Debido a la pandemia se abrió una rica discusión en torno a la necesidad de cobrar impuestos a los ricos. En un contexto de extrema necesidad para los segmentos más necesitados, emergieron con fuerza diversos argumentos contrarios a tales gravámenes. Dichos argumentos podrían reducirse en dos: por un lado, los ricos afirman que la base de su fortuna posee un carácter "meritocrático", y por otro, esgrimen que su riqueza adquiere una importantísima "utilidad" para el funcionamiento de la rueda económica.
El primer argumento enunciado nos dice que la opulencia de los ricos se debe a su continuo esfuerzo producido a lo largo de muchos años, y como retribución a tal sacrificio, estos lograron amasar fortunas.
Bajo este enunciado, la oposición al impuesto a las fortunas viene a decirnos que los ricos son "merecedores" de tal riqueza, en tanto el Estado realizará políticas populistas para repartir dicha recaudación hacia aquellos que "no lo merecen".
Por otro lado, se argumenta que la riqueza posee una "utilidad" económica para la sociedad en su conjunto. En este sentido, la desigualdad forma parte de la base de sustentación de las decisiones de inversión productiva. Es decir, únicamente los ricos se arriesgan a invertir, y al hacerlo, generan "derrames" al resto de la población. Por ello, aseveran que el cobro de impuestos sacrificará la inversión privada, provocando consecuencias negativas en la generación de empleos, ingresos, impuestos futuros, etc.
En el presente artículo quisiéramos discutir estas argumentaciones a partir de la base de datos de la Afip. A los hechos prácticos definiremos como "rico" a todo aquel que detente activos por más de 1 millón de dólares. En Argentina el conjunto de estas personas declaró activos por 104 mil millones de dólares, equivalentes al 17 por ciento de lo producido en un año por la Argentina.
A partir de esta información podemos constatar que el 70 por ciento de los activos declarados por los ricos se encuentran fuera de la Argentina. En este sentido, podríamos decir que las personas ricas poseen una elevada propensión a la fuga de capitales. Al contrario de lo que se enunció anteriormente, el cobro de un impuesto a las fortunas disminuiría la fuga en vez de reducir las decisiones de inversión.
Cabe señalar que la fuga de capitales es nociva para la economía, se trata de bienes que no son reinvertidos para incrementar las fuerzas productivas, teniendo efectos inmediatos en el empleo, la evolución del salario y finalmente la tributación —es decir, menor infraestructura social—, etc. En segundo lugar, la fuga de capitales intensifica el faltante de divisas, acentúa la restricción externa, la cual posee como consecuencia el aumento del endeudamiento.
Vinculado con este punto, vemos que la mayor parte de la riqueza de los ricos se encuentra en activos líquidos, tales como títulos públicos en el exterior. Esto nos habla de una relación viciosa entre los ricos y el Estado nacional: al mismo tiempo que los ricos fugan capitales al exterior, provocan una mayor necesidad de divisas a la Argentina, la cual es cubierta por el Estado a través de la emisión de títulos públicos. Por último, los ricos adquieren dichos papeles del Estado desde el exterior.
El gráfico nos muestra que los ricos se hicieron ricos en base a la fuga de capitales y a su relación de acreedor con el Estado. Bajo este punto, al ver los distintos activos que poseen los ricos, podríamos decir que estos no encajan con el estereotipo de empresario sacrificado. Los activos por la posesión de patrimonios empresariales poseen una participación minoritaria. Nuestros ricos se asemejan más a la figura de un inversionista financiero que a la de un campeón empresario con raigambre industrial.
Desde ya, este fenómeno no debe considerárselo propio de la Argentina, sino que responde a los procesos de financiarización a nivel mundial que alteraron los roles y las decisiones de todos los actores económicos.
Bajo este punto debemos discutir la procedencia de la riqueza de nuestros ricos. En primer lugar, diversos estudios sobre el núcleo del poder económico en Argentina sugieren que la base de sustentación de la acumulación de tales fortunas no podría ser explicada por la creación de nuevas potencialidades productivas o al descubrimiento de novedosas fronteras tecnológicas, sino más bien, estas son fruto de profundos procesos de redistribución de la riqueza. Estamos hablando de fenómenos tales como la bicicleta financiera, la estatización de la deuda privada, la privatización de empresas públicas, los regímenes especiales y las quitas impositivas a las fortunas, etc.
En segundo lugar, si bien no contamos con datos fiscales, en otros países se encuentra en discusión la procedencia de la riqueza debido a que los activos heredados son cada vez más importantes para explicar a posición de los actuales ricos. En este caso, el esfuerzo y sacrificio fue realizado por generaciones anteriores. Lamentablemente, la Argentina no cuenta con un impuesto a la herencia dado que fue derogado por la última dictadura cívico-militar.
En tercer lugar, dicha procedencia debiera ser discutida en términos fiscales. El último blanqueo del año 2016 adicionó ingentes activos declarados en el exterior, desconociendo de esta manera el origen legal de estos fondos (es decir, se torna imposible dar con la trazabilidad de los mismos). Los ricos poseen mayores artilugios financieros para ocultar información al fisco, esto los lleva a cometer delitos económicos como los de evasión impositiva. En la misma línea, la Afip contabiliza activos en el exterior por u$s 72 mil millones,sin embargo, Indec calcula un stock de activos fugados por 266 mil millones (41 por ciento del PBI), mientras tanto el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (Cefid-Ar) eleva esta última cifra a 500 mil millones (casi un PBI, 80 por ciento). Las diferencias entre estos dos últimos montos y el stock de activos declarados de Afip forman parte del ocultamiento de la riqueza de los ricos.
(*) Dr. en Desarrollo Económico (UNQui), licenciado en Economía (UNR), becario Postdoctoral-Conicet, docente en Economía Política (Derecho-UNR), miembro de la Sociedad de Economía Crítica.
