En Argentina, como en la mayoría de los países salvo los pocos que son ricos, los déficit externos obedecen al rezago tecnológico que las potencias avanzadas y las elites locales promueven con ahínco; a las consiguientes limitaciones de la estructura productiva y del comercio exterior, y a las malas políticas que animan ráfagas de capital especulativo y deuda externa. Pero las crisis periódicas originadas en las cuentas externas son disfrazadas aquí y en otros países, para disimular su naturaleza y justificar medidas que continúen la acumulación desigual. La crueldad de las sanciones a quienes pretenden otros caminos señala que este orden es intencional y no el único posible.
El atraso tecnológico deriva de la eterna escasez del presupuesto público para estos fines, donde el Estado es un actor central, y también de la presión de las potencias para impedir los avances en sectores que consideran estratégicos, o podrían limitar sus mercados o entrañar una peligrosa autonomía. Los embates de EEUU contra el desarrollo tecnológico chino exhiben esta fuerza de bloqueo. En Argentina, los frenos de la administración Cambiemos al desarrollo nucleoeléctrico y satelital para congraciarse con la potencia del Norte, así como el escarnio y el desfinanciamiento de la ciencia y la educación públicas, fueron consistentes con los de otros gobiernos neoliberales igualmente alineados, como el desmantelamiento de la CNEA en los años 90. También las presiones directas de “la Embajada” para frenar los avances en informática y biotecnología, a que se refería el legendario Manuel Sadovsky, secretario de Ciencia y Técnica en el gobierno de Raúl Alfonsín, señalan que el subdesarrollo es un estado provocado. Y las recurrentes crisis del sector externo son una manifestación de ese subdesarrollo.
Puerta giratoria
Suprimir las políticas prudenciales del sector externo agrava su inestabilidad. Así ocurrió cuando Macri desreguló los movimientos de capitales especulativos, eliminó la obligación de ingresar las divisas de exportación, impulsó importaciones aunque el dólar barato dañaba a la industria nacional y duplicó la deuda externa pública y su carga de intereses en moneda extranjera. Todo esto provocó un gran déficit externo, que los mercados saturados de las colocaciones récord de Argentina se negaron a financiar en marzo de 2018. En esta situación Macri recurrió al FMI. Mala praxis o malicia estratégica, imposible saberlo por ahora.
Sin embargo, la carta de intención del gobierno, acordada con el FMI, no mencionaba el problema del déficit externo sino la cuestión fiscal y la solicitud del stand by giraba en torno a ella. Incluso estipulaba que la mitad del primer desembolso de 15.000 millones de dólares sería para uso presupuestario. Pero el FMI solo puede proveer financiamiento cuando existe una necesidad del sector externo. Aunque el uso presupuestario de los recursos del FMI era excepcional, a partir de la crisis de 2009 su aplicación se relajó, pero continuó sujeto al requisito de la existencia de una necesidad de balance de pagos. Y si bien este era el problema principal de Argentina el pedido del stand by de 2018 apenas lo mencionaba a pesar del enorme déficit en cuenta corriente de 31.000 millones de dólares y los fuertes vencimientos de deuda en el corto plazo. Según el gobierno, el déficit de cuenta corriente bajaría al 3,6%, sin explicar cómo lo lograría, y a pesar de su criticidad esta variable no involucró ningún compromiso en el stand by. En un optimismo infundado, el presidente del BCRA y el ministro de Hacienda afirmaban que ese déficit “debería financiarse cómodamente con los flujos de inversión extranjera”, pero esta a duras penas alcanzó en 2018 al 1,9% del PIB, muy lejos del dibujo oficial.
Ese primer desembolso del FMI de 15.000 millones de dólares aumentó las reservas del BCRA de 48.000 millones de dólares a 63.000 el 22 de junio de 2018 y repuso lo perdido por la continua salida de capitales, que había minado las reservas de 62.000 millones de dólares en abril a 48.000 en junio; esta caída vociferaba el problema del balance de pagos. Pero los dólares del FMI se esfumaron en un trimestre, porque el BCRA continuó vendiendo reservas, que en septiembre de 2018 habían vuelto a 48.000 millones. El FMI desembolsó 30.000 millones de dólares más, que también salieron del sistema, de modo que al concluir el período de Macri el 10 de diciembre de 2019, solo quedaban 43.700 millones de dólares de reservas y 45.000 millones de dólares de deuda con el organismo.
¿Por qué tanta plata?
