El vicepresidente Amado Boudou fue citado a prestar declaración indagatoria en la causa que investiga el proceso de compra de la ex Ciccone Calcográfica, en el que se sospecha que tuvo participación. Boudou deberá presentarse el próximo 15 de julio ante el juez federal Ariel Lijo, quien consideró que hay pruebas para demostrar que el vicepresidente se interesó por el salvataje de la empresa Ciccone, que afrontaba un proceso de quiebra, y para conceder un plan de facilidades de pago, sobre el cual él fue parte mientras era ministro de Economía.
Se trata de la primera vez en la historia argentina en que un vicepresidente en citado a prestar declaración indagatoria ante la Justicia, con el agregado de que la fecha de su convocatoria coincide con el viaje de la presidenta Cristina Kirchner a la cumbre del bloque Brics en la ciudad brasileña de Fortaleza, por lo que Boudou concurriría a los Tribunales de Comodoro Py estando a cargo del Poder Ejecutivo nacional.
Tras conocer la noticia, Boudou anticipó que "de ninguna manera" presentará la renuncia al cargo ni se tomará licencia, tal como reclamaron los principales dirigentes de la oposición, y aseguró que es "inocente".
"Juro, sostengo y lo voy a demostrar: no cometí actos de corrupción. No tengo ninguna situación que se me pueda imputar en la cual yo haya actuado fuera del marco de la ley. A mí me da mucha tranquilidad poder demostrar mi inocencia", señaló el titular del Senado (ver aparte).
Junto a Boudou, investigado por el delito de "negociaciones incompatibles por la función pública", fueron citados a declarar —en días sucesivos— el empresario José María Núñez Carmona (16 de julio), el jefe de asesores de la Afip Rafael Resnick Brenner (de 17 de julio); el titular de The Old Fund, la firma que adquirió Ciccone, Alejandro Vandenbroele (17 de julio) y Nicolás Ciccone y Guillermo Reinwick (18 de julio).
La decisión de Lijo estaba diseñada desde hace semanas, según informaron fuentes judiciales, y la misma había sido pedida por el fiscal Jorge Di Lello en febrero de este año, oportunidad en la que el vicepresidente se presentó espontáneamente en Tribunales y se puso a "disposición" del juez, más allá de que vio frustrada su intención de hacer un descargo.
La citación dispuesta por el magistrado ocurrió mientras la Cámara Federal evaluaba la validez del testimonio del fundador de la gráfica, Nicolás Ciccone, y su yerno, Guillermo Reinwick, los cuales fueron cuestionados por la defensa (que consideraba que eran imputados y no testigos) y luego de que el mismo tribunal desestimara la posibilidad de apartar al juez federal Ariel Lijo en la causa.
Tanto Ciccone como Reinwick aseguraron que Boudou participó de dos reuniones en el proceso de salvataje de la empresa y fueron obligados a ceder las acciones de la gráfica, y que se había designado como hombre de confianza a Núñez Carmona y a Vandenbroele como la cara visible, más allá que en su defensa el vicepresidente siempre negó todo tipo de vínculo con este último.
Todas las indagatorias habían sido pedidas por el fiscal, aunque no fue citado el titular de la Afip, Ricardo Echegaray.
Lijo sostuvo en el fallo que Boudou adquirió la empresa quebrada y monopólica para favorecerse con contratos con el Estado en la impresión de billetes, y allí aparece la firma The Old Fund, de la mano de Vandenbroele.
"Boudou, aprovechando su condición de funcionario público, y Núñez Carmona, habrían acordado con Nicolás y Héctor Ciccone y Guillermo Reinwick la cesión del 70 por ciento de la empresa Ciccone Calcográfica a cambio de la realización de los actos necesarios para que la firma pudiera volver a operar y contratar con la administración pública", indicó la citación.
El 8 de noviembre de 2010 y ante un pedido de consulta de la Afip sobre un reclamo de una moratoria hecha por Ciccone (en ese momento en quiebra), Boudou contestó que el organismo de Echegaray debía actuar "de conformidad con las atribuciones que le son propias", pero pidió que tenga en cuenta "los lineamientos políticos generales de este gobierno, dadas las fuentes de trabajo generadas por la empresa y su importancia estratégica".
Finalmente, Ciccone fue adquirida por The Old Fund lo que, según Lijo, "permitía el anonimato de sus verdaderos dueños", esto es el vicepresidente, quien "habría aportado su condición de funcionario público, y Núñez Carmona habría realizado, como privado, aquello que Boudou no podía, justamente por su cargo. Una vez que se concretó la operación, se habría puesto en marcha el salvataje de la empresa para así lograr el objetivo final de contratar con el Estado nacional para la impresión de billetes".
Esta decisión judicial pega en el corazón del gobierno de Cristina Fernández, quien ahora deberá decidir cuál será el rol de su vice, al menos hasta que se vea cara a cara con el juez Lijo.
