, de Felipe González y de José María Aznar”, así como con “el apoyo irrestricto de Néstor Kirchner”.
Tras pagar 13.500 millones de dólares, Repsol se quedó con el 99,9% de las acciones, y el Estado con 1000. “En seis años recuperaron la inversión pero dejaron de invertir, Estenssoro comenzó a exportar pero invertía y hacía pozos, pero con los españoles se acabó la inversión de todo tipo, era llevarse la plata y nada más, nadie puso un peso”.
Luego llegó la llamada “argentinización” con la entrada del grupo Eskenazi: “compraron el 25% sin poner un dolar, con un crédito que le consiguió Repsol, que comenzó a aumentar los precios y así sus utilidades, por eso Eskenazi cobraba utilidades en la ventanilla A, y pagaba la cuota en la ventanilla B”.
El tema de las exportaciones también explica el agujero energético actual. Según Calleja, las ventas externas de gas y petróleo empezaron con Dromi y fueron autorizadas por los secretarios de Energía posteriores.
Otra cosa grave fueron las prórrogas, donde el caso más evidente fue el de Loma La Lata, cuyo contrato fue prorrogado 20 años antes de su finalización.
“Entre el vaciamiento financiero que hace Repsol y las exportaciones se llega a una crisis brutal que hoy significa declinación en la producción de gas y petróleo; reservas en límites miserables, ninguna represa significativa en construcción, y ausencia de planes exploratorios”, subrayó.
Ante este panorama de crisis “algo había que hacer”, y lo que empezó como una quita progresiva de áreas de control terminó en la expropiación. Una decisión que, según el ex secretario de Energía, tendría que haber ido por el 100% del control accionario.
“Hoy tenemos una empresa que maneja el 30% de la producción de hidrocarburos gestionada por el Estado, pero quedó afuera el 70% que está con contratos en manos de Chevron, Panamerican Energy, Total y Petrobras, que tienen las mismas falencias de no-inversión y de prórrogas ilegítimas que Repsol”, apuntó.