El stand by acordado a Argentina en junio de 2018 por 35.376 millones de degs (unidad de cuenta del FMI), equivalentes a 50.000 millones de dólares y luego ampliado a 56.300, fue el mayor en la historia del organismo. Hubo otros arreglos aun mayores, pero eran solo precautorios y no implicaban desembolso de fondos sino puesta a disposición.
El monto acordado superó largamente los límites asequibles al país: 1.277% de la cuota, frente al máximo previsto de 435%. Con un poco de esfuerzo, los funcionarios del FMI consideraron que Argentina cumplía los cuatro criterios requeridos para acordarle el acceso excepcional a los recursos del organismo. En primer lugar, las necesidades de balance de pagos (dólares) de Argentina excedían los límites normales de acceso a los recursos del FMI; además –dijeron–, aunque su deuda era dudosa, tenía fuentes de financiamiento adicionales, como el swap con China y un acceso limitado a los mercados. El tercer criterio establecía que el país tendría suficiente acceso a los mercados de capital privados en una escala tal que le permitiría cumplir sus deudas; arriesgada proyección a futuro. Por último, se estimaba que el programa económico era viable y que el ajuste podía implementarse y gestionarse. De estos cuatro criterios, solo el primero era contundente. El segundo suponía que la deuda a permanecería bajo el umbral del 70% del PIB, pero a pocos días de la aprobación del stand by basado en este supuesto, entre otros, las cifras oficiales lo desmintieron: la deuda de la administración central ya alcanzaba al 77,4% del PIB a fin de junio de 2018, el FMI no podía ignorarlo. La deuda subió al 95,4% en septiembre y 86,2% en diciembre. Aun así, justificaron el acceso bajo este criterio porque el país aún podía tomar deuda en los mercados y, a su juicio, eso le facilitaría suavizar el ajuste, crecer y lograr consenso para sostener el programa comprometido. En esto tampoco acertaron: el ajuste contrajo la producción y aumentó el desempleo, la pobreza, el riesgo país y el descrédito gubernamental. Las consideraciones para aprobar los criterios tercero y cuarto eran ideológicas e ilusorias, suponían que profundizar las políticas ortodoxas que llevaron a la crisis en Argentina y otros países esta vez podría ser diferente y apoyaban con nombre y apellido a Macri.
Previo a solicitar el stand by, el gobierno acordó monto y condiciones con el FMI, la aprobación de la directora gerente y la bendición de EEUU. La intervención de Donald Trump fue crucial. Si bien ya Macri había agradecido el apoyo estadounidense en las negociaciones con el FMI fue Mauricio Claver Carone –nuevo presidente del BID– quien relató cuánto peleó en su carácter de representante de EEUU en el FMI para que el stand by se aprobara, a fin de ayudar a Macri a ganar las elecciones, que más tarde perdería.
También hay que advertir que más allá de la presión política, el FMI podía tener un interés especial en acordar este gran stand by. Los intereses y cargos cobrados a los países por usar los fondos del FMI son los principales ingresos del organismo. En 2018 esos montos habían bajado un 20% respecto del año anterior a pesar del aumento de las tasas; la deuda de los miembros con el FMI, la base para cobrar intereses y cargos, también caía. Varios de los programas más grandes se acercaban a su fin. El stand by de Argentina incrementó la cartera del FMI: al cierre de 2019 el crédito desembolsado era 68% mayor que el año anterior, había pasado de 56.000 millones de dólares a 94.000 millones, todo ese aumento obedecía a la deuda de Argentina, que ya sumaba 38.900 millones de dólares. Los ingresos por intereses y cargos también aumentaron, de los 2.152 millones de dólares ingresados en abril de 2019, Argentina pagó 764 millones, más de un tercio del total. Y en el ejercicio siguiente, los pagos argentinos por intereses y cargos representaron el 42% de los ingresos del FMI por ese concepto. Este es el rubro más importante de los ingresos del FMI, que contribuye a solventar los gastos en personal, honorarios de expertos contratados, jubilaciones, viajes y los intereses que el FMI remunera a los miembros que “prestan” a otros miembros. Estos pagos de intereses y cargos nunca se interrumpieron y representan algo más de 1.000 millones de dólares anuales. Esto significa que hoy Argentina es el principal deudor del organismo y el principal aportante de ingresos operativos del FMI.
¿Cómo estamos ahora?
