Michelle Bachelet volvió a La Moneda. Dos causas explican este retorno. Cuando hace cuatro años le entregó el poder a Sebastián Piñera, ya se descontaba que el suyo no era un retiro jubilatorio: la imagen positiva entre los votantes chilenos era superior al 80 por ciento, en buena parte gracias al sistema de seguridad social que había construido entre 2008 y 2010. La segunda de las razones tiene que ver con la decepción que generó el gobierno de Piñera, cuyo mayor logro haya sido, tal vez, su mera existencia: el fantasma de la dictadura jugaba como una pesada herencia sobre las fuerzas conservadoras que no ganaban una elección popular desde la década del 60.
En las elecciones generales de noviembre pasado, las fuerzas derechistas apenas retuvieron el 25 por ciento de los votos. El imaginario chileno, donde progresistas y conservadores parten en mitades iguales a la sociedad, ya es historia. Al 46 por ciento que juntó Bachelet en la primera vuelta (en la segunda arrasó con el 62 por ciento), hay que sumar los votos de Marco Enríquez Ominami y Franco Parisi, tercero y cuarto, cada uno con algo más de 10 por ciento de los votos. Sumadas, todas las candidaturas progresistas alcanzan casi el 70 por ciento del electorado. Con esta nueva configuración política, que deberá verse si se vuelve estructural, la derecha tendrá muy difícil el regreso a La Moneda de aquí en más.
Pero el retorno de Bachelet tampoco es igual al de los anteriores gobiernos de la vieja Concertación. La alianza política que gobernó a Chile desde la recuperación democrática hasta el triunfo de Piñera en el 2010 se ensanchó hacia la izquierda. Para las últimas elecciones, la Concertación fue reemplazada por otro instrumento político-electoral, la Nueva Mayoría. La diferencia más notable es la incorporación del Partido Comunista de Chile, que desde los tiempos de Allende no había vuelto a ser parte de una alianza gubernamental y que controlará, además, el Ministerio de Servicio Nacional de la Mujer y que duplicó su bancada en el Congreso, que ahora tendrá seis diputados.
Este cambio en la "superestructura" política responde a cambios sociales más profundos. El corrimiento a la izquierda de las fuerzas progresistas comenzó durante el propio gobierno de Bachelet, cuando los cuestionamientos al sistema educativo empezaron a cobrar fuerza. En el 2011, el conflicto se agudizó, y los estudiantes universitarios pudieron terminar con uno de los vetos del pinochetismo: la ocupación del espacio público mediante la movilización social.
Hasta que cientos de miles de jóvenes se volcaron a las calles para pedir por una educación superior gratuita, las movilizaciones sólo ocurrían en las vísperas de los aniversarios del golpe de 1973, donde se volvía a representar una y otra vez la escena de "encapuchados violentos" reprimidos por carabineros, como si el tiempo estuviera detenido en las formas autoritarias heredadas de la dictadura. La irrupción masiva de los estudiantes en las calles, con un planteo concreto que convenció a la mayoría de la población, fue la manera que encontró Chile de hacer resurgir a la sociedad civil. Entonces sí se podía decir que empezaba a cerrarse la transición democrática.
El sistema político chileno, aún siendo discriminatorio para las fuerzas minoritarias, permitió que cuatro dirigentes estudiantiles lleguen al Congreso. Camila Vallejo, Karol Cariola, Giorgio Jackson y Gabriel Boric no son seudónimos artísticos de estrellas de Hollywood, sino los nombres de los máximos dirigentes de aquellas movilizaciones de 2011 y 2012 que ahora asumirán como diputados.
La injerencia que tendrán en el gobierno de Bachelet aún está por verse, pero ya tuvieron su peso. Claudia Peirano, vinculada a la Democracia Cristiana -el partido más centrista de Nueva Mayoría- era crítica de la gratuidad universitaria y había sido designada por Bachelet como segunda en el ministerio de Educación. "La trayectoria y opiniones públicas de Claudia Peirano parecen apuntar a una dirección distinta al mandato que el pueblo le dio al gobierno", salió a cruzar Camila Vallejo. Después de idas y venidas, finalmente Bachelet la reemplazó por Valentina Quiroga, una técnica vinculada al movimiento estudiantil.
Algo parecido pasó con relación a los derechos humanos. La semana pasada Carolina Echeverría estaba lista para asumir como viceministra de Defensa. Pero trascendió que su padre, el coronel retirado Víctor Echeverría, había estado a cargo del Regimiento de Infantería Nº1 en Santiago de Chile en 1973. Distintas víctimas lo denunciaron por torturas y vejaciones. Si bien Bachelet salió a defender a la funcionaria designada sosteniendo que "los hijos no debían pagar por los delitos de los padres", la presión de los organismos de derechos humanos terminó por imponerse. Después de años de impunidad, antes que una supuesta transmisión generacional de delitos, lo que no parece admisible es que un gobierno de centroizquierda tenga entre sus funcionarios a personas con posiciones ambiguas respecto a la era pinochetista.
Estas dos muestras de presión social frente a designaciones que no le hacían justicia a un gobierno que promete no ser un nuevo maquillaje progresista, dejan entrever lo que tal vez sea una dinámica nueva para Chile: por primera vez desde el gobierno de Allende, el poder de veto no está exclusivamente en los factores de poder empresarial o militar, sino en las organizaciones sociales. Esta diferencia puede ser fundamental si Bachelet asume el desafío de que, esta vez, el cambio vaya en serio.
