Tras la devaluación, Milei apura la desregulación económica

El gobierno nacional quiere aprovechar el impulso electoral para acelerar su ajuste económico. Tras llevar a cabo la tercera devaluación diaria más alta de la historia, va por la eliminación de regulaciones sobre los alquileres y el comercio de bienes básicos. También apura la modificación del régimen jubilatorio, la suba de tarifas y la reversión de la baja del impuesto a las ganancias sobre el salario. Al agro ya le avisó que subirá las retenciones a la exportación.

Para llevar adelante su paquete de medidas, el presidente Javier Milei buscará que el Congreso le delegue facultades legislativas. El tema fue analizado durante la reunión de gabinete de la mañana, en la que también se discutieron los detalles de un decreto para avanzar con la desregulación económica en cuestiones que no requieren autorización parlamentaria.

El vocero presidencial Manuel Adorni dio pistas. Criticó la ley de movilidad jubilatoria, dijo que “habrá novedades” sobre la ley de alquileres que “destruyó el mercado inmobiliario” y cargó contra los subsidios al transporte. El secretario de Comercio, Pablo Lavigne, le prometió a la Unión Industrial Argentina (UIA), que derogará la ley de abastecimiento. Y su colega de Bioeconomía, Fernando Vilella, les adelantó a los dirigentes de la cadena cárnica la eliminación de los volúmenes de equilibrio para exportación y los acuerdos para abastecer al mercado interno con siete cortes populares.

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En el frente tarifario, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) convocó para el 8 de ese mes a una audiencia pública en la que se abordará la actualización de las tarifas de transporte y distribución, el traslado de subsidios al precio de gas, y el diseño de un nuevo sistema de actualización mensual.

Estas liberaciones suceden a la liberación original, que es la del tipo de cambio. El gobierno de Javier Milei anunció el martes la tercera suba diaria del dólar más grande de la historia Argentina (118%), al devaluar un 54% el peso frente a la divisa estadounidense. Los únicos saltos más altos fueron los del gobierno de Raúl Alfonsín en 1989 ambas, durante la hiperinflación, según el Celag.

Las consecuencias no tardaron en hacerse sentir en los precios. Al menos en los papeles, el gobierno tiene claro que esta brutal regresión distributiva es un desafío para la gobernabilidad. El tema fue tratado abiertamente en el seminario Propyme 2023, que organizó el Grupo Techint. Allí, el presidente de la multinacional, Paolo Rocca, conversó en público con el ministro del Interior, Guillermo Francos. Tras sobreactuar críticas al gobierno anterior y coincidencias con Javier Milei, el empresario más poderoso del país le encomendó al funcionario dos tareas urgentes: construir consenso político para sostener el “reseteo” de la economía argentina y “atender la contención social” que demandará sus consecuencias. A mediano plazo, le dio otra instrucción: impulsar una reforma laboral.

Francos prometió que la sostenibilidad estará garantizada por un nuevo “pacto social” basado en el cuidado de la rentabilidad empresaria. Por las dudas, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó el nuevo protocolo antipiquetes. Que no debutará, al parecer, con algún corte de ruta agropecuario. Es que los dirigentes de la mesa de enlace recibieron la confirmación de que aumentarán las retenciones a una gran cantidad de productos. Pero fueron conformados con la explicación de que ganarán mucho más con la devaluación. Por si hacía falta, esta vez descartaron rápidamente cualquier medida de protesta.

Los negocios en el mercado de granos volvieron a fluir luego del salto del tipo de cambio. El Banco Central compró otros u$s 236 millones en el mercado cambiario y acumuló un saldo favorable de u$s 520 millones en dos días. El dólar mayorista cerró a $ 800,5, y la brecha con los dólares bursátiles bajó al 26%. En el mercado accionario, el índice S&P Merval cayó 1,37%, pero los bonos subieron. El segmento CER terminó con alzas de hasta el 10%.

A través de voceros del Banco Central, el gobierno salió al cruce de las críticas sobre la falta de un plan económico. Explicaron que lo central es recomponer reservas, eliminar el déficit y liberar el tipo de cambio para “anclar expectativas”. También defendieron la estatización de la deuda de los importadores con sus proveedores externos. Es que la nueva administración culpa al gobierno anterior por aprobar en los últimos meses “muchas más compras de las que Argentina podía pagar”. Los nuevos le ofrecen a los importadores un bono que pueden comprar en pesos y cobrar en dólares más 5% de interés en 2027. Dicen que el BCRA es el que debe.