La deuda de Argentina con el FMI es impagable en los plazos y condiciones estipulados originariamente. Como el organismo desembolsó casi 45.000 millones de dólares en solo trece meses, los vencimientos para el repago están muy concentrados. Cada desembolso del FMI comenzaría a pagarse a los tres años, en ocho cuotas iguales. Por ejemplo, los 10.613 millones de degs (15.000 millones de dólares) recibidos el 22 de junio de 2018 comenzarían a pagarse en septiembre de 2021, en ocho cuotas de 1.326 millones de degs (1.875 millones de dólares), la última caería en junio de 2023, a cinco años del desembolso, que es el plazo máximo en condiciones normales. Lo mismo ocurre con los 30.000 millones de dólares restantes, recibidos en cuatro desembolsos en octubre y diciembre de 2018, y abril y julio de 2019. Su repago se superpone, se acumula en 2022 y 2023, y quedaría un resto para 2024. También hay que seguir pagando los intereses y cargos. Y la deuda no es mayor porque después de las elecciones Paso de agosto de 2019, que Macri perdió de forma contundente, no hubo más desembolsos del FMI.
Tras esa derrota el FMI mandó una misión técnica que tomó contacto con el entonces candidato a presidente por el Frente de Todos (FdT), Alberto Fernández y miembros de su equipo económico. Tras la reunión, el FdT publicó una declaración señalando que más del 80% de los desembolsos recibidos se utilizaron para la fuga de capitales y la reversión de inversiones de capitales especulativos; sentaba su prioridad de recuperar la economía real, y concluía: “Quienes han generado esta crisis, el gobierno y el FMI, tienen la responsabilidad de poner fin y revertir la catástrofe social que hoy atraviesa a una porción cada vez mayor de la sociedad argentina. Para ello deberían arbitrar todos y cada uno de los medios y las políticas necesarias”.
Los siguientes contactos con el organismo, antes y después de la asunción presidencial, dejaron en claro que Argentina propondría un plan económico y un acuerdo de pago cumplible, pero sin más ajuste, y el gobierno de Fernández tampoco deseaba aumentar la deuda con el organismo ni continuar el stand by. Por su parte, el FMI cambió al jefe de misión para Argentina por el venezolano Luis Cubeddu, que ya había sido representante residente en Buenos Aires entre 2002 y 2004. La renegociación de la deuda en moneda extranjera con los acreedores privados pasó al primer plano en la relación entre Argentina y el FMI. La declaración de la insostenibilidad de la deuda argentina y la exhortación a los acreedores a realizar un esfuerzo importante, esto es a acercar sus posiciones a la oferta argentina, jugaron a favor de un cierre de las renegociaciones, que le dio aire al país para buscar la recuperación de la depresión económica, que viene desde 2018 y la pandemia agravó aun más.
La carta del 26 de agosto a la nueva directora general del FMI, Kristalina Georgieva, firmada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y Miguel Pesce, presidente del BCRA, anunció “la iniciación de las consultas para acordar un nuevo programa con el FMI que suceda al cancelado y descarrilado stand by de 2018”. El gobierno busca refinanciar la deuda para iniciar el repago en 2024, en mayor cantidad de cuotas.
El ministro Guzmán, neokeynesiano, fue ungido por el presidente como cabeza principal de estas negociaciones. Hasta ahora su propuesta consiste en reducir el déficit fiscal de a poco y poner el foco en reequilibrar al sector externo, con la ambición de corregir el problema estructural de Argentina de la escasez de divisas; aumentar las exportaciones con valor agregado y sustituir importaciones, aunque esta es una materia delicada que frunce el ceño de los organismos de Washington. Desdolarizar las transacciones es otra meta oficial, para fortalecer el mercado de capitales en pesos, con el desarrollo de instrumentos financieros en moneda doméstica y una progresiva pesificación de la deuda pública. También hay otros temas no vinculados con el ajuste, como la agenda verde contra el cambio climático y las cuestiones de género en las que el gobierno ha activado políticas y que hoy son importantes para el FMI. En cuanto a las políticas para “los más vulnerables”, como dice el FMI, sin dudas son prioridad para Fernández, pero a juzgar por la realidad de los programas implementados en otros países, como Ecuador, el FMI ayuda más a aumentar su número que a resolver su vulnerabilidad.
La misión del FMI volverá en noviembre, para avanzar en definir el nuevo programa. El anterior fracasó, reconoció Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental el 21 de octubre, al presentar un informe sobre la región. La cuestión ahora es que el precio de ese fracaso recaiga en sus responsables.
