El sector privado de la medicina reproductiva considera a la infertilidad como
una enfermedad y pide que todos tengan acceso a un tratamiento, por lo que apoya la iniciativa del
gobierno bonaerense en ese sentido, señaló ayer uno de sus principales referentes.
Santiago Brugo Olmedo, miembro de la Sociedad Argentina de Urología (SAU) y
partícipe de la primera fertilización in vitro en Argentina (en 1985), dijo que "la infertilidad
debe ser considerada una enfermedad y, como tal, es el Estado el que debe garantizar que todos los
ciudadanos tengan acceso a ser tratados".
"De acuerdo con ese principio básico, el sector privado apoya la iniciativa, al
tiempo que recuerda la necesidad de generar un espacio para analizar las condiciones en las que
esta medida debería ser implementada", añadió el autor de los primeros tratamientos Icsi (inyección
de esperma intracitoplasmática) del país.
Respecto del proyecto del gobierno bonaerense consideró que "resaltamos la
importancia de que todas las parejas con problemas para concebir tengan igualdad de oportunidades
al momento de recibir un tratamiento. Pero, insistimos en que para ello, el Estado debe garantizar
que las prepagas y las obras sociales cubran lo realmente necesario para garantizar el éxito de los
tratamientos"
El autor del libro "También es asunto de hombres" advirtió que algunos de los
interrogantes que inquietan a los especialistas en reproducción estan referidos a "qué tratamientos
serán tomados en cuenta, cuántos intentos, dentro de qué edades se ofrecerá la cobertura, qué
medicamentos formarán parte y cuáles quedarán afuera".
Al respecto, precisó que "el 15 por ciento de las parejas en edad reproductiva
tienen problemas para concebir, es decir, un gran número de personas, lo que significa un gasto muy
importante".
En Rosario. En Rosario se incrementaron en un 30 por ciento los amparos
judiciales para pedir a las obras sociales o empresas de medicina prepaga que les cubran los
tratamientos de fertilidad asistida.
En la Argentina la infertilidad aún no está considerada una enfermedad y por lo
tanto el Programa Médico Obligatorio (PMO) no la incluye.
En el fuero local la respuesta había sido, por años, esquiva para los
demandantes. Pero la semana pasada una pareja rosarina logró que en primera instancia la Justicia
fallara a favor de su pedido y obligara al Iapos, la obra social provincial, a cubrir los costos de
una fertilización in vitro.
Aunque la resolución no está firme (porque Iapos puede apelarla) este avance se
leyó como un poderoso antecedente.