Golpe. La provincia fue una de las provincias más afectadas por la sequía en el país.
Los productores agropecuarios de la provincia manifestaron su “enorme preocupación” porque el gobierno santafesino tiene un “gran retraso” en la emisión de los certificados de emergencia y/o desastre agropecuario, que generará en lo inmediato la pérdida de los beneficios fiscales nacionales.
Aseguran que sobre los casi 20 mil productores que presentaron la solicitud, menos del 30 por ciento contarían con la certificación.
Según indicaron dirigentes agropecuarios y un conjunto de asesores contables de los productores santafesinos _que en general tienen a su cargo la elaboración de estos trámites_ hasta el momento “sólo una pequeña parte de los productores, que no supera el 30%”, recibió los certificados de emergencia, que cada provincia debe emitir para que luego la Nación haga efectivos los beneficios contemplados en la asistencia dispuesta este año para paliar la fuerte crisis generada por la sequía del ciclo anterior.
“Los productores agropecuarios en nuestra provincia han realizado masivamente y con antelación los trámites para obtener el certificado, que es condición necesaria e indispensable para que la Nación le otorgue los beneficios”, indicó Daniel Pavicich, asesor contable de más de un centenar de productores.
Pese a que la mayoría de los profesionales, e incluso los propios productores, comenzaron en marzo con las presentaciones para obtener los beneficios fiscales, en su mayoría éstos no fueron emitidos aún “y no por no estar en condiciones, sino por las demoras en el otorgamiento”, un trámite que debe realizar el Estado santafesino para atender a los casi 20 mil productores de la provincia que presentaron el pedido.
Así lo ratificó el titular de la nueva entidad, Bases Federadas y ex presidente de Federación Agraria, Omar Príncipe, quien detalló que estuvieron haciendo gestiones para que Santa Fe adopte la misma metodología que otras provincias afectadas como Buenos Aires y Córdoba, que emitieron certificados generales por emergencia y desastre para agilizar la operatoria sacando una resolución específica y luego se detienen a analizar los casos particulares, y en todo caso, mediante declaraciones juradas ajustar cualquier diferencia.
Entre los beneficios, quizás el más importante y generalizado es el diferimiento del pago de los saldos del impuesto a las ganancias del año 2022, pero también existen otros como el acceso a créditos a tasa subsidiada y prórroga de otros impuestos, todas herramientas que el gobierno nacional dispuso para atender la crisis generada por la sequía que provocó la pérdida de la mitad de la campaña fina 2022/23 y fuertes recortes de la gruesa.
La queja comenzó a acentuarse en las últimas horas porque el próximo 22 de junio comienzan a vencer las declaraciones juradas determinativas del saldo adeudado, una obligación fiscal que la Nación difirió para aquellos productores que tengan el certificado de emergencia hasta diciembre de 2024. Sin embargo, quienes no lo obtengan antes de esa fecha, deberán pagar el tributo en forma inmediata y de una sola vez.
“Sólo el accionar urgente de las autoridades provinciales puede impedir este desatino y enorme pérdida para los productores agropecuarios de Santa Fe”, indicó Pavicich.
Actualmente en la estructura administrativa provincial se procesan alrededor de 100 certificados diarios y debido al atraso es poco probable que se puedan llegar a emitir los que están demorados en poco menos de una semana, que es cuando comienzan a vencer los pagos de anticipos de Ganancias.
Si esto no ocurre, para dimensionarlo, un productor de 100 hectáreas debería desembolsar alrededor de 2 millones de pesos de una sola vez en el cortísimo plazo.
Por eso, los dirigentes del sector consideran que debido a la urgencia de los tiempos, la resolución del tema deberá ser encarada de forma inmediata por la provincia e incluso echando mano a otros mecanismos, tal como ocurrió en Córdoba o Buenos Aires. “La mayoría de los productores agropecuarios santafesinos vamos a quedar afuera de estos beneficios que se otorgan a nivel nacional y que vencen este fin de semana”, apuntó Príncipe quien detalló que la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) implementa de manera automática la prórroga hasta fines del año próximo una vez que está el certificado.
“Es urgente se tome una medida en la provincia, con alguna resolución que amplíe o incluya a todos los agricultores, teniendo en cuenta que Santa Fe es la provincia más afectada en Argentina por la sequía y la mayoría de los productores están en emergencia o desastre”, agregó el dirigente de Bases Federadas, la nueva entidad agropecuaria que surgió de una línea interna opositora a la actual conducción de FAA y que ya cuenta con personería jurídica.
Por otra parte, el tema generó preocupación entre los contadores que asesoran a productores agropecuarios y que realizaron las presentaciones de las declaraciones juradas en tiempo y forma pero obtuvieron diferentes resultados. “Esta es una situación muy difícil de comprender por los clientes”, señalaron.
La provincia de Santa Fe por decreto 2476/22 declaró la emergencia y/o desastre agropecuario en todo el ámbito provincial desde el 01 de julio de 2022 al 31 de mayo de 2023. Luego mediante el decreto 627/2023 la prorrogó hasta el 30 de septiembre de 2023.
Como lo prevé el Sistema Nacional para las Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios, los decretos provinciales fueron aprobados por la Nación, un trámite que permite gozar de los beneficios dispuestos por el Estado nacional, que están establecidos en el decreto 193/2023 y en la resolución general de Afip 5350. Entre ellos se destaca la automaticidad, siempre y cuando el productor responda a dos requisitos: 1) que la actividad principal ante la Afip sea la de la de productor agropecuario; 2) contar con el certificado provincial, en donde se lo declare como afectado por la emergencia y/o desastre agropecuario.
Los beneficios son varios, entre los los diferimientos de los vencimientos de las obligaciones impositivas de pago de declaraciones juradas alcanzadas por el período de emergencia y/o desastre agropecuario de Ganancias, del impuesto sobre los bienes personales y del Fondo para la Educación y Promoción Educativa. También se incluye dentro del beneficio las obligaciones mensuales-componente impositivo- de los monotributistas.
Además, contempla la suspensión del ingreso de anticipos de esos impuesto mencionados por el plazo del período de emergencia y/o desastre; la suspensión de la iniciación de juicios de ejecución fiscal y traba de medidas cautelares; la deducción en el impuesto a las ganancias por venta forzada de hacienda y el plan facilidades de pago, de hasta 48 meses.
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