Me gustaría hacer algunas reflexiones respecto a la carta de lectores de Marcelo Dotti del pasado domingo, en la cual cita a Adrián Rogers. Estamos de acuerdo que la generación de empleo es la clave para el paso a una Nación desarrollada. Habría que aclarar que la era actual, del conocimiento, de las innovaciones disruptivas, de grandes flujos de información, hacen que la empleabilidad no se asegure únicamente con educación (postulado con el cual nadie discrepa). El rol del Estado, como regulador, integrador, igualador de oportunidades y garante de derechos básicos, es indelegable. Ya en años anteriores el Estado se quiso desentender de ello con las consecuencias que hoy padecemos. La creencia del "efecto derrame" y la "mano invisible" de Adam Smith, que está en concordancia con lo de Rogers, se derrumban al compás de la crisis del sistema económico mundial. Acordamos en que la iniciativa privada, el capital, la inversión son la base de sustentabilidad a largo plazo de una economía pujante. Nadie está en desacuerdo en que la generación de riqueza se posibilita vía inversión privada. Pero a veces, el marco conceptual ahonda en cuestiones que la realidad y el sentido común refutan. ¿Cuál es la solución que puede brindar el Estado para los pobres de nuestro país, que son el 40 por ciento de la población? ¿Cuál es la propuesta para con ellos? ¿Puede una persona estudiar, alimentarse, recrear un núcleo familiar, trabajar, si no cuenta con las oportunidades que si tiene una persona de ingresos medios? ¿El mercado se va a encargar de ellos? Es un problema de raíz moral. La respuesta es que la acción estatal (y del resto de los actores de la sociedad) debe estar a la altura del problema. El ingreso universal, con un reparto no discrecional (propuesta que difiere mucho de la lanzada por el errático gobierno actual), es una respuesta concreta en esa dirección. Los países nórdicos logran el desarrollo económico porque no tienen los escandalosos niveles de desigualdad, comunes en Latinoamérica. Tienen altos ingresos, alta escolaridad, baja conflictividad social y esquemas impositivos progresivos, que apuntalan la acción pública. El sector público responde con servicios de excelencia. En un país donde el contrato social (relación estado-ciudadano) está roto, la mitad de la economía en negro, altos niveles de corrupción (gubernamental y social), gran individualismo, se hace difícil entender o importar lo que sí resulta en otros países. Tratar de recomponer esa relación quebrada integrando e incluyendo es una empresa loable que nos debemos dar todos los argentinos, los que están dentro del sistema y los que no tuvieron esa posibilidad